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Lo que acaba de ocurrir en Colombia con la decisión de su banco central de elevar la tasa de interés del 10,25% al 11,25% se ha convertido en un caso emblemático de la disputa económica que atraviesa América Latina. En medio de una crisis global marcada por el predominio del rentismo financiero sobre los sectores productivos, la medida ha sido interpretada por voces críticas como un golpe directo a la economía real en favor del sistema financiero.
El incremento de tasas llega en un momento particularmente sensible, cuando el gobierno impulsa una estrategia orientada a reactivar la producción, fortalecer la industria nacional y reducir las brechas sociales. En ese contexto, el encarecimiento del crédito aparece como un freno que limita la inversión, desacelera el consumo y dificulta la consolidación de un modelo económico más inclusivo.
La decisión del Banco de la República no ocurre en el vacío. Refleja una visión económica que ha dominado durante décadas, basada en la idea de que la inflación es, ante todo, un fenómeno monetario que debe ser controlado mediante políticas restrictivas. Sin embargo, esta lectura es cada vez más cuestionada por sectores que advierten que el aumento de precios responde también a factores estructurales, como la limitada capacidad productiva y la alta concentración de los mercados.
Desde esta perspectiva, una economía con tasas de interés elevadas no solo enfría la actividad productiva, sino que termina reforzando las dinámicas que busca corregir. Al restringir la inversión, se limita la expansión de la oferta y se reduce la competencia, lo que puede derivar en mayores presiones inflacionarias en el mediano plazo. En contraste, una política de tasas más bajas permitiría inyectar oxígeno a la economía real, estimular la inversión y fortalecer la base industrial.
El contraste con otros países de la región refuerza este debate. En México, la reciente discusión sobre la reducción de tasas ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar el desarrollo productivo como herramienta para enfrentar la inflación. La apuesta es clara: priorizar el crecimiento económico y la generación de empleo por encima de la rentabilidad financiera de corto plazo.
En Colombia, esta tensión revela un choque de fondo entre dos visiones de país. Por un lado, una política monetaria que responde a parámetros tradicionales y que privilegia la estabilidad financiera. Por el otro, un proyecto de transformación que busca reconfigurar la economía desde la producción, la equidad y la soberanía económica.
El debate también pone en cuestión la vigencia de teorías económicas ancladas en el monetarismo clásico, que durante años han guiado las decisiones de los bancos centrales. Para sus críticos, insistir en estas fórmulas en un contexto global cambiante no solo resulta anacrónico, sino que puede profundizar los desequilibrios que afectan a las economías emergentes.
Más allá de la coyuntura, lo ocurrido en Colombia se perfila como un punto de inflexión. La discusión ya no se limita a una decisión técnica sobre tasas de interés, sino que abre un interrogante mayor sobre el rumbo económico del país y de la región. En juego está la posibilidad de transitar hacia un modelo que deje atrás la primacía del capital financiero y coloque en el centro a la economía real, el empleo y el desarrollo productivo.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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