Brasil sigue el rastro del oro ilegal en el Amazonas

Las autoridades brasileñas afirman que las redes criminales involucradas en la minería ilegal están adaptando su logística para transportar el oro extraído en el Amazonas a través de las fronteras internacionales, utilizando cada vez más el estado de Roraima, en el norte del país, como corredor hacia los países vecinos.

Durante años, uno de los frentes más visibles de la minería ilegal en Brasil ha sido el territorio indígena yanomami, que abarca parte de los estados de Roraima y Amazonas. Allí los mineros ilegales extraían oro y lo transportaban a otros estados brasileños, donde podía entrar en el mercado formal o exportarse utilizando documentación fraudulenta.

“Hemos identificado un cambio en la ruta del mineral. Ahora, el oro extraído en otras zonas del país se envía a Roraima, y el estado está funcionando como punto de paso hacia otros países”, declaró el delegado de la PF, Caio Luchini, a BBC News Brasil.

Según las autoridades, los grupos criminales intentan cada vez más transportar el metal a través de las fronteras del norte de Brasil hacia países vecinos como Venezuela y Guyana, donde puede integrarse en los mercados internacionales.

Además, creen que el refuerzo de la fiscalización contra la minería ilegal y la supervisión más rigurosa del comercio de oro han obligado a los grupos criminales a modificar sus operaciones. En los últimos años, Brasil ha intensificado las investigaciones, las redadas en los campamentos mineros y los controles financieros destinados a impedir que el oro extraído ilegalmente penetre las cadenas de suministro legales. Como resultado, los investigadores afirman que estas presiones llevan a los traficantes a transportar el metal al extranjero, antes de que pueda ser detectado.

Los datos de la Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil sugieren un flujo creciente de oro ilícito por el estado. Entre 2024 y 2025, el volumen de oro incautado en las carreteras de Roraima aumentó un 368 por ciento, informan los medios de comunicación brasileños que citan cifras de la PRF.

“Hemos realizado varias incautaciones de oro procedente de Amazonas y Rondônia, estados donde existe una fuerte presencia de minas ilegales, además de Pará”, declaró el director nacional de operaciones de la PRF, Marcus Vinícius de Almeida, a BBC News Brasil.

Los investigadores afirman que la geografía del estado es atractiva para los traficantes. Roraima limita con Venezuela y Guyana y desde hace mucho tiempo funciona como centro logístico para las actividades mineras de la región, incluso durante los períodos en que la minería ilegal se expandió con rapidez dentro del territorio yanomami.

El ‘ADN del oro’

Las autoridades brasileñas también están implementando nuevas herramientas forenses para rastrear el origen del oro extraído ilegalmente. La iniciativa “Ouro Alvo” (Oro meta) de la Policía Federal, utiliza análisis para identificar las firmas metalúrgicas y químicas únicas de las muestras de oro.

El programa analiza factores como la mineralogía, la morfología y la composición isotópica, lo que permite a los investigadores relacionar el oro incautado con regiones mineras específicas y daños ambientales en la Amazonía.

Esta tecnología ya se ha utilizado en casos penales y ahora se está ampliando mediante la cooperación internacional con otros países de la cuenca amazónica. Los investigadores pretenden crear una base regional de datos que ayude a las autoridades a determinar el origen del oro incautado más allá de las fronteras.

Lucrando con la minería ilegal

La expansión de las facciones criminales en la región se ha acelerado en los últimos años. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), la presencia de grupos criminales en la Amazonía creció 32 por ciento en un año. De los 772 municipios analizados a finales de 2025 las facciones criminales operaban en 344, en comparación con los 260 municipios de 2024. El FBSP estima que al menos 17 facciones criminales operan en la región amazónica.

Los analistas de seguridad afirman que las bandas se sienten atraídas debido a los altos precios mundiales del oro, la escasa trazabilidad del comercio de oro y la intrincada geografía de la región, que permite a las redes criminales operar lejos de los principales centros de aplicación de la ley.

Las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil, el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), han expandido su influencia a lugares de la Amazonía donde explotan la minería ilegal como fuente de ingresos y lavado de dinero.

Las investigaciones realizadas por las autoridades brasileñas y los expertos en seguridad indican que estos grupos rara vez controlan directamente las operaciones mineras ilegales. En cambio, tienden a dominar su logística.

