Entrevista: Venezuela elige la paz mientras su presidente permanece secuestrado en EE. UU.

Venezuela atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El 3 de enero de 2026, en lo que el gobierno y pueblo venezolano califican como un secuestro de Estado, el presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron detenidos de manera ilegal y trasladados a una prisión en Nueva York, sin cargos probados ni respaldo jurídico internacional. En ese contexto de máxima presión externa impuesta por la administración Trump, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada ese mismo día por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En menos de dos semanas, los tribunales venezolanos procesaron más de 9.000 solicitudes y otorgaron 5.628 libertades plenas —excarcelaciones y ceses de medidas cautelares—, en el proceso de reconciliación política más amplio de la era bolivariana. Para entender qué significa esta ley para Venezuela y para el mundo, teleSUR conversó con el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la ley.

¿Cómo han sido estas semanas para la comisión?

El 20 de febrero, apenas un día después de aprobarse la ley, la comisión ya se reunía con los jefes de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia para establecer el protocolo interno de aplicación. La velocidad del proceso sorprendió incluso a sus propios impulsores.

— Debo felicitar el trabajo de la Fiscalía General y los tribunales de Venezuela. Han recibido miles de solicitudes, han dado respuesta y se han efectuado las libertades plenas correspondientes. Los ritmos que llevan son de verdad extraordinarios — afirmó Arreaza, subrayando la sincronía entre los poderes públicos.

¿Quién puede solicitar la amnistía y qué queda excluido?

Uno de los puntos que mayor confusión ha generado en los medios internacionales es el alcance real de la norma. Arreaza lo precisó con la ley en mano.

El artículo 8 establece 13 eventos de manifestaciones políticas con hechos violentos entre 1999 y 2025: desde golpes de Estado y sabotajes petroleros hasta las guarimbas, los conflictos postelectorales y la Asamblea del año 2016 que desconoció al resto de los poderes. Cualquier persona incursa en delitos cometidos en torno a esos eventos —privada de libertad o bajo medida cautelar— tiene derecho a solicitar el beneficio.

Arreaza fue enfático: la amnistía extingue el delito pasado, pero no otorga impunidad para conductas futuras.

El artículo 9, en cambio, delimita con claridad las exclusiones: violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, delitos de corrupción y, especialmente, quienes promovieron, financiaron o participaron en agresiones armadas contra el país o en conspiraciones con mercenarios.

— Quien haya matado a alguien no puede ser sujeto de amnistía — fue su respuesta directa.

¿Cuáles son las cifras reales tras casi 15 días de vigencia?

Las estadísticas desmitifican narrativas que circulan en medios internacionales sobre la magnitud del encarcelamiento político en Venezuela. Al 2 de marzo, los datos de la comisión eran los siguientes:

9.060 solicitudes recibidas por los tribunales, de las cuales se despacharon 5.628 libertades plenas: 5.383 correspondientes a personas que ya seguían su proceso con medidas cautelares —obligadas a presentarse cada 15, 30 o 60 días ante un juez— y 245 personas privadas de libertad que obtuvieron su excarcelación.

— Con la ley de amnistía haciendo un gran esfuerzo, las personas realmente detenidas son 245. Cuando lo comparas con más de 5.000 que tenían medida cautelar en libertad, la proporción habla por sí sola — señaló el diputado, poniendo en contexto un relato que en el exterior suele distorsionarse.

¿Cómo se articula la ley con la justicia militar?

La comisión también coordinó con el sistema de justicia militar, que otorgó medidas a 31 efectivos y mantiene otros casos en estudio. Sin embargo, Arreaza fue categórico respecto a la rebelión militar:

— Imagínate que le demos amnistía a un comandante que se alzó, robó armas y quiso dar un golpe de Estado, y que luego vaya a su componente y pida que le reincorporen con tropa a su mando. En términos militares, eso es inviable — explicó.

¿Qué papel juegan las víctimas en este proceso?

Quizás el capítulo más conmovedor del proceso fue el encuentro de la presidenta Delsy Rodríguez con víctimas de la violencia política de 2013, 2014 y 2017. Arreaza lo recordó como un momento de elevada conciencia patria.

