El Constitucional rompe el veto de la Mesa y obliga a la Asamblea a tramitar la investigación sanitaria y la reprobación de MAR, con fechas.
La Asamblea de Madrid ha tenido que levantar el freno tras el toque del Tribunal Constitucional: iniciativas que la Mesa llevaba bloqueando vuelven al carril parlamentario, desde una comisión de investigación sobre contratación sanitaria en pandemia hasta la reprobación y las comparecencias del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR. El alto tribunal no ha entrado a decidir quién tiene razón en el fondo del debate político; ha dicho algo más básico y, por eso mismo, más explosivo: la Mesa no puede actuar como portero de discoteca del Parlamento.
El golpe no se queda en un PDF. En la reunión de la Mesa del 30 de enero de 2026, con las resoluciones ya encima del escritorio y con el ruido de los pasillos subiendo de volumen, la Cámara empezó a tramitar un bloque de iniciativas que habían quedado fuera a pesar de estar registradas por Más Madrid y el PSOE. Desde el Partido Popular se insistió en el “paso lógico” de acatar, y su portavoz, Carlos Díaz-Pache, subrayó que de más de “70.000 asuntos” vistos por la Mesa el Constitucional solo ha cambiado el criterio en 16, como quien intenta poner el incendio en una caja pequeña. La oposición lo leyó justo al revés: no es el número, es el patrón.
El Constitucional frena el filtro de la Mesa
El varapalo con mayúsculas llegó el 14 de enero de 2026 y está contado con detalle en la nota del tribunal: la Mesa inadmitió una comisión de investigación sobre procesos de contratación por vía de urgencia vinculados a la Covid-19; inadmitió una proposición no de ley que pedía medidas por mensajes atribuidos a MAR hacia una periodista, incluida su destitución; inadmitió otra proposición sobre el modelo de colaboración público-privada en sanidad; e inadmitió siete solicitudes para que el jefe de gabinete compareciera ante la Comisión de Justicia, Presidencia y Administración Local. La Mesa lo justificó con argumentos que sonaban a “no toca”: objeto prospectivo, falta de justificación, juicio de valor, costumbre parlamentaria, incluso la idea de que no es práctica cuestionar hechos de legislaturas anteriores.
El Constitucional no compra esa manera de cerrar la puerta. Su conclusión es nítida: la Mesa puede hacer control formal de las iniciativas —comprobar encajes reglamentarios, plazos, requisitos—, pero no puede convertir el trámite en un juicio político anticipado ni decidir si una propuesta “conviene”, si es lo bastante “de interés público” o si su contenido resulta incómodo. Por eso anula las decisiones impugnadas y ordena retrotraer actuaciones: volver atrás, rehacer el trámite y dictar acuerdos nuevos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados, conectando el derecho de los diputados a ejercer su función con el derecho de los ciudadanos a participar a través de sus representantes. La sentencia incluso cita los artículos del Reglamento madrileño que, a juicio del tribunal, se contravinieron: 75.1, 206.1 y 210.1, según el tipo de iniciativa bloqueada.
Hay un matiz que ayuda a entender por qué esto no es un simple “tirón de orejas”: constan votos particulares de dos magistrados, Ricardo Enríquez Sancho y Enrique Arnaldo Alcubilla. No fue una unanimidad de trámite, no fue el típico “todos de acuerdo, sigan circulando”. La ponencia llevó la firma de la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, un dato que en este tipo de batallas importa porque indica desde dónde se ha construido el razonamiento. Aun así, el criterio mayoritario marca carril: la Mesa no es una aduana ideológica ni un órgano para decidir qué debates “merecen” existir; si cumple forma y está previsto en el reglamento, lo normal es que la iniciativa avance hasta el Pleno, la comisión, la votación, el choque político a cara descubierta.
La línea roja: controlar la forma, no el contenido
En la política madrileña se ha estirado mucho una costumbre: disfrazar de tecnicismo lo que, en realidad, es una decisión de oportunidad. El Constitucional recorta ese margen y recuerda que los reglamentos sirven para ordenar, no para censurar por la puerta de atrás. Si una proposición no de ley contiene juicio de valor, eso no la invalida: la política está hecha, precisamente, de valoraciones; lo que toca es discutirlas, defenderlas o tumbarlas con votos, no expulsarlas del registro porque suenan ásperas.