En muchas zonas, las facciones cobran cuotas a los mineros para operar, controlan las rutas fluviales utilizadas para transportar combustible y equipos a los campamentos mineros y organizan el transporte del oro fuera de las zonas remotas. Los grupos criminales también proporcionan protección armada en los lugares de extracción y regulan el acceso a las pistas de aterrizaje y los corredores fluviales utilizados para el contrabando.

Para grupos como el PCC, la minería ilegal ofrece oportunidades financieras adicionales. Las autoridades afirman que las redes criminales pueden invertir en equipos de minería, operaciones de transporte e intermediarios del comercio de oro, lo que les permite integrar en los mercados legales el oro extraído ilegalmente y utilizarlo para blanquear las ganancias del tráfico de drogas.

Los vastos sistemas fluviales del Amazonas también hacen que la minería ilegal resulte atractiva para organizaciones como el CV, que históricamente controla los corredores de tráfico que conectan Brasil con Perú y Colombia. Los analistas de seguridad afirman que las mismas redes logísticas utilizadas para transportar cocaína son utilizadas cada vez más para transportar oro y suministros mineros.

Un informe de la Agência Brasil descubrió que el CV difundió un “boletín informativo” a través de grupos en WhatsApp, dirigido a personas involucradas en la minería ilegal en Alta Floresta, en la región amazónica de Mato Grosso. Desde octubre de 2025, según el informe, los mineros que operan balsas y grandes equipos de extracción están obligados a registrarse en la organización criminal y pagar cuotas mensuales.

Otras bandas también se han asociado a la minera ilegal. En el norte de Brasil, la Familia del Norte (FDN) mantiene desde hace mucho tiempo su influencia sobre las rutas de tráfico a lo largo del río Amazonas y las regiones fronterizas con Colombia, Perú y Venezuela. Aunque este clan se ha centrado históricamente en el tráfico de drogas, las autoridades afirman que sus redes también se cruzan con operaciones mineras y rutas de contrabando.

Además de estas grandes facciones, hay grupos criminales regionales que operan en toda la Amazonía, a menudo colaborando o compitiendo por el control de territorios mineros, rutas de transporte y pasos fronterizos. Las autoridades afirman que también se han detectado organizaciones criminales extranjeras en algunas partes de la región, entre ellas el Tren de Aragua, de Venezuela, y facciones disidentes de grupos guerrilleros de Colombia.

Los investigadores de seguridad describen cada vez más la convergencia de la minería ilegal y el tráfico de drogas, que llaman narcogarimpo, en la que las operaciones mineras son financiadas o protegidas por organizaciones de tráfico de drogas. Este modelo permite a los grupos criminales diversificar sus fuentes de ingresos al tiempo que para ocultar sus ganancias ilícitas utilizan el oro, una mercancía más fácil de transportar e integrar en los mercados legales.

Cooperación regional contra la minería ilegal

Los gobiernos del norte de Sudamérica también han aumentado la cooperación para hacer frente a las redes transnacionales que están detrás de la minería ilegal del oro.

En enero de 2026, las autoridades de Brasil, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, llevaron a cabo lo que Interpol describió como la primera operación transfronteriza coordinada contra la minería ilegal en la región amazónica. La iniciativa, conocida como Operación Escudo de Guyana, supuso más de 24 500 controles de vehículos y personas y dio lugar a 198 detenciones.

Durante la operación, la policía incautó oro en bruto, mercurio utilizado en los procesos mineros, armas de fuego, drogas y grandes cantidades de dinero. Los investigadores también descubrieron casos de presunto tráfico de personas y trabajo infantil relacionados con las operaciones mineras.

“El aumento de los precios internacionales del oro en los últimos años ha provocado el crecimiento de la minería ilegal, convirtiendo esta actividad en la fuente de ingresos de más rápido crecimiento para los grupos delictivos organizados, incluso en Latinoamérica”, afirmó en un comunicado el secretario general de Interpol, el brasileño Valdecy Urquiza.

Las autoridades afirman que estas operaciones ilustran el creciente reconocimiento de que la minería ilegal de oro se ha convertido en un desafío de seguridad transnacional que no puede ser abordado por un solo país actuando por su cuenta.

A medida que se intensifica la vigilancia, los investigadores esperan que los grupos delictivos sigan adaptando sus métodos, cambiando rutas, explotando fronteras remotas y buscando nuevas formas de integrar el oro extraído ilegalmente en los mercados mundiales.