— La señora Inés Esparragosa, mamá de Orlando Figuera —su hijo fue quemado vivo—, nos dijo: ‘Aunque para nosotros es muy difícil, aceptamos y estamos de acuerdo con esta ley.’ Eso le brinda autoridad moral a la amnistía y a las decisiones que el Estado ha tomado — relató el diputado.

El responsable de esa muerte se encuentra en España, y Venezuela no ha logrado su extradición. Con ese peso encima, el gesto de las víctimas adquiere una dimensión que va más allá del derecho.

¿Qué garantiza el artículo 16 sobre nuevos delitos?

La ley no es una patente de corso. El artículo 16 lo establece sin ambigüedades: las personas beneficiadas que incurran en delitos posteriores a la entrada en vigencia serán procesadas conforme a la legislación vigente.

— La amnistía extingue el delito pasado. Pero de ahora en adelante implica más responsabilidad, más reflexión — subrayó Arreaza, quien admitió haber percibido ese compromiso incluso en figuras de oposición con quienes había dejado de hablar durante más de una década.

¿Cómo fue recibida la ley por los distintos sectores políticos?

La aprobación unánime —con todos los grupos parlamentarios levantando la mano— ya es un indicador. Pero Arreaza amplió el panorama: académicos del área del derecho penal, figuras universitarias tradicionalmente vinculadas a la oposición y parlamentarios de distintas bancadas han expresado su respaldo.

— Incluso algunos que viven en Estados Unidos o Europa se han comunicado para preguntar cómo activar el artículo 7 de la ley y regresar a hacer política por vía constitucional. Eso es una extraordinaria noticia — afirmó.

Los sectores que han descalificado la ley son, según el diputado, una minoría que históricamente apostó al golpe de Estado o a la intervención extranjera. Su rechazo no ha logrado imponerse sobre el consenso que generó la norma.

¿En qué se diferencia de amnistías anteriores?

Venezuela tiene una larga tradición de amnistías. El comandante Hugo Chávez las promovió; Nicolás Maduro también. Pero Arreaza no eludió la lectura crítica de ese historial.

— Son similares en espíritu, pero el que necesitemos una ley así cada cierto tiempo indica que no hemos logrado romper el ciclo de violencia política. Nuestra apuesta es a que esta sea la última, al menos por muchas décadas — sostuvo.

El objetivo no es solo indultar conductas del pasado, sino instalar la convivencia democrática como norma permanente. Un primer paso, en sus propias palabras, de muchos que vendrán.

¿Qué viene ahora para la comisión?

La ley no tiene fecha de vencimiento. Cualquier persona podrá presentar una solicitud en el futuro y el tribunal dispondrá de 15 días para resolverla. La comisión, por su parte, tiene potestad para analizar casos complementarios con algún vínculo político que no estén explícitamente contemplados en el texto.

Además, trabaja de manera coordinada con el Programa para la Paz y la Convivencia, bajo la dirección del ministro Ernesto Villegas, para atender situaciones de campesinos judicializados en sus luchas, inquilinos afectados por decisiones judiciales injustas y trabajadores en condiciones similares.

— Procesar 9.000 solicitudes en 11 días es bien complicado para cualquier sistema judicial del mundo. Nosotros lo hemos logrado — concluyó con orgullo.

El diputado Arreaza cerró la entrevista con un llamado a la reflexión colectiva. Recordó que Venezuela despertó el 3 de enero escuchando explosiones, producto de lo que describió como una agresión de una potencia militar nuclear, y que ese episodio obliga a preguntarse qué caminos llevaron hasta allí.

— Debemos saber pedir perdón en lo que hayamos fallado, y también esperamos que los otros sectores hagan su introspección. Pero, sobre todo, debemos estar unidos —venezolanos y venezolanas— para proteger nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestra paz — dijo.

En una región que se reivindica como zona de paz, Venezuela apuesta a que esta ley sea el inicio de un ciclo distinto: sin conspiraciones, sin perdones forzados, sin el mismo ciclo que se repite.