Fue brutalmente torturado y dejado agonizando por un grupo de adolescentes de Florianópolis, cuyos parientes luego amenazaron al testigo del hecho. Pero no contaron con el boca a boca de internet
Por primera vez, tras años de polarización política en Brasil, el brutal asesinato de un perro callejero no solo ha indignado a todo el país, sino que también ha unido a votantes de izquierda y de derecha y a todas las fuerzas políticas, que salieron en su defensa. Con el hashtag #JusticiaParaOrelha, que en pocos días fue republicado por millones de personas en las redes sociales en Brasil, volvió a encenderse también el debate sobre la impunidad. Orelha, de hecho, fue brutalmente torturado y dejado agonizando por un grupo de adolescentes de familias acomodadas de Florianópolis, en el estado sureño de Santa Catarina. Dos de sus padres y un tío luego amenazaron al portero que fue testigo de lo ocurrido, pero no contaron con el boca a boca de internet, que en pocos días convirtió la noticia en un caso nacional y avivó el debate sobre la impunidad.
Orelha era un perro comunitario anciano, adoptado por los habitantes de Praia Brava, una de las playas más famosas de Florianópolis. Toda una comunidad lo alimentaba, pagaba su atención veterinaria e incluso le había construido una casita en la playa, hasta que ocurrieron las torturas en la noche entre el 3 y el 4 de enero. Cuando fue encontrado al día siguiente, no hubo otra opción que la eutanasia. “Este terrible caso muestra, ante todo, una profunda carencia en la formación del ser humano: de empatía, de educación emocional, de conciencia, responsabilidad, respeto y compasión por el prójimo. Y cuando alguien es capaz de cometer un acto de crueldad contra un animal indefenso, no se trata solo de la causa animal. También tiene que ver con cómo estamos criando a nuestros niños y con los valores que enseñamos en casa. El respeto por el otro no depende de la especie”, explicó a Infobae Gabriella Gouveia Albanell, directora y fundadora de la Asociación Grata Pata, que rescata animales en situación de calle.
La Policía Civil realizó en los últimos días allanamientos en las viviendas de las personas sospechosas de estar involucradas en el caso y ya imputó a los adultos que amenazaron al portero por el delito de coacción. En una de las casas allanadas, según informó la Policía Civil en una conferencia de prensa, se encontró droga para consumo personal. El caso podría adquirir dimensión internacional, ya que, también según la Policía Civil, dos de los adolescentes se encuentran por un período limitado en Estados Unidos, donde la administración Trump decretó tolerancia cero para cualquier extranjero, incluso solo sospechado de delitos. La Policía Civil de Santa Catarina ya solicitó un refuerzo de las medidas de seguridad en el aeropuerto de Florianópolis para cuando regresen, por temor a linchamientos.
En Brasil, la policía investiga a los cuatro menores no solo por las torturas contra el pobre Orelha, sino también por un intento de ahogamiento de otro perro callejero compañero de Orelha, Caramelo, que luego fue adoptado por el jefe de la Policía Civil de Santa Catarina, el comisario general Ulisses Gabriel. Los jóvenes también son sospechosos de depredación del patrimonio, robo y delitos contra el honor de personas de la región. Dado que los sospechosos tienen entre 12 y 18 años (aún no cumplidos), el caso se rige por el Estatuto del Niño y del Adolescente y no por el Código Penal común, y será atendido por la Comisaría Especializada en la Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley si se confirman las acusaciones. En ese caso, estarían sujetos a medidas socioeducativas, siendo la más severa la internación, que puede durar hasta un máximo de tres años. El psiquiatra forense Guido Palomba citó en el diario O Globo una investigación basada en la llamada “Teoría del Vínculo”, que establece una conexión entre la violencia contra los animales y la violencia contra las personas. Las estadísticas indican que el 71% de quienes maltratan animales posteriormente también agreden físicamente a seres humanos. “Iré más allá. Es el 100%. No siempre se trata de homicidio, pero siempre implica actos perversos, agresividad y crueldad”, declaró.
Mientras tanto, están previstas manifestaciones hoy y el domingo en muchas ciudades del país para exigir que los culpables sean castigados y que el caso no sea enterrado. Sobre la triste historia de Orelha se pronunció incluso la esposa del presidente Lula, Rosângela da Silva, conocida como Janja. En una publicación en Instagram, Janja expresó “tristeza e indignación”, pidió justicia y subrayó que “la brutalidad no nace de la nada, sino que se cultiva en la omisión y la impunidad”. Desde hace tiempo comprometida con la defensa de los derechos de los animales, Janja es tutora de tres perros adoptados: Resistencia, Esperanza y París. También la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, el martes —día en que en Brasil se celebró la Jornada de la Proclamación de los Derechos de los Animales— destacó en su perfil de Instagram que los animales “sienten dolor, afecto y un sentido de pertenencia”. “La humanidad tiene el deber ético de protegerlos”, añadió. El gobernador del estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, del Partido Liberal (PL) del ex presidente Jair Bolsonaro, prometió una investigación rápida. “Las pruebas ya están siendo analizadas y me provocaron náuseas”, escribió en sus redes sociales. Estrellas de la música, el cine y la televisión también hicieron declaraciones públicas, incluso en transmisiones en vivo, como fue el caso de la icónica presentadora de TV Globo Ana Maria Braga, quien habló de “crueldad” y “cobardía”, denunciando el riesgo de impunidad.
