Colombia | Caso Morris: con su acusadora al borde de la condena por injuria y calumnia, la oposición reactiva el escándalo por cálculos electoreros y tapan a los denunciados por acoso en la televisión privada

Hollman Morris, Gerente de RTVC de Colombia

El caso Morris bajo el síndrome de Barrabás: elegir a quién condenar antes de que hable la ley

En Colombia, donde la agenda pública rara vez se mueve por azar, el momento en que resurgen ciertos debates suele ser tan revelador como los hechos mismos. Esta semana, mientras el país empezaba a asimilar una serie de denuncias recientes por presunto acoso en medios de comunicación privados, el nombre de Hollman Morris volvió a instalarse con fuerza en titulares, columnas y redes sociales. No por hechos nuevos, sino por la reactivación de un caso que lleva años en la justicia.

La coincidencia ha abierto una pregunta incómoda: por qué ahora.

De un lado, las denuncias que involucran a figuras reconocidas de la televisión privada han estremecido al país. Testimonios que señalan directamente a periodistas como Ricardo Orrego, Jorge Alfredo Vargas y Fernando Peña han puesto bajo escrutinio prácticas que durante años habrían permanecido en silencio. Relatos de acoso, de entornos laborales hostiles y de temor a represalias comenzaron a ocupar el centro del debate, obligando a empresas como Caracol Televisión y RCN a anunciar investigaciones internas.

Sin embargo, cuando el foco parecía concentrarse en esos hechos recientes, la conversación dio un giro. El caso de Hollman Morris, que se remonta a 2019, reapareció con intensidad, impulsado por cartas públicas, pronunciamientos y una amplificación mediática que para muchos no es casual.

La historia es conocida. Lina Castillo, entonces militante política, denunció públicamente a Morris por presunto acoso. Desde ese momento, el caso transitó por el terreno judicial sin que se produjera una condena en contra del periodista. Por el contrario, Morris acudió a la justicia y la denunció por injuria y calumnia. Tras años de proceso, la causa ha avanzado hasta un punto crítico: la posibilidad de que sea la propia denunciante quien enfrente una condena.

Lina Castillo, nunca trabajó en el concejo de Bogotá

El pasado jueves, una jueza decidió no cerrar el caso, manteniendo abierto el camino hacia una sentencia. Lejos de zanjar el debate, la decisión reactivó una ofensiva mediática y política. Una carta firmada por distintos sectores expresó indignación frente a la actuación de la justicia, cuestionando el proceso y reclamando garantías. Pero el documento también dejó en evidencia un silencio llamativo: no hubo pronunciamientos similares frente a las denuncias recientes que hoy sacuden a la televisión privada.

Esa asimetría ha sido leída por muchos como algo más que una coincidencia. En un país profundamente polarizado, donde periodistas como los de espacios de alta audiencia en Blu Radio han sido críticos abiertos del gobierno, el contraste resulta inevitable. Mientras algunos casos reciben un tratamiento prudente o fragmentado, otros son reactivados con fuerza, incluso cuando ya han sido ampliamente debatidos y no han derivado en condenas judiciales.

Para quienes defienden a Morris, lo que está ocurriendo es un intento deliberado de reinstalar un relato que no logró sostenerse en los tribunales. Recuerdan que durante más de siete años no han aparecido pruebas concluyentes en su contra y que, en cambio, la justicia ha avanzado hacia una posible sanción contra quien lo acusó. Desde esa perspectiva, revivir el caso en este momento no responde a una búsqueda de verdad, sino a una estrategia para desviar la atención de un escándalo que golpea a sectores poderosos de los medios privados.

El argumento se refuerza en el terreno político. Morris no es un actor cualquiera. Su trayectoria como periodista, sus investigaciones y su actual rol al frente del sistema de medios públicos lo han convertido en una figura incómoda para ciertos sectores. Su cercanía con el gobierno de Gustavo Petro ha intensificado esa tensión, en un momento en el que el país entra en una fase preelectoral donde cada narrativa cuenta.

El paralelo con otros procesos judiciales en Colombia también ha emergido en la discusión pública. Casos en los que acusadores han terminado enfrentando procesos por no lograr sustentar sus señalamientos han alimentado un debate más amplio sobre los límites entre la denuncia pública y la responsabilidad legal. No se trata de cuestionar el derecho a denunciar, sino de subrayar que ese derecho convive con el deber de probar.

Nada de esto debería desviar la atención de lo esencial. Las denuncias recientes en los medios privados exigen investigaciones rigurosas, protección para las víctimas y respuestas claras. Pero tampoco puede ignorarse que el sistema de justicia ya ha intervenido en el caso Morris y que sus decisiones, gusten o no, forman parte del Estado de derecho.

El riesgo, advierten algunos sectores, es que el debate termine capturado por intereses cruzados. Que la indignación sea selectiva. Que la justicia sea defendida o cuestionada según convenga. Y que, en medio de esa disputa, la verdad quede relegada.

Por eso, la pregunta sigue en el aire, incómoda pero inevitable: si el país está presenciando un ejercicio legítimo de memoria y justicia, o si, en realidad, se está asistiendo a una maniobra para mover el foco justo cuando más incomoda.

El silencio de @VickyDavilaH y @MAndreaNieto con sus compañeras víctimas de acoso en @NoticiasCaracol, es muy complice y deja que desear de su nefasto periodismo..

Que doble moral e hipocresía. pic.twitter.com/sh3SaJyMek

— §ilicon Valley® (@Jlmedina168) March 22, 2026