El punto más revelador está en el argumento del “no se justifica” o “esto no se hace”. La Mesa venía a decir: una comisión de investigación no se crea así, es inconcreta, mira al pasado, no tiene interés público claro. El tribunal le contesta, sin florituras, que la Mesa no puede elegir el terreno del partido. Si el Parlamento tiene instrumentos para investigar y controlar, el instrumento se tramita; luego la mayoría decide si lo aprueba o no, y la oposición asume la derrota o celebra la victoria. Ese orden —primero trámite, después debate— es el que el Constitucional viene a reinstalar, quitando a la Mesa la tentación de decidir el contenido por la vía del trámite.
Lo que vuelve a tramitarse: investigación, PNL y comparecencias
Cuando se baja del plano jurídico al pasillo de la Cámara de Vallecas, lo reabierto se entiende mejor. Una comisión de investigación sobre contratación sanitaria en pandemia significa expedientes, documentación, solicitudes de información, comparecencias y un relato que puede reconstruirse con fechas, decisiones administrativas y responsables políticos. No es solo “hablar de la pandemia”: es preguntar por compras por urgencia, por procedimientos acelerados, por adjudicaciones y por el uso de dinero público en una situación límite, cuando todo era excepcional y, precisamente por eso, las excepciones dejaron huella.
Las proposiciones no de ley tienen otra función: fijan posición, obligan al Gobierno a retratarse y construyen un marco que luego se usa en el debate público. La que afecta a MAR conecta con el episodio de mensajes atribuidos al jefe de gabinete hacia una periodista; la que entra en colaboración público-privada vuelve al corazón del modelo sanitario madrileño, un terreno donde se discute qué se gestiona, cómo se contrata, qué se deriva y quién gana con cada engranaje. La Mesa había intentado desactivarlas con etiquetas como “prospectivas” o “juicios de valor”, como si lo político fuera un defecto de origen; el Constitucional viene a recordar que lo político se discute, no se prohíbe por adelantado.
Y luego está lo que de verdad cambia el pulso político: las siete solicitudes de comparecencia del jefe de gabinete ante comisión. Siete comparecencias significan insistencia, calendario, temas distintos y una voluntad de control en serie. No es la típica aparición simbólica para la foto; es un intento de poner bajo foco parlamentario a un cargo que opera en el corazón del poder de Ayuso, sin ser consejero y sin sentarse en el Consejo de Gobierno, pero con capacidad para marcar agenda, tono, estrategia y, a menudo, el rumbo de la conversación pública. Ahí está el nervio: si el poder real se mueve por despachos y gabinetes, el Parlamento quiere tirar de esa cuerda también.
MAR, las amenazas y el salto al foco parlamentario
El nombre de Miguel Ángel Rodríguez concentra el conflicto porque condensa poder real e informalidad: no es miembro del Gobierno, no es diputado, pero actúa en el centro de mando de la presidenta, con el músculo del gabinete y el altavoz mediático. Que se pidan siete comparecencias no es un capricho numérico; es la forma parlamentaria de decir “queremos un interrogatorio en capítulos”, con distintos asuntos, distintas fechas y la posibilidad de repreguntar con lo que salga de cada sesión. La oposición busca convertir lo que suele pasar en notas de prensa y en cruces en redes en un expediente político con acta, con tiempos tasados y con preguntas que no se pueden esquivar con un “no toca”.
Parte del origen reciente está en otra resolución del Constitucional, esta vez vinculada al PSOE, que tumba el veto de la Mesa a preguntas escritas dirigidas al Consejo de Gobierno sobre las amenazas atribuidas a MAR a una periodista de eldiario.es y sobre el cumplimiento del código ético de altos cargos. La Mesa las inadmitió con un razonamiento de manual defensivo: que el jefe de gabinete no forma parte del Ejecutivo, que actúa como órgano de asistencia y que, por tanto, esas preguntas se alejaban del control parlamentario del Gobierno; incluso llegó a sostener que el contenido funcionaba como una reprobación indirecta, más política que institucional. El tribunal lo vio de otra manera y ordenó, de nuevo, retrotraer actuaciones para que se vuelvan a admitir, porque esas cuestiones no estaban desvinculadas de la gestión y del ámbito competencial del Gobierno regional.
