El Líbano rehén de la guerra

Lejos de ser un simple daño colateral del enfrentamiento militar que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán, el desplazamiento masivo de población refleja un nuevo fracaso del respeto al derecho internacional y amenaza con profundizar la inestabilidad de un país marcado por su fragilidad política.

En apenas una semana, y de acuerdo con datos de Naciones Unidas, cerca de 700.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el sur del país como consecuencia de los bombardeos del ejército israelí, realizados en respuesta a los ataques con misiles lanzados por Hezbolá contra territorio israelí.

La milicia chií había retomado las hostilidades tras la ofensiva militar del 28 de febrero contra Irán, su principal aliado político y militar. Este nuevo ciclo de violencia ha colocado nuevamente a la población civil en el centro de una confrontación que excede ampliamente las fronteras libanesas.

Las consecuencias humanitarias comienzan a sentirse con rapidez. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que el desplazamiento masivo de personas está poniendo en riesgo la cadena de suministro alimentario en todo el país. La demanda de asistencia humanitaria crece de manera acelerada y amenaza con superar los recursos disponibles.

La población libanesa queda así atrapada entre dos fuerzas que parecen no tener en cuenta el agotamiento de una sociedad golpeada por años de crisis económicas, tensiones políticas y episodios de violencia. Mientras Hezbolá mantiene su capacidad de lanzar ataques contra centros urbanos israelíes, el ejército de Israel intensifica su ofensiva con el objetivo de debilitar definitivamente a la organización.

No obstante, la milicia también llega a este nuevo enfrentamiento en una posición debilitada. Tras el conflicto ocurrido hace dos años, su estructura de mando sufrió fuertes golpes y, según estimaciones militares, habría perdido alrededor del 70% de su arsenal de proyectiles. A esto se suma la interrupción de sus rutas de abastecimiento a través de Siria, así como un deterioro del apoyo social que durante décadas sostuvo su influencia dentro del país.

El impacto del conflicto no se limita al terreno militar o humanitario. También amenaza con desestabilizar aún más el frágil sistema institucional libanés. El país intenta desde hace décadas mantener un complejo equilibrio político surgido tras el fin de su guerra civil, un conflicto devastador que se extendió entre 1975 y 1990 y dejó profundas divisiones en la sociedad.

En medio de este escenario, el Parlamento de Beirut aprobó recientemente extender su mandato por dos años más, lo que implica la suspensión de las elecciones legislativas previstas para mayo. La medida refleja hasta qué punto la guerra vuelve a alterar la vida política del país.

Una vez más, la población de Líbano queda atrapada en un conflicto regional del que difícilmente obtendrá beneficios. Las consecuencias, en cambio, ya son visibles: desplazamientos masivos, presión sobre los recursos básicos, debilitamiento institucional y el riesgo de que el país vuelva a caer en una espiral de inestabilidad que parecía haber quedado atrás.