Colombia abre un debate histórico sobre el poder territorial con una reforma que redefine el Estado
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El Gobierno colombiano dio este miércoles el primer paso hacia una de las transformaciones más profundas de su modelo territorial en décadas al iniciar en el Congreso la socialización del proyecto de Ley Orgánica de Competencias ligado al Sistema General de Participaciones.
La iniciativa, presentada ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca reorganizar las reglas que definen cómo se distribuye el poder entre el nivel central y las entidades territoriales, en lo que analistas consideran el ajuste institucional más ambicioso desde la Constitución de 1991.
Lejos de centrarse únicamente en la asignación de recursos, el proyecto apunta a redefinir las responsabilidades del Estado en su conjunto. Durante la sesión, el viceministro General del Interior, Jaime Luis Berdugo Pérez, subrayó que la propuesta trasciende el debate fiscal y entra en el terreno de la arquitectura del poder público.
Según explicó, el objetivo es establecer con claridad qué funciones corresponden a cada nivel de gobierno, con qué recursos deben ejecutarse y bajo qué condiciones operan, en un intento por corregir las distorsiones acumuladas en el modelo actual.
El proyecto parte de un diagnóstico ampliamente compartido: durante años, las regiones han asumido responsabilidades sin contar con las capacidades institucionales ni las fuentes de financiación necesarias para cumplirlas, lo que ha profundizado las brechas territoriales.
Para enfrentar este desafío, la propuesta introduce una distribución más precisa de competencias en sectores estratégicos como salud, educación y agua potable, al tiempo que plantea nuevos mecanismos de coordinación entre la Nación y los territorios.
Uno de los ejes centrales es la adopción de un enfoque de descentralización diferenciada, que reconoce que no todos los territorios cuentan con las mismas condiciones para asumir funciones. Bajo este modelo, las responsabilidades se asignarían de forma gradual y acorde con las capacidades reales de cada región.
Además, el proyecto promueve esquemas de articulación territorial que permitan a distintas entidades trabajar de manera conjunta frente a problemáticas que superan los límites administrativos, fortaleciendo así la cooperación regional.
La iniciativa es el resultado de nueve meses de trabajo técnico y concertación en 2025, en los que participaron entidades del Gobierno nacional, representantes territoriales, gremios y expertos académicos, en un proceso que buscó equilibrar visiones y construir consensos.
El Ejecutivo insistió en que el texto será objeto de un amplio debate en el Congreso, donde se espera que evolucione en aspectos clave como su sostenibilidad fiscal y su impacto en las regiones.
Con su llegada al Legislativo, Colombia abre una discusión de fondo sobre la manera en que se organiza el poder en su territorio, un debate que podría redefinir la relación entre el Estado central y las regiones en los próximos años.
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REDACCIóN COLOMBIA
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