Aquí se mezclan dos planos que en Madrid se confunden con facilidad. El plano formal dice “no es consejero”; el plano real dice “manda mucho”. La oposición quiere llevar al Parlamento ese poder real, convertirlo en objeto de control y, sobre todo, evitar que la Administración se escude en tecnicismos para no contestar. El choque no es solo por MAR; es por la arquitectura del poder: si la Cámara fiscaliza únicamente a quienes figuran en el organigrama, el poder tenderá a desplazarse hacia figuras con menos exposición pública y menos rendición de cuentas directa, justo lo contrario de lo que se supone que debe hacer un parlamento que se toma en serio.
Las reacciones han sido previsibles y ruidosas, como casi todo en la política madrileña. En Más Madrid, voces como María Pastor han repetido la idea central: el presidente de la Asamblea no puede decidir “de qué se habla y de qué no”. La portavoz del partido, Manuela Bergerot, lo planteó como recuperación del poder fiscalizador y como final de una etapa en la que la mayoría habría usado la Mesa para proteger a los suyos. Desde el PP se respondió con el argumento de la proporcionalidad —muchas iniciativas tramitadas, pocas corregidas— y con una defensa de los usos aplicados durante años.
Ossorio y la batalla por controlar el debate
En el centro institucional del choque está Enrique Ossorio, porque la Mesa no es un órgano abstracto: tiene presidente, tiene mayoría y tiene decisiones con firma política. La oposición lleva tiempo denunciando que la Mesa actúa como cortafuegos para evitar debates incómodos para Ayuso; el PP lo niega y lo reduce a técnica. El Constitucional, en la práctica, ha dicho que ese cortafuegos se ha construido con ladrillos que no valen: juicios de oportunidad política, valoraciones de fondo y argumentos que invaden el terreno del Pleno. Y cuando un tribunal habla de vulneración del derecho de representación política, no está discutiendo un trámite menor; está tocando la legitimidad del funcionamiento parlamentario.
La defensa del PP se apoya en la estadística y en el marco, y aquí entra un detalle que el partido ha repetido: los criterios ahora cuestionados por el tribunal se habían aplicado durante años, con referencias explícitas a legislaturas concretas. El mensaje es “no inventamos nada” y, de paso, “esto es excepcional”. Pero el Constitucional también está diciendo otra cosa: que la costumbre no convierte en correcto lo que vulnera derechos. En términos políticos, ese choque entre uso parlamentario y derecho fundamental es dinamita lenta: no explota en el momento, pero condiciona cada decisión futura de la Mesa, porque cada inadmisión puede leerse como reincidencia, como empeño en estirar un límite que ya ha sido marcado con rotulador grueso.
En esta historia también asoma Vox, que, sin abrazar la estrategia de la izquierda, ha reclamado más margen para registrar y tramitar iniciativas y ha recordado que mantiene recursos propios por rechazos anteriores. Ese cruce incomoda al PP porque rompe el marco de “izquierda contra derecha” y lo convierte en un problema institucional: cuando el filtro es demasiado estrecho, termina pareciendo un arma de mayoría, no un mecanismo de orden. Y cuando el Constitucional interviene dos veces en pocos días, el mensaje se multiplica: el candado no era neutro, o al menos no lo parecía desde fuera, y eso ya es un problema para una Cámara que debería poder presumir de procedimiento limpio, incluso en la bronca.
Ayuso, sanidad y el ruido alrededor del entorno
Que todo esto reviente ahora no es casualidad; se entiende mejor si se mira el trasfondo que la oposición intenta llevar al Parlamento. La palabra sanidad no es neutra en Madrid: combina pandemia, contratos por urgencia, un modelo público-privado discutido durante años y una memoria colectiva aún sensible a cualquier sombra de opacidad. La comisión de investigación sobre contratación sanitaria durante la Covid-19 se plantea, justamente, para poner foco en cómo se contrataron bienes y servicios en un contexto extraordinario, qué decisiones se tomaron, con qué criterios y con qué consecuencias; y, sobre todo, para reconstruir con precisión lo que en su día se vivió como urgencia permanente y ahora se mira con la lupa de la rendición de cuentas.
