Colombia | Colombia blinda la reforma agraria con presupuesto 2027 y acelera la redistribución de más de 250.000 hectáreas

Imagen Minagricultura

Bogotá. En una decisión clave para el futuro del campo colombiano, el Gobierno aprobó el proyecto de presupuesto para 2027, asegurando la continuidad de la reforma agraria y consolidando una de las apuestas más ambiciosas de transformación rural en décadas.

La determinación se adoptó durante la sesión 128 del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, encabezada por el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga Pacheco, quien lideró una jornada centrada en avanzar en el acceso equitativo a la tierra y en la justicia territorial en el país.

El respaldo financiero no solo garantiza la sostenibilidad de la política agraria, sino que refuerza programas destinados a cerrar brechas históricas en las zonas rurales, donde la desigualdad en la tenencia de la tierra ha sido uno de los factores estructurales del conflicto y la pobreza.

En paralelo, el Gobierno reportó avances significativos en el reconocimiento de derechos territoriales. Entre ellos, la constitución del resguardo indígena San Juan de Minisiare, perteneciente al pueblo Piapoco, con más de 33.000 hectáreas en los departamentos de Guainía y Vichada. La medida fortalece la autonomía de las comunidades y protege territorios ancestrales en una de las regiones más sensibles del país.

A esto se suma la ampliación de los resguardos indígenas Awá y El Gran Sábalo, que en conjunto superan las 92.000 hectáreas en Guaviare y Nariño, consolidando derechos colectivos y preservando prácticas culturales y ambientales esenciales para estos pueblos.

Las autoridades subrayan que estas decisiones también tienen un impacto ambiental directo, al contribuir a la protección de ecosistemas estratégicos, especialmente en la Amazonía, frente a amenazas como la deforestación y la expansión de actividades ilegales.

En materia de acceso a la tierra, el Ejecutivo avanzó además en la formalización de más de 126.000 hectáreas, otorgando seguridad jurídica a miles de familias campesinas y reforzando la estabilidad en la propiedad rural.

En conjunto, las medidas elevan a más de 251.000 las hectáreas que han sido constituidas, ampliadas o formalizadas en distintos puntos del territorio nacional, en un esfuerzo por redefinir la relación entre el Estado, la tierra y quienes la habitan.

El Gobierno sostiene que estos avances marcan un punto de inflexión en la política rural colombiana, con el objetivo de construir un modelo más equitativo, incluyente y sostenible, capaz de saldar una deuda histórica con el campo y sus comunidades.