Bianchi: “los cambios en el FONASA son inconstitucionales”

Dura crítica de Graciela Bianchi al oficialismo: cuestionó la legalidad del decreto del FONASA, denunció un “golpe a la clase media” y advirtió que la oposición ya no confía en el equipo económico. “Este año va a ser mucho más difícil para el gobierno”, sentenció.

La senadora Graciela Bianchi (Partido Nacional) encendió la mecha del debate político ayer en radio Carve al calificar los cambios en las devoluciones del FONASA como una “apropiación indebida” y un ataque directo a “lo que queda de la clase media”.

En una extensa entrevista, la legisladora no solo anunció una “ola de juicios” contra el Estado, sino que también expuso la fractura de la relación con el equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi, a quien definió como un presidente “macanudo” pero carente de “liderazgo”. Sus declaraciones, cargadas de crudeza y ejemplos personales, reabren la grieta sobre la legalidad de la medida y ponen en jaque la gobernabilidad parlamentaria.

De la colaboración a la “traición”

Bianchi comenzó su intervención con un balance desalentador del primer año de gobierno del Frente Amplio. Para ella, la asunción de Orsi fue funcional a las tensiones internas del partido oficialista, pero el verdadero quiebre se produjo en el terreno económico. La senadora recordó que la oposición, particularmente el Partido Nacional, había tendido puentes con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, a quien consideraban el interlocutor más “razonable”. Incluso pusieron como ejemplo la colaboración para resolver el espinoso tema de la Caja de Profesionales.

Sin embargo, todo cambió con el “masazo de las tarifas” y, sobre todo, con la modificación en las devoluciones del FONASA vía decreto. “Nos sentimos traicionados”, sentenció Bianchi, añadiendo que la confianza, pilar del diálogo político, se ha esfumado. “Este año va a ser mucho más difícil para el gobierno, porque perdimos la confianza”, advirtió.

El núcleo del conflicto: ¿Corrección técnica o confiscación?

El centro de la tormenta es el decreto del Poder Ejecutivo que modificó el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE), un índice que determina el tope de aportes al FONASA. Superado ese tope, el Estado devuelve el excedente. Con la nueva fórmula, el CPE subió de $4.828 a $6.693 . Esto implica que, a partir de 2027, entre 60.000 y 70.000 personas de ingresos medios-altos dejarán de recibir la devolución, lo que inyectará entre 70 y 80 millones de dólares anuales al sistema de salud.

El gobierno, a través del ministro Oddone y la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, defiende la medida como una “corrección técnica” a un “error de diseño” que subestimaba el costo real de la salud, ya que el cálculo anterior suponía cobertura desde el nacimiento cuando el sistema existe desde 2008.

Pero Bianchi, respaldada por informes del Colegio de Abogados y del Instituto de Derecho Administrativo, desmonta esta tesis con un argumento jurídico contundente: “No se puede hacer por decreto, tiene que ser por ley”. Para la senadora, se trata de una “apropiación indebida” y una violación del derecho de propiedad, comparable a una confiscación. “Si están tan seguros, ¿por qué lo hicieron por decreto?”, cuestionó, anticipando que ya comenzaron a presentarse recursos de inconstitucionalidad.

“Yo soy clase media”: la polémica del ejemplo personal

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Bianchi utilizó su propio caso para graficar el impacto. Reveló que, producto de sus dos jubilaciones y su sueldo como senadora, recibía una devolución anual de 342.000 pesos, sobre la que además pagaba IRPF. Esta confesión desató un intenso debate en redes y medios, al que ella misma respondió en la entrevista: “Eso no define la clase. Lo que está mal es que está mal diseñado. Si me devolvían eso, es porque está mal diseñado. La plata es mía”.

Su argumento apunta a que, independientemente del monto, la retención indebida del Estado afecta a profesionales y trabajadores que han construido su patrimonio con esfuerzo. “Nosotros somos los únicos que estamos pagando la fiesta del populismo, y ya no damos más”, sentenció, en una crítica directa al gasto social y las transferencias del Estado.

Un conflicto de fondo: el modelo de país

La postura de Bianchi trasciende lo meramente fiscal y se inserta en una disputa ideológica más profunda. Mientras el oficialismo, a través de figuras como el senador Daniel Borbonet, defiende la solidaridad del sistema (“Si fuera por nosotros, ni una devolución tendría que haber”, llegó a decir), la oposición blanca y colorada clama por eficiencia y contra las “corporaciones”.

Bianchi fue particularmente dura con el poder de los grupos de presión. Sostuvo que el sistema sostiene a una “corporación médica brutalmente enriquecida” y que las mutualistas están fundidas porque los recursos no se gestionan bien. “Los que podemos pagar más tenemos mejor salud. Los que no, tienen salud mediocre”, disparó, señalando la inequidad resultante de un sistema que, a su juicio, está estructuralmente quebrado.

El futuro: juicios y reforma penal

Más allá del FONASA, Bianchi dejó titulares para el futuro político. Anunció que los reclamos judiciales contra el decreto ya están en marcha y que la oposición fiscalizará cada peso de lo recaudado. Además, reveló que volverá a presidir la Comisión de Constitución para impulsar una reforma del Código del Proceso Penal, en paralelo a la iniciativa que maneja el Ejecutivo. “No se legisla en Presidencia, se legisla en las Cámaras”, advirtió, marcando la cancha para el próximo round parlamentario.

La entrevista de Graciela Bianchi en Carve no fue una simple declaración opositora más. Fue la constatación de que la tregua política ha terminado. Con el argumento de la inconstitucionalidad como bandera y un sector de la clase media como escudo, la senadora nacionalista se planta como una de las voces más críticas del gobierno, dispuesta a llevar la batalla a los tribunales y a mantener al oficialismo contra las cuerdas en un año electoralmente sensible.