Comisión por caso Cardama: la investigación avanza entre dudas sobre su propio alcance

La comisión parlamentaria que analiza el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas (OPV) y el vínculo con el astillero español Cardama atraviesa una etapa de definiciones clave. No solo por la información que busca recabar, sino por una discusión de fondo que emergió con fuerza en su última sesión del 26 de marzo: cuáles son los límites reales de su trabajo y bajo qué reglas debe investigar.

El intercambio, que por momentos derivó en cruces políticos y reproches personales, terminó dejando al descubierto una tensión central: la comisión tiene fines de investigación, pero no es formalmente una comisión investigadora. Y esa diferencia, lejos de ser técnica, condiciona todo el proceso. El debate se produjo tras la comparecencia del profesor Hernán Planchón, ex director de secretaría del Ministerio de Defensa y en la que el exministro de Transporte y Obras Públicas y senador, José Luis Falero, asumió la presidencia en sustitución del diputado Pablo Abdala.

Una comisión en zona gris

El punto de inflexión se dio al analizar un informe de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo, que buscó clarificar el marco normativo en el que se mueve el grupo de trabajo. De acuerdo a lo planteado en sala, la comisión “no tiene la naturaleza jurídica de comisión investigadora”, aunque sí cuenta con facultades para avanzar en la investigación del caso.  Esta definición, aparentemente conciliadora, abrió en realidad una serie de interrogantes. ¿Qué puede hacer efectivamente la comisión? ¿Qué reglas debe aplicar? ¿Qué garantías tienen quienes comparecen?

Para algunos legisladores, el informe despeja dudas y habilita a continuar. Para otros, en cambio, confirma limitaciones que podrían afectar el resultado final.

Uno de los planteos más críticos fue que, al no tratarse de una comisión investigadora formal, existe el riesgo de que el trabajo “no tenga ningún tipo de consecuencia”.

La preocupación no es menor: la capacidad de obligar comparecencias, exigir información o generar responsabilidades políticas depende, en gran medida, del estatus jurídico de la comisión.

Más allá de las diferencias políticas, el tramo final de la sesión derivó en un debate metodológico profundo. No se discutía solo qué investigar, sino cómo hacerlo. Entre los puntos planteados, surgieron varias cuestiones clave: Se cuestionó si la participación debe limitarse estrictamente a los miembros titulares o si pueden intervenir suplentes y otros legisladores; el rol de asesores y equipos técnicos, aunque en la práctica han participado, se planteó la necesidad de definir formalmente si su presencia está habilitada; la condición de los comparecientes
Uno de los aspectos más relevantes fue la discusión sobre el carácter de quienes son citados. Según se planteó, deberían comparecer como testigos y hacerlo de manera individual, sin acompañamiento institucional.

Este punto es central, porque define el tipo de información que se obtiene: testimonios personales, sujetos a contraste, en lugar de posiciones institucionales; incluso se planteó la posibilidad de volver a citar a los invitados en caso de plantearse alguna controversia sobre sus dichos; sobre el régimen de confidencialidad, se estableció que cualquier decisión de declarar información como reservada requerirá mayorías especiales, lo que introduce una garantía adicional, pero también una complejidad operativa.

Varios legisladores cuestionaron el tono de las discusiones y la tendencia a trasladar el conflicto al plano mediático o a las redes sociales. Se planteó incluso la necesidad de evitar “atribuir intenciones” o realizar interpretaciones públicas inmediatas sobre lo declarado por los invitados.

La preocupación es clara: un clima confrontativo puede afectar la disposición de testigos a comparecer y, en consecuencia, limitar el acceso a información relevante.

En ese sentido, se advirtió que cuestionar públicamente a quienes declaran —incluso minutos después de su comparecencia— puede generar un efecto contraproducente y desalentar futuras participaciones.

Al mismo tiempo, otros legisladores defendieron el derecho a comunicar y opinar sobre lo ocurrido en la comisión, en el marco de la libertad de expresión.

Este cruce refleja otra dimensión del problema: cómo equilibrar la transparencia con la responsabilidad política en un proceso que es, al mismo tiempo, técnico y profundamente político.

El problema de la información

Otro de los ejes que atravesó la sesión fue la dificultad para acceder a documentación clave. Se reiteraron reclamos por información solicitada que aún no ha sido remitida, así como por la falta de certezas sobre la comparecencia de algunos actores relevantes.

En ese contexto, algunos legisladores plantearon que la comisión trabaja con información incompleta, lo que limita su capacidad de análisis.

A esto se suma la discusión sobre el origen y la validez de documentos presentados por los propios integrantes, lo que llevó a plantear la necesidad de verificar su autenticidad y procedencia.

El problema no es menor: en una investigación parlamentaria, la calidad y confiabilidad de la información son determinantes para cualquier conclusión.

Mientras se desarrolla este debate metodológico, el tema de fondo sigue siendo el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas y el rol del astillero Cardama.

En la sesión se volvieron a presentar documentos que indicarían que la empresa ya estaba en el radar de la Armada antes de 2020, contradiciendo afirmaciones previas de jerarcas militares.

Según se expuso, existen registros de visitas, informes técnicos y solicitudes de modificaciones a embarcaciones vinculadas al astillero desde al menos 2016 y 2017.

Este punto es clave porque impacta directamente en el relato sobre cómo se desarrolló el proceso de selección y en qué momento determinadas empresas comenzaron a ser consideradas.

Lo ocurrido en la última sesión deja en evidencia que la comisión enfrenta un doble desafío. Por un lado, debe avanzar en la reconstrucción de un proceso complejo, con múltiples actores, decisiones y documentos. Por otro, necesita definir su propio marco de funcionamiento para garantizar que ese trabajo tenga legitimidad y resultados concretos.

La tensión entre ambos planos —el político y el metodológico— atraviesa toda la dinámica de la comisión. Algunos legisladores apuestan a concentrarse en la acumulación de información y dejar el debate político para el plenario. Otros entienden que la discusión política es inseparable del proceso investigativo.

Lo que viene

De cara a las próximas sesiones, la comisión deberá resolver varios de los aspectos que quedaron planteados. Entre ellos, la definición de reglas de funcionamiento más claras, la estrategia para obtener información pendiente y la gestión del vínculo con los actores convocados. También será clave cómo se procesan las diferencias internas, en un contexto donde el margen de acuerdo parece acotado. En definitiva, la investigación sobre el caso Cardama no solo pone bajo la lupa decisiones del pasado reciente. También expone, en tiempo real, las dificultades del sistema político para investigar con eficacia en escenarios de alta polarización.

El resultado final dependerá no solo de los datos que se logren reunir, sino de la capacidad de la comisión para resolver una pregunta previa y fundamental: cómo investigar cuando las reglas no están del todo claras.