A ese eje se suma el ruido, y ahí aparece la palabra sanidad, sobre el entorno de Ayuso, especialmente cuando la oposición conecta política sanitaria con los negocios del “novio de Ayuso” y con el nombre de Quirónsalud como símbolo del debate público-privado. Ese empresario tiene nombre y causa judicial: Alberto González Amador, cuya situación ha sido noticia recurrente y que afronta juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental tras confirmarse su procesamiento. Ese dato —judicial, no solo político— ha alimentado el interés por cualquier vínculo entre decisiones públicas y negocios privados, y ha hecho que iniciativas sobre sanidad se lean, inevitablemente, con otra luz.
En ese marco aparece una palabra que, sin ser jurídica, se ha instalado en la conversación: “chanchullos”. Es un término de combate, más de pasillo que de sentencia, que resume sospechas y acusaciones políticas sobre sanidad y entorno presidencial. Conviene tratarlo con bisturí: que se tramite una iniciativa sobre “chanchullos” no acredita nada por sí mismo; lo que acredita es que existe una voluntad parlamentaria de investigar, debatir y exigir explicaciones sobre actuaciones del Gobierno o de su entorno, y que ese debate —con toda su carga de ruido y de espectáculo— ya no puede ser bloqueado solo porque a la mayoría le resulte incómodo. La palabra es fea, sí; pero la pregunta que la acompaña es clásica: ¿hubo decisiones discutibles con dinero público? Y si la hay, se contesta en sede parlamentaria, no en una inadmisión.
En el fondo, la disputa se mueve en una línea fina: control político frente a responsabilidad institucional. El Gobierno regional sostiene que muchas iniciativas buscan ruido y desgaste; la oposición sostiene que impedirlas es lo que degrada la institución. Entre una frase y otra, el Constitucional ha colocado un marco: la Mesa no puede decidir qué temas “se permiten”. Y eso, en la práctica, obliga a Ayuso a jugar el partido en el campo del Parlamento, no en el túnel del trámite. A veces el resultado será aburrido —votar “no” y punto—, otras veces será un incendio mediático; pero el mecanismo vuelve a estar donde debía: en el choque político transparente, no en el filtro opaco.
La Asamblea sin atajos: lo que puede pasar ahora
A partir de aquí, el terreno vuelve a ser el de siempre: calendario, comisiones, órdenes del día y mayorías. La mayoría absoluta del PP sigue siendo la pared contra la que chocan muchas iniciativas: una comisión de investigación necesita luz verde del Pleno, y una reprobación necesita votos que el PP puede negar. Pero hay una diferencia sustancial respecto a lo anterior: el partido ya no puede impedir, con el mismo tipo de argumento, que el asunto llegue a votación o a discusión. Eso obliga a la mayoría a practicar política de la de siempre, la que se ve: argumentar, justificar, votar, asumir el coste.
El foco más inmediato está en las comparecencias. Si MAR termina sentándose ante comisión, el formato cambia el juego: no es un mitin, no es una entrevista y no es un juicio; es un escenario con tiempos tasados, preguntas sucesivas y un acta que queda. En la política madrileña, donde la frase corta viaja como metralla en redes, una comparecencia así puede convertirse en fábrica de titulares, sí, pero también en archivo: lo que se dice, lo que se niega, lo que se matiza y lo que se deja caer. Y hay algo que suele olvidarse: el acta parlamentaria es memoria institucional; no es solo espectáculo del día, es material que luego se cita, se compara y se usa para exigir coherencia.
El precedente jurídico pesa como una losa: si la Mesa vuelve a cerrar puertas con argumentos similares, el Constitucional ya ha dejado escrito que esos cierres pueden vulnerar el núcleo esencial de la función representativa. Y ese es el cambio más profundo, aunque suene seco: la Asamblea ya no puede permitirse un “veto previo” sistemático sin arriesgarse a otra corrección. Lo que viene ahora, con Ayuso, Ossorio y MAR en el centro del plano, será política sin atajos: debate, voto y desgaste, del de verdad; el que no se resuelve con un trámite, sino con la luz encendida del Parlamento.
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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Tribunal Constitucional, Europa Press, RTVE, Cadena SER, El País.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/constitucional-obliga-asamblea-investigar-a-ayuso/
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