Otorgan arresto domiciliario a cuatro policías procesados por presunta extorsión a brasileños

Cuatro suboficiales de la Policía Nacional procesados por un supuesto esquema de extorsión a brasileños fueron beneficiados con arresto domiciliario durante una audiencia de revisión de medidas realizada el martes en el marco de la causa. Los uniformados estaban recluidos en la Agrupación Especializada de Asunción tras haber sido enviados a prisión preventiva semanas atrás. Sin embargo, el juez que atiende el caso resolvió otorgarles medidas alternativas a la prisión, permitiendo que abandonen el recinto policial. La decisión generó cuestionamientos por parte de familiares de las presuntas víctimas, quienes además denunciaron supuestas irregularidades en el manejo del proceso judicial.

Los beneficiados con la medida son los suboficiales de la Policía Nacional Luis Francisco Cuéllar, Silvio Bogado Acuña, Mauro Mendieta Campuzano y Derlis César Báez Benítez, quienes están imputados por los supuestos hechos punibles de extorsión, cohecho pasivo agravado y privación ilegítima de libertad. Los agentes prestaban servicio en la subcomisaría 47ª de la colonia Jerusalén II, en el distrito de Dr. Raúl Peña, departamento de Alto Paraná.

La audiencia de revisión de medidas se llevó a cabo el martes ante el juez penal de garantías Adalberto Soto, quien resolvió otorgar arresto domiciliario a los cuatro uniformados. La decisión fue adoptada con la anuencia de la fiscal de la unidad especializada antisecuestros, Zunilda Ocampos Marín. De esta manera, los agentes dejaron de cumplir prisión preventiva en la Agrupación Especializada y ese mismo día por la tarde recuperaron su libertad para cumplir la medida en sus respectivas viviendas.

La prisión preventiva había sido dispuesta inicialmente por el juez penal de garantías Bernardo Silva, quien interinaba en ese momento el juzgado a cargo del caso, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados y al pedido formulado por el Ministerio Público.

IRREGULARIDADES

En paralelo, familiares de los brasileños que denunciaron el supuesto esquema de extorsión manifestaron su preocupación por lo que consideran un manejo irregular del proceso judicial. Según señalaron, desde la Fiscalía se les habrían proporcionado fechas y horarios incorrectos de algunas diligencias judiciales, lo que les impidió participar en momentos importantes del desarrollo de la causa.

Los denunciantes indicaron que realizaron un largo viaje desde la ciudad de Goiania, Brasil, con la intención de acompañar las audiencias y brindar apoyo a las presuntas víctimas del caso. Sin embargo, al llegar a Paraguay se encontraron con que algunas diligencias ya se habían realizado o que las fechas no coincidían con la información que supuestamente les fue comunicada desde el Ministerio Público.

EL CASO

El caso se originó en enero pasado tras un procedimiento policial registrado en la jurisdicción de la subcomisaría 47ª de la colonia Jerusalén II, en el distrito de Dr. Raúl Peña. Según la denuncia presentada, dos ciudadanos brasileños y una mujer paraguaya habrían sido demorados de forma irregular por los agentes policiales y permanecieron privados de su libertad durante más de 15 horas.

Los denunciantes dijeron que el procedimiento ni siquiera fue asentado en el libro de novedades de la dependencia policial. Durante ese lapso, siempre según la acusación, los uniformados habrían exigido inicialmente la suma de 10.000 dólares para liberarlos, monto que posteriormente habría sido reducido a 20.000 reales.

Siempre según la versión de las presuntas víctimas, los agentes fueron finalmente detenidos en Ciudad del Este cuando supuestamente aguardaban la entrega del dinero acordado, situación que dio origen a la imputación presentada por el Ministerio Público.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Paraguay también inició un sumario administrativo a través de la Dirección de Asuntos Internos para investigar la conducta de los uniformados involucrados. Este proceso interno podría derivar incluso en la baja deshonrosa de los agentes en caso de comprobarse su responsabilidad en los hechos denunciados.