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La Unión Europea atraviesa una etapa de redefinición profunda de su política comercial exterior, y el acuerdo con el Mercosur ocupa un lugar central en esa estrategia. En las últimas horas, altos funcionarios comunitarios dejaron en claro que el bloque europeo no está dispuesto a volver a postergar un tratado que considera clave para sostener su competitividad global en un escenario marcado por tensiones geopolíticas, fragmentación de cadenas de suministro y mayor competencia con Estados Unidos y China.
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El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es el resultado de más de 25 años de negociaciones intermitentes, avances parciales y retrocesos políticos. Su cierre técnico representa uno de los pactos comerciales más ambiciosos jamás firmados por ambas regiones, tanto por el volumen de intercambio involucrado como por la amplitud de disciplinas incluidas.
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Desde Bruselas, la Comisión Europea sostiene que la aplicación provisional del acuerdo es una herramienta legal legítima para evitar que el proceso de ratificación —que podría extenderse varios años— frene los beneficios económicos esperados. Esta modalidad permitiría poner en marcha capítulos comerciales clave mientras continúan los debates parlamentarios en los Estados miembros.
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En términos económicos, el tratado prevé la eliminación gradual de aranceles por un valor cercano a 4.000 millones de euros anuales, principalmente en exportaciones industriales europeas. Sectores como automóviles, autopartes, productos farmacéuticos, maquinaria industrial y químicos figuran entre los principales beneficiados.
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Para los países del Mercosur, el acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de consumidores implica una oportunidad significativa de expansión comercial. Proyecciones de centros de estudios regionales estiman que las exportaciones sudamericanas hacia Europa podrían crecer entre 7% y 12% en un horizonte de cinco años, especialmente en agroindustria, alimentos con valor agregado y bioeconomía.
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Sin embargo, el avance técnico del acuerdo choca con resistencias políticas internas en la UE, particularmente en Francia. Allí, organizaciones agrícolas sostienen que el tratado podría generar una competencia desleal debido a diferencias regulatorias en estándares ambientales y sanitarios, un argumento que ha calado hondo en la opinión pública rural.
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Este conflicto revela una tensión estructural en la política europea: la necesidad de abrir mercados externos para sostener su industria frente a la obligación política de proteger sectores tradicionales con fuerte peso simbólico y electoral.
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A su vez, el debate expone una dimensión geopolítica más amplia. Para la UE, fortalecer vínculos con América del Sur también es una forma de diversificar proveedores estratégicos de alimentos, energía y materias primas críticas, reduciendo dependencias excesivas.
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Desde la perspectiva sudamericana, el acuerdo también implica compromisos exigentes en materia ambiental, normativa y de competencia, lo que obliga a los Estados del Mercosur a reforzar capacidades regulatorias y de fiscalización.
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En este contexto, la aceleración europea no es solo un gesto comercial, sino una señal política: el acuerdo con el Mercosur ya no es opcional, sino parte integral del reposicionamiento global de la Unión Europea.