La triste historia de Orelha también está impulsando a la política a modificar las leyes existentes. Desde 2020, la ley prevé una pena de prisión de dos a cinco años por el maltrato de perros y gatos, además de una multa y la prohibición de tener animales. La modificación se consideró un avance histórico, ya que eliminó estos delitos de la categoría de infracciones menores. Sin embargo, la ley no se aplica a otras especies, que siguen protegidas por la Ley de Delitos Ambientales, con penas más leves, de tres meses a un año. “La legislación existe, pero a la magistratura le falta rigor. Hoy, las personas son detenidas y liberadas rápidamente. No hay consecuencias concretas. Sin responsabilidad, la ley pierde su efecto educativo”, declaró al diario O Globo el activista por la causa animal Luiz Ramos Filho. El diputado federal de centroderecha Kim Kataguiri, del Movimiento Brasil Libre (MBL), presentó en estas horas un proyecto de ley para endurecer las penas contra los criminales que torturan y matan animales. El diputado también criticó las acciones de los familiares involucrados en el caso, que obstaculizaron las investigaciones. “Mi primer pensamiento es: ¿cómo son capaces de hacer algo así? Y el segundo es: “¿Qué tipo de educación les dieron estos padres a estos ‘chicos’?”, dijo en un video. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio, candidato de la derecha a las elecciones presidenciales de octubre, pidió en sus redes sociales la reducción de la edad de imputabilidad. “La violencia no puede relativizarse, independientemente de la edad del culpable. Quien comete actos bárbaros debe ser considerado responsable”, dijo en un video en X. Para la diputada federal de izquierda Jandira Feghali, del partido Socialismo y Libertad (PSOL-RJ), lo ocurrido es un “doloroso retrato de la crueldad que todavía debemos enfrentar como sociedad”, y añadió que se trata de una forma de violencia que revela “hasta qué punto avanza la deshumanización cuando prevalece la impunidad”. La diputada pidió la implementación de políticas públicas y la asunción de responsabilidades frente a los sospechosos.
La semana pasada, el gobernador del estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, aprobó la Ley n.º 19.726, que establece la Política Estatal para la Protección y el Reconocimiento de los Perros y Gatos Comunitarios, definiendo un nuevo marco jurídico para la defensa y el bienestar animal. El texto garantiza que estos animales deben ser protegidos tanto por la sociedad como por las autoridades públicas. La nueva ley prohíbe la remoción, la restricción de movimiento o el traslado de animales comunitarios sin justificación técnica y sin previo aviso a los cuidadores identificados, así como el maltrato, el abandono forzado y las acciones que pongan en riesgo la integridad del animal. “Esta ley contribuirá a proteger a estos animales que no tienen un propietario específico, pero mantienen una relación amistosa con todos en la comunidad donde viven. Es deber de todos garantizar el bienestar de estos animales indefensos”, subrayó el gobernador Jorginho Mello.
En Brasil hay 30 millones de perros que viven en situación de calle, según la Investigación sobre el escenario del abandono de animales, realizada por cuarto año consecutivo por Cobasi Cuida, en colaboración con ONG de protección animal y voluntarios independientes. El informe indica que casi el 83% de los abandonos ocurre en áreas urbanas, principalmente en calles y vías públicas (76,6%). Otro 6,3% se produce en las cercanías de establecimientos comerciales, mientras que las áreas rurales concentran el 17,2% de los casos. “Es fundamental que la sociedad comprenda que no existen hogares para todos los perros y gatos que hoy viven en la calle. Por eso insistimos tanto en la esterilización: son miles de animales y esta realidad no se resuelve solo con las adopciones, porque realmente no hay familias para todos”, explicó a Infobae Gabriella Gouveia Albanell, de Grata Pata. Esta asociación, al igual que miles de organizaciones de la causa animal repartidas por todo Brasil, lucha cada día para cambiar esta realidad. “Lo hacemos tanto interviniendo con rescates cuando es posible, como garantizando una vida más sana y digna a los animales que permanecen en la calle. Nuestro llamado es que toda la indignación que circula en los medios y en internet no se pierda únicamente en la rabia por el caso, sino que también se transforme en compasión, apoyo y cuidado. Apoyo para quienes están todos los días en la primera línea de esta causa animal: nosotros, los voluntarios, los refugios, las ONG. Buscar justicia para este caso es fundamental, pero mirar también a la causa animal y a quienes la defienden cada día es, asimismo, un acto de responsabilidad social. Este es nuestro llamado”, dijo. Y justamente en estas horas, tras el caso Orelha, han aumentado las denuncias en defensa de los perros comunitarios. Uno de ellos, según informó Grata Pata, fue alcanzado ayer por diez disparos frente a un centro comercial de San Pablo. Mientras tanto, en el estado de Paraná, un policía militar durante un operativo mató a otro perro comunitario llamado Abacate, caso sobre el cual se abrió una investigación.
infobae.com
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