El pacto de libre comercio entre la UE y Mercosur continuará su proceso de aplicación las próximas semanas. Pese a que el Parlamento Europeo haya paralizado su entrada en vigor con su petición a la Justicia Europea para determinar la legalidad del pacto, la Comisión Europea cuenta con mecanismos para echarlo a andar. Y ha asegurado que está lista para hacerlo.
La reunión de líderes de la UE que tuvo lugar de forma extraordinaria el pasado jueves en Bruselas tenía como foco principal las tensiones en torno a Groenlandia, sin embargo, no se pudo evitar que Mercosur se colara en la conversación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró su disposición a aplicar el pacto de forma provisional, una fórmula con la que se podría esquivar la parálisis que se ha gestado en la Eurocámara.
«Varios Estados miembro han solicitado la aplicación provisional. Tienen interés en asegurar los beneficios de su aplicación tan pronto como sea posible. El proceso necesita un paso en que uno o más países de Mercosur hayan completado su procedimiento. Estaremos listos cuando estén listos», dijo la alemana en rueda de prensa tras el encuentro.
A la ratificación del fin de semana pasado en Paraguay entre los líderes de la UE y los países de Mercosur, le siguió un revés en el Parlamento Europeo. La Eurocámara aprobaba pedir al Tribunal de Justicia de la UE que examine la legalidad del pacto de acuerdo con los tratados comunitarios. Un movimiento que, a efectos prácticos, podría ralentizar su entrada en vigor hasta dos años, hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.
Pero Bruselas tiene un as en la manga. El acuerdo puede ser aplicado de forma provisional, es decir, sin que sea necesario esperar el veredicto judicial. Y eso es lo que pretende hacer, el único paso necesario es que uno de los países de Mercosur complete su procedimiento. Está decidida a hacerlo, también en una señal a los Estados firmantes del compromiso un pacto que ha llevado casi 25 años negociar.
«Invito a la Comisión a usar este mecanismo provisional e implementar el acuerdo», aseguraba el presidente del Consejo de la UE, Antonio Costa. En realidad, no era necesario que los líderes se pronunciaran sobre esta vía de tramitación provisional, ya que el organismo de los Veintisiete ya había dado su visto bueno para usar esa fórmula la semana pasada.
La tensión podría surgir, sin embargo, si se opta por esta vía. Francia ya ha mostrado su rechazo a que el acuerdo se tramite de forma provisional. «Si Ursula von der Leyen, si la Unión Europea lo impusiera mediante la aplicación provisional, constituiría, dada la