Cardama desiste de reclamar contra Uruguay y evalúa “otros caminos”

En un nuevo capítulo del prolongado litigio por las patrulleras oceánicas (OPV), el astillero español Astilleros Cardama desistió formalmente de la demanda civil millonaria que había iniciado contra el Estado uruguayo. La empresa retiró la solicitud de conciliación previa programada para el próximo lunes 16 y comunicó la decisión a la Justicia, lo que derivó en el archivo del expediente en esa instancia. “Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos», señala el documento presentado por el estudio Hughes & Hughes ante el Juzgado de Conciliación de 2° turno.

Este movimiento evita, al menos de forma inmediata, un juicio civil donde Cardama buscaba el cumplimiento forzoso del contrato o una compensación por daños y perjuicios que podría superar los 48 millones de euros. La compañía indicó que ahora “analiza otros caminos” para defender sus derechos, dejando abiertas vías como el arbitraje internacional, acciones penales o nuevas demandas en distintos fueros. Fuentes cercanas al astillero señalan que la decisión responde a una evaluación estratégica para no escalar costos en un frente que consideraban poco favorable.

El contrato, firmado en diciembre de 2023 por 82 millones de euros, aproximadamente 92 millones de dólares preveía la construcción de dos patrulleras oceánicas de 87 metros (OPV-87) para la Armada Nacional. Uruguay ya había pagado anticipos por casi 30 millones de dólares, un tercio del total. El gobierno anunció la rescisión definitiva el 13 de febrero alegando incumplimientos graves como fallas en las garantías bancarias vinculadas a la firma EuroCommerce, en liquidación, retrasos en la construcción y falta de documentación adecuada. El Ejecutivo inició acciones para recuperar los fondos y contrató al estudio jurídico español Uría Menéndez para litigar en España si fuera necesario.

Orsi: “Tenemos razón porque no era un buen negocio”

El presidente Orsi confirmó que se enteró del desistimiento “por la prensa”. Calificó el paso como “cosas normales” en litigios de esta magnitud y reiteró su convicción. “La razón la tenemos porque consideramos que no era un buen negocio para Uruguay y era riesgoso seguirlo” señaló. En diálogo con la prensa insistió en que el contrato representaba un riesgo financiero y operativo elevado, y que la rescisión fue la decisión correcta para proteger los intereses del Estado.

Orsi destacó que el gobierno avanza en alternativas concretas. Se supo que ya recibió al menos cinco ofertas de astilleros internacionales para nuevas patrulleras, priorizando plazos realistas, costos razonables y cumplimiento de especificaciones técnicas. Entre las opciones se menciona con fuerza a Navantia que es el principal astillero militar público español, aunque sus modelos suelen ser más avanzados y caros.

Donación de patrullero de EE.UU

En paralelo al litigio con Cardama, el gobierno uruguayo confirmó oficialmente su interés en recibir una donación de un patrullero de la clase Reliance de la Guardia Costera de Estados Unidos. El canciller Mario Lubetkin firmó una nota diplomática dirigida a Washington expresando la voluntad del Estado uruguayo de incorporar este buque a la Armada Nacional.

El ofrecimiento, reflotado en enero de 2026, data originalmente de fines de 2022 y fue rechazado en la gestión anterior por la veteranía del buque. Se trata de un patrullero construido en 1968 y reformado en los 90, con capacidad para patrullaje en “aguas verdes” o sea hasta 100 millas náuticas de la costa, ideal para control marítimo, lucha contra narcotráfico y pesca ilegal en el litoral uruguayo.

La antigüedad es de más de 50 años de servicio, pero con actualizaciones significativas. Si bien es una donación gratuita, requiere inversión en recambio de motores y puesta a punto que costaría entre US$ 8 y 14 millones. Otro tema es que no alcanza los estándares de las OPV-87 que son más de 80 metros y 1.500 toneladas, pensadas para “aguas azules” de altamar. Serviría como solución interina o complementaria.

Se conoció que representantes uruguayos  ya fueron invitados a inspeccionar la embarcación.