El resultado de las elecciones generales brasileñas de octubre dependerá de dos factores: la delincuencia y el bienestar de los votantes. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, apuesta a que la economía le permitirá ganar la reelección . El crecimiento anual, cercano al 3%, ha superado las expectativas durante tres años. La inflación anual del 4,3% es insignificante para los estándares brasileños. El desempleo se encuentra en mínimos históricos.
Sin embargo, la oposición pinta un panorama sombrío. Tarcísio de Freitas, gobernador derechista de São Paulo, afirma que el país se encuentra en una “crisis fiscal”. Los expertos financieros advierten de una recesión inminente. “No estamos en cuidados intensivos, pero nos encaminamos hacia eso”, afirma Armínio Fraga, exdirector del Banco Central de Brasil.
¿Qué tan enfermo está el paciente? La deuda brasileña es insostenible en su trayectoria actual. Según el FMI, la deuda pública bruta alcanzará el 99% del PIB en 2030, frente al 62% en 2010. La deuda actual es 30 puntos porcentuales superior a la tasa media de los mercados emergentes y sus pares latinoamericanos. El déficit nominal asciende a un impresionante 8,1% del PIB , compuesto casi en su totalidad por el pago de intereses. Los agoreros tienen razón al pronosticar problemas.
Los empresarios de São Paulo culpan al generoso estado de bienestar y a la holgura de Lula. Y tienen razón. Cuando llegó al poder en enero de 2023, Lula heredó un superávit primario equivalente al 1,4% del PIB y un déficit total de alrededor del 4,5%. Para diciembre de 2025, el gobierno registraba un déficit primario del 0,4% del PIB . Esta dirección ha reducido la confianza del mercado en la capacidad del gobierno para limitar la deuda. Esto ha obligado al banco central a mantener las tasas de interés reales cerca del 10%, entre las más altas del mundo, lo que ha desplazado la inversión privada y limitado el crecimiento. Brasil invierte solo el 17% del PIB , apenas la mitad de la tasa de India.
Pero los problemas de Brasil van mucho más allá del despilfarro de Lula. Su economía también se ve deteriorada por la capacidad de grupos poderosos para obtener beneficios de quienquiera que esté en el gobierno, muchos de ellos plasmados directamente en la interminable constitución del país. Que Brasil pueda alcanzar su potencial depende de si los legisladores elegidos en octubre tienen el coraje de enfrentarse a intereses arraigados.
A menudo se culpa a las ayudas sociales, pero son una pista falsa. Su costo anual es razonable: 83 000 millones de dólares, o el 3,7 % del PIB . Esto incluye un programa emblemático, Bolsa Família, que paga a familias pobres para que vacunen a sus hijos y los mantengan en la escuela, así como diversas prestaciones por discapacidad y desempleo. El gasto en salud pública y educación, que ronda el 4 % del PIB cada uno, está en línea con el de sus pares brasileños. «Soy un liberal clásico», afirma el Sr. Fraga, «pero recortar el gasto en salud y educación en Brasil no sería mi prioridad».
Los gigantes que acechan a la economía son las pensiones y un código tributario vertiginosamente complejo. Las pensiones le cuestan al gobierno el 10% del PIB . Si no se implementan reformas para 2050, Brasil gastará más en ellas como porcentaje del PIB que muchos países más ricos y con mayor pobreza. Si bien la proporción de jóvenes en Brasil es similar a la de Chile o México, su gasto en pensiones ya está al nivel de Japón. Esto a pesar de una modesta reforma en 2019 que introdujo una edad mínima de jubilación. La población está envejeciendo rápidamente. Sin reformas, se prevé que su déficit de seguridad social, o la diferencia entre contribuciones y pagos, aumente del 2% del PIB actual a más del 16% para 2060.
Gran parte de este dinero es absorbido por un sector público mimado. Brasil cuenta con alrededor de 13 millones de empleados públicos y 40 millones de empleados privados formales; sin embargo, los déficits de seguridad social de ambos sistemas son prácticamente iguales. Esto convierte a Brasil en un caso atípico a nivel mundial. Las atractivas prestaciones sociales atraen a los trabajadores con mayor nivel educativo al gobierno. Sus enormes pensiones son, por lo tanto, un subsidio para los ricos brasileños.
El poder judicial y las fuerzas armadas son los más perjudicados. Los tribunales brasileños cuestan el 1,3% del PIB —el segundo más caro del mundo—, principalmente debido a sus generosas pensiones. El soldado promedio se jubila antes de los 55 años con una pensión equivalente a su salario completo. “Necesitamos implementar reformas estructurales ambiciosas, como la reforma de las pensiones, desde arriba”, afirma Dario Durigan, viceministro de Hacienda. “No podemos tener pensiones exorbitantes para los militares y el poder judicial y recortarlas para la gente común”.
Es extremadamente difícil cambiar el statu quo, ya que reformar las pensiones requiere cambiar la Constitución. Esta exige que los aumentos del salario mínimo estén automáticamente vinculados a los aumentos de las pensiones. Dado que todos los presidentes modernos, especialmente Lula, han aumentado el salario mínimo, esto ha obligado al gobierno a seguir aumentando las pensiones. Si los pensionistas reciben menos de lo que creen merecer, pueden ganar fácilmente en los tribunales. Cada año, el gobierno federal pierde el equivalente al 2,5 % del PIB porque los tribunales imponen cuantiosos pagos a las pensiones y la asistencia social.
Los políticos brasileños han intentado sortear estas limitaciones ideando complejas reglas fiscales diseñadas para limitar el gasto público, con la esperanza de que tales gestos se ganaran la confianza del mercado. No ha funcionado. A menos que se reformen las pensiones, el mercado nunca confiará en la rectitud fiscal brasileña. Esta desconfianza le está costando a Brasil entre medio y un punto porcentual del crecimiento del PIB anualmente, hasta 250 000 millones de dólares durante la próxima década si no se producen cambios.
Dame un respiro El sistema tributario más complejo del mundo también está frenando el crecimiento. Con alrededor del 34% del PIB , el gobierno de Brasil recauda más ingresos fiscales que la mayoría de sus pares. Pero el sistema es un desastre. De 147 empresas encuestadas por Deloitte en Brasil el año pasado, las firmas con una facturación de hasta $95 millones al año dedicaron un promedio de 16,200 horas al año a la declaración de impuestos. Las firmas más grandes, con ventas superiores a $1,5 mil millones, dedicaron 63,000 horas. Las estimaciones de los costos económicos varían, pero son aproximadamente del mismo orden que el crecimiento perdido por la falta de credibilidad fiscal, que asciende a quizás medio punto del PIB anual.
Los grupos de interés han obtenido un trato preferencial, lo que ha generado una fragmentación del sistema tributario y elevados costos de cumplimiento. La evolución del impuesto sobre la renta de las empresas es reveladora. El tipo impositivo principal es del 34 %, elevado para los estándares mundiales. Sin embargo, pocas empresas pagan una cifra similar. El tipo impositivo efectivo para las empresas se sitúa entre el 16 % y el 18 %, según Sérgio Wulff Gobetti, del Instituto de Investigación Económica Aplicada, organismo público vinculado a la oficina de presupuestos. Esta es una de las cifras más bajas entre los países de la OCDE.
En cambio, la mayoría de las empresas brasileñas se clasifican bajo regímenes fiscales especiales. El llamado régimen “Simples” permite a las empresas con ventas anuales de hasta 900.000 dólares pagar tan solo un 4% de impuestos sobre sus ingresos. Otro régimen permite a las empresas con ingresos de hasta 14 millones de dólares pagar impuestos con base en las ganancias proyectadas, en lugar de las reales. Ambos regímenes estaban destinados a ayudar a las pequeñas empresas a gestionar los impuestos de forma simplificada, pero sus umbrales se elevaron tanto que, de hecho, incluyen la mayor parte de la actividad económica. De los 16,5 millones de empresas brasileñas, solo 220.000 pagan la tasa completa del impuesto sobre la renta de sociedades.
El país gasta un asombroso 7% del PIB en exenciones fiscales, frente al 2% en 2003, según la Fundação Getulio Vargas ( FGV ), una universidad de São Paulo. De los 128 regímenes de exenciones fiscales, 95 permanecerán vigentes hasta 2073. Las exenciones contribuyen al sistema tributario regresivo de Brasil. La proporción de ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de las empresas y las personas físicas es 12 puntos porcentuales inferior a la media de la OCDE ; la mayor parte proviene de los impuestos al consumo, que afectan desproporcionadamente a los pobres.
Los legisladores son conscientes de estos problemas. Desde 2019, las nuevas exenciones fiscales deben expirar en un plazo de cinco años. Una enmienda constitucional de 2021 establece que las exenciones fiscales no deberían superar el 2 % del PIB para 2029. Otra enmienda, aprobada en 2023, simplifica el complejo sistema de impuestos al consumo en un sistema dual de IVA . Esto también podría impulsar el PIB hasta un 4,5 % para su plena implementación en 2033, según un estudio de FGV.
Como era de esperar, la mayoría de las reformas han estado plagadas de excepciones. El régimen de Simples y la Zona Franca de Manaos, una fallida política industrial que otorga a la ciudad amazónica una enorme exención fiscal para la producción de electrodomésticos, han sido excluidos. Ambos están consagrados en la Constitución. Los impuestos corporativos y sobre la nómina se mantienen prácticamente intactos. La reforma de las pensiones es dinamita política. A menos que los políticos tengan el coraje de sanear la situación, Brasil se estancará en una crisis.
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