Justicia manipulada: impunidad selectiva al servicio del poder

La administración de justicia en el Alto Paraná vuelve a quedar en el centro de la polémica, no por su eficiencia ni por su apego irrestricto a la ley, sino por la cada vez más evidente manipulación de sus engranajes al servicio de intereses políticos y redes de influencia. Los hechos recientes no hacen más que confirmar una sospecha instalada hace tiempo en la ciudadanía: la justicia no es igual para todos, y en muchos casos funciona como un instrumento de protección para los amigos del poder.

El escandaloso caso que involucra a la abogada Rossana Báez Mendoza es una muestra clara de este esquema perverso. Pese a las evidencias sobre una presunta suplantación de identidad en un proceso de naturalización, el Ministerio Público optó por mirar hacia otro lado, evidenciando una selectividad alarmante en la persecución penal. No se trata de un hecho menor ni de un error administrativo, sino de una conducta que, en cualquier otro contexto, habría derivado en una imputación inmediata.

Sin embargo, el vínculo familiar con el juez Juan Pereira y las conexiones políticas de su entorno parecen haber sido suficientes para garantizar un tratamiento privilegiado. La apertura de una “investigación preliminar” por parte de la Corte Suprema no es más que una maniobra dilatoria, una práctica conocida que suele terminar en el archivo silencioso de causas incómodas. La justicia, en estos casos, no investiga: administra tiempos hasta que el escándalo se enfríe.

La comparación con otros antecedentes deja al descubierto la doble vara con la que se mide a los justiciables. Casos idénticos han sido castigados con condenas efectivas de prisión, mientras que otros, con padrinazgos políticos, son minimizados o directamente ignorados. Esta distorsión no solo socava la credibilidad del sistema, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: el cumplimiento de la ley depende de a quién se conoce.

A este escenario se suma nuevamente el nombre de la jueza Cinthia Garcete, cuya actuación vuelve a ser objeto de investigación por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Aunque el hecho reviste gravedad —la concesión de arresto domiciliario a un presunto parricida que habría asesinado a su padre con extrema violencia—, la ciudadanía observa con escepticismo el proceso. No es la primera vez que Garcete enfrenta cuestionamientos, y tampoco sería la primera en salir airosa.

El historial de la magistrada en el JEM alimenta la percepción de impunidad. Las investigaciones preliminares se repiten, pero las sanciones nunca llegan. El mecanismo parece aceitado para simular control, pero evitar consecuencias reales. En este contexto, la figura del enjuiciamiento pierde fuerza y se convierte en una herramienta decorativa, incapaz de corregir conductas irregulares dentro del Poder Judicial.

Lo más preocupante es que estos casos no son aislados. Forman parte de un patrón que revela la existencia de un sistema judicial permeado por intereses externos, donde el tráfico de influencias y las conexiones políticas pesan más que las pruebas y los principios jurídicos. La independencia judicial, pilar fundamental del Estado de derecho, queda reducida a una declaración formal sin sustento en la práctica.

La ciudadanía de Alto Paraná, acostumbrada a convivir con estas distorsiones, ya no reacciona con sorpresa, sino con resignación. Y ese es quizás el mayor triunfo de la impunidad: naturalizar la injusticia. Cuando la gente pierde la confianza en sus instituciones, el daño trasciende lo jurídico y se instala en el tejido social, debilitando la convivencia democrática.

Es urgente que las autoridades asuman con seriedad la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema judicial. No bastan investigaciones preliminares ni discursos institucionales. Se requieren acciones concretas, sanciones ejemplares y, sobre todo, voluntad política para desmontar las estructuras de protección que garantizan la impunidad.