La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se manifestó favorable a que el Parlamento investigue el proceso de contratación del astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional. En declaraciones a varios medios, la jerarca defendió la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato y sostuvo que las comisiones investigadoras forman parte del rol de contralor del Legislativo.
“Son herramientas legítimas en el rol de contralor que tiene que ejercer el Parlamento”, afirmó Lazo, al ser consultada sobre la creación de instancias investigadoras en ambas cámaras. No obstante, señaló que existen diferencias en cuanto al período a analizar. Mientras que la comisión preinvestigadora creada en el Senado acotó el estudio al contrato con Cardama, la oposición en Diputados propuso ampliar el alcance hasta 2005 e incluir también las actuaciones más recientes del Ejecutivo, como la rescisión contractual.
La ministra advirtió que el proceso será complejo, dado que la adquisición de las OPV no es el único asunto bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Aun así, aseguró que la cartera colaborará con las instancias parlamentarias.
En declaraciones al programa Lado B de TV Ciudad, la ministra volvió a referirse al caso y cuestionó lo que considera una voluntad de politizar el asunto. “El interés del Estado es el que debe primar”, afirmó, y sostuvo que ante una eventual “estafa al Estado uruguayo” debería existir una posición común de defensa institucional.
En ese sentido, expresó su interés en conocer con mayor precisión cómo se produjo el desembarco de Cardama en el proceso de contratación. “Me gustaría saber de mano de quién llegó Cardama”, señaló, y reiteró sus dudas sobre la prolongación de los plazos para la presentación de garantías, que —según indicó— se extendieron durante meses sin que mediara la correspondiente formalización administrativa.
Lazo también remarcó que la decisión de rescindir el contrato no obedece a un sesgo partidario. Como argumento, mencionó que en el presupuesto nacional ya estaban contemplados los costos de traslado de las patrulleras, lo que —a su entender— demuestra que el Ejecutivo no actuó con una intención política previa de desarticular el proyecto.
Observaciones previas y revisión del expediente
Lazo recordó que, cuando era legisladora, le había llamado la atención el procedimiento mediante el cual se seleccionó a Cardama entre los oferentes. “Qué había pasado con el procedimiento que se llevó adelante para elegir entre una serie de proveedores al que andaba más atrás en la fila fue motivo de alerta”, señaló.
Una vez asumida al frente del ministerio, indicó que dispuso una revisión exhaustiva del expediente. “Fue complejo porque hubo que unir todas las partes”, explicó. En ese proceso, se analizaron aspectos vinculados a las garantías exigidas a la empresa.
Entre los puntos observados, mencionó que Cardama disponía de 45 días para presentar la garantía de fiel cumplimiento, pero que ese plazo terminó extendiéndose mediante una prórroga que se prolongó, en promedio, 11 meses. “Esas cosas hay que analizarlas porque son parte de todo este paquete”, sostuvo.
La rescisión del contrato
El gobierno resolvió rescindir el contrato con el astillero español tras detectar, según la ministra, “incumplimientos contractuales graves”. Lazo detalló que la decisión se basó en el incumplimiento de la garantía de reembolso y de la garantía de fiel cumplimiento, dos instrumentos clave para respaldar este tipo de operaciones.
“La decisión de rescindir el contrato con Cardama es audaz, pero es absolutamente responsable. Es lo que corresponde en un Estado serio y responsable”, enfatizó.
En ese marco, expresó sorpresa por la reacción de sectores de la oposición frente a la determinación adoptada por el Ejecutivo. “Sentí que íbamos a estar todos del lado del Estado”, afirmó. Según relató, cuando en octubre de 2025 se comunicó la intención de avanzar hacia la rescisión, esperaba un respaldo general del sistema político ante lo que consideró una medida orientada a resguardar los intereses públicos.
“Salió como una defensa de la parte privada frente a lo que el Estado estaba entendiendo que daba un paso importante para resarcirse de alguna manera por lo que había sucedido”, indicó. A su juicio, el planteo de nuevas investigadoras con un alcance más amplio “habla de lo politizado que está el tema”.
De todos modos, Lazo subrayó que la decisión no responde a motivaciones ideológicas ni a la intención de responsabilizar anticipadamente a personas concretas. “No me animo ni siquiera a decir un fraude porque será la Justicia la que lo diga o no. No es una cuestión ideológica y no estamos buscando la cabeza de nadie”, afirmó.
El rol de Gonzalo Fernández
Tras el anuncio de irregularidades en las garantías presentadas por Cardama, el abogado y exsecretario de Presidencia Gonzalo Fernández se presentó ante el gobierno con la intención de ofrecer sus “buenos oficios” para mediar entre las partes.
La reunión no fue difundida públicamente en su momento y trascendió con posterioridad. Lazo reconoció que “alguien entendió que tenía que ser confidencial”, aunque aclaró que del encuentro no surgió ningún planteo formal.
“El doctor Gonzalo Fernández lo primero que dijo fue que él no era el abogado de Cardama, que no lo representaba, que iba a ofrecer sus buenos oficios para ver si podía mediar”, relató. Según la ministra, la reunión fue breve —no más de diez minutos— y no hubo propuestas por escrito. Consultada sobre versiones periodísticas que señalaban la existencia de tres alternativas planteadas por el exjerarca, Lazo afirmó que no las identificó como tales.
Pedido de renuncia y críticas opositoras
El caso también derivó en cuestionamientos directos hacia la ministra. El senador nacionalista Sebastián Da Silva solicitó su renuncia, al considerar inadmisible que continuara en el cargo tras autorizar el pago de más de 20 millones de dólares a Cardama, en el marco del contrato.
Ante ese planteo, Lazo respondió que le “extraña” que un legislador con trayectoria parlamentaria desconozca el funcionamiento de una carta de crédito irrevocable, mecanismo que —según explicó— establece condiciones automáticas de pago una vez cumplidos determinados requisitos formales.
Asimismo, consideró “infantil” y “ridículo” vincular el caso con eventuales decisiones geopolíticas, como la posibilidad de adquirir patrulleras en China por el hecho de que el gobierno mantenga vínculos con ese país.
Alternativas para las OPV
Respecto a la continuidad del proyecto de incorporación de patrulleras oceánicas, la ministra señaló que aún no hay una definición concreta. El Poder Ejecutivo está “explorando otras posibilidades”, que incluyen la eventual realización de un nuevo llamado internacional y la posibilidad de concretar algún tipo de ensamblaje en Uruguay.
Lazo destacó que la necesidad de contar con estas embarcaciones responde a requerimientos operativos de la Armada para la vigilancia y control de las aguas jurisdiccionales, en particular en el contexto de la ampliación de la plataforma continental.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/lazo-me-gustaria-saber-de-mano-de-quien-llego-cardama-id186590/
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