Mónica Ferrero, Conexión Ganadera y 4300 familias mirando

El fiscal de Corte es la autoridad máxima de la Fiscalía General de la Nación. Es el jerarca máximo de todos los fiscales del país y actúa específicamente como fiscal ante la Suprema Corte de Justicia.

Hubo trascendidos de que el senador Pedro Bordaberry tenía un candidato para fiscal de Corte. Recordemos que Mónica Ferrero no fue elegida por el Parlamento como fiscal de Corte titular, sino que asumió el cargo de forma subrogante –interina– debido a su jerarquía dentro de la institución y a la falta de un acuerdo político para un nombramiento definitivo. Recientemente, Bordaberry se ha pronunciado al igual que todo su partido en querer mantener a Ferrero en el cargo.

Hoy los partidos de la Coalición Republicana han mostrado estar firmes en sostener hasta 2030 al menos a Mónica Ferrero en el lugar de fiscal de Corte. Por el contrario, el gobierno quiere trasladarla al TCA –Tribunal de lo Contencioso Administrativo– y designar al Dr. Enrique Rodríguez como fiscal de Corte. Rodríguez es hoy fiscal de lavado de activos y está al frente de la investigación penal en la estafa de Conexión Ganadera. Hoy es el fiscal con mayor trayectoria.

Este cambio, ¿sería algo bueno para los damnificados? Parece un “golpe a tres bandas y extraño, pero en realidad es bien sencillo de comprender”, como diría un querido amigo.

En columnas anteriores hemos escrito que el fiscal Rodríguez se mueve por un bien superior, lo hizo al archivar la causa por las exportaciones de los cálculos biliares y entendemos que también al blindar al BCU, MGAP y la DGI.

En estos 14 meses Bartol, Quiroga y Rava entre otros no han sido formalizados. Todos están al tanto de las maniobras del MGAP a la hora de adulterar guías, de los contratos falsos: “Hacemos tres contratos de US$ 80.000 para volar por debajo del radar y quizás uno a nombre de su hermana”, decía Bartol a una clienta de Conexión Ganadera.

Por otro lado, tenemos a Martín Muttoni, que vivía de Gustavo Basso literalmente, recibía un sueldo para ser tomador de Conexión Ganadera. Muttoni no se ha quedado con ganado ni con dinero de los damnificados, aparentemente. Pero sabe del manejo de Basso, la doble contabilidad y las dos planillas para control de ganado.

Maximiliano Rodríguez tenía negocios con Gustavo Basso también, recibía prestamos, pero no está al tanto de los manejos, firmaba en confianza de Basso. El director de Pasfer no sabe qué sucedía en Sanidad del MGAP, ni en la SSF del Banco Central.

Todo indica que cuidar el interés superior es cuidar estas instituciones y eso implica no meterse con las personas que puedan hablar.

Si efectivamente Ferrero llegase a salir de su lugar para ser nombrada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y quedara en su lugar era el fiscal Enrique Rodríguez, ¿cuál era esa estrategia que seguramente estará llamado a cambiar?

El premio sería por seguir concentrando la responsabilidad penal en los integrantes vivos de los matrimonios Pablo Carrasco y Gustavo Basso, y dejar de lado todo lo que refiere a sus familiares directamente involucrados en las movidas de Conexión Ganadera, y a las instituciones del Estado con enorme responsabilidad en permitir que un esquema Ponzi financiero se mantuviera por 25 años sin ser auditado.

Muchos damnificados me han dicho que quizás sería muy bueno cambiar al fiscal Rodríguez, poner a alguien más proactivo que tome los correos de Preve, los contratos falsos que le hemos presentado o los reclamos de Decia, por ejemplo.

Por otro lado, es difícil encontrar un solo abogado que cuestione el trabajo de Rodríguez en esta investigación, lo han definido como serio, trabajador y honesto. Tiene una trayectoria intachable y personalmente es una persona de muy buen trato, sensible y abierta. Un abogado amigo me dijo: “Enrique tiene que ser el próximo fiscal de Corte, pero no así”.

Mientras, hay 4300 familias esperando por los oficios al exterior, que Bartol explique cómo se compró una casa en Carrasco, que Rava explique por qué sigue recibiendo dinero en cuentas de Scotiabank y que Daniela Cabral tenga prisión efectiva. 4300 familias que buscan sus US$ 250 millones que no aparecen.