Cómo los grupos criminales latinoamericanos infiltran la economía legal

Siguiendo un modelo iniciado por las mafias europeas, en particular la ’’Ndrangheta italiana, los principales grupos criminales latinoamericanos han comenzado una infiltración sistémica en la economía legal. Más allá de las operaciones clandestinas tradicionales, compran empresas, invierten en la industria y llegan a tomar el control de cadenas agrícolas y productivas enteras. El objetivo principal, a diferencia de las dinámicas tradicionales de lavado de dinero, no es solo ocultar los capitales ilícitos, sino obtener legitimidad y, de este modo, ampliar su poder de influencia.

“La fachada empresarial les permite infiltrarse en gremios y financiar política, presentándose como generadores de empleo para dificultar la persecución penal y obtener protección social”, explica a Diálogo Nicolas Zevallos Trigoso, director de Asuntos Públicos, del Instituto de Criminología con base en Perú.

Según Zevallos, para los grupos criminales la economía legal representa un espacio de protección y de expansión, destinado a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus actividades ilícitas. El impacto sobre la población general es considerable. En esta floreciente zona gris, donde los criminales se transforman en “cuellos blancos”, muchos empresarios legítimos se ven obligados a operar bajo las draconianas nuevas reglas impuestas por el crimen organizado o, en algunos casos, son incluso expulsados del mercado.

Operación Carbono Oculto en Brasil

La magnitud de esta amenaza quedó al descubierto en 2025 gracias a una investigación histórica dirigida por la Fiscalía del Estado de São Paulo. Lo que comenzó como una denuncia judicial contra el Primer Comando Capital (PCC) se convirtió en la gigantesca Operación Carbono Oculto (Operação Carbono Oculto), que sacó a la luz la integración vertical sin precedentes del grupo en el sector energético. Los fiscales revelaron que el grupo presuntamente coaccionó a agricultores, propietarios de ingenios azucareros y distribuidores de combustible para que vendieran sus negocios mediante intimidaciones selectivas, entre ellas el incendio estratégico de campos de caña de azúcar para devaluar los activos antes de una adquisición forzosa.

Los resultados de la ofensiva fueron asombrosos. Las autoridades desmantelaron una red que incluía cuatro plantas de etanol y más de 1000 gasolineras, descubriendo un aparato financiero que movía alrededor de 9600 millones de dólares a través de fintechs y fondos de inversión clandestinos.

“Los criminales generan una ventaja competitiva desleal: al poseer capital a costo cero y usar la coacción, pueden quebrar a competidores honestos y monopolizar mercados locales”, dice Trigoso.

El caso de Perú y Ecuador

En Ecuador, grupos criminales locales han comenzado a imitar a las mafias balcánicas que operan desde hace años en el país, tomando el control de empresas de producción y exportación de banano para ocultar el tráfico de cocaína. El ejemplo más desgarrador es el de la Hacienda La Clementina, una enorme plantación bananera de más de 10 000 hectáreas en la provincia de Los Ríos.

En una descarada escalada a lo largo de 2025, la plantación fue ocupada por el grupo criminal Los Choneros AK-47. El grupo bloqueó la venta legal de la propiedad, impuso su propia fuerza de seguridad y practican extorsiones contra las familias que viven y trabajan en la hacienda.

En Perú, en las regiones afectadas por la minería ilegal o el narcotráfico, la economía local suele girar en torno a los flujos de capital generados por estas actividades ilícitas. Sectores como la hostelería, los talleres y el comercio en general se han vuelto muy dependientes de estos ingresos, lo que impulsa el consumo a nivel regional.

“En el Perú, más que una infiltración, observamos una simbiosis profunda entre lo lícito e ilícito. Mercados como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala demandan servicios de una red de 1.4 millones de personas que proveen logística, transporte, insumos y alimentación de manera formal o informal”, dice Trigoso.

Este fenómeno de integración orgánica también se repite en todo el continente. En México, los cárteles controlan cadenas de valor enteras del aguacate y del limón. En Colombia, la ganadería y el oro legal terminan entrelazándose con capitales y actividades de origen ilícito.

“No es una intrusión externa, sino una estructura donde el capital criminal moviliza sectores lícitos enteros, convirtiendo a la economía formal en un engranaje de su modelo de negocio y creando una base social dependiente de su éxito”, afirma Trigoso.

Las vulnerabilidades

Según Zevallos, existen dos principales factores críticos que facilitan la penetración de los grupos criminales latinoamericanos en la economía legal: la prevalencia de la informalidad —un amplio sector de comercio no registrado y basado en el efectivo, que opera al margen de la supervisión y la fiscalidad del gobierno—, que en Latinoamérica alcanza en promedio el 50 por ciento, y la fragilidad institucional del sistema formal.

“La informalidad actúa como un vaso comunicante masivo; permite que el dinero ilícito circule con total libertad, sin trazabilidad ni rastro digital. Es un ecosistema donde el efectivo manda, facilitando que el capital ilegal se atomice y se integre sin resistencia en el consumo diario”, dice Trigoso.

Definido como el sector de la economía que no se grava ni se monitorea oficialmente, el mercado informal representa el 33 por ciento del PIB en Latinoamérica. Según el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el crimen organizado en la región se nutre de entornos marcados por la informalidad, presentándose como una vía indispensable para la generación de ingresos y empleo.

La economía formal también muestra fragilidades. “Los controles actuales son mayoritariamente performativos y administrativos. Se basan en el cumplimiento de trámites y declaraciones que funcionan como un ‘escudo de papel’, pero el Estado carece de una capacidad real de vigilancia estratégica e inteligencia financiera sobre el terreno”, alerta Trigoso.

Ante este escenario, es necesaria una priorización estratégica. “Los estados deben concentrar su inteligencia y persecución penal en las estructuras criminales más relevantes y transitar de un modelo de controles administrativos a uno de inteligencia económica predictiva”, concluye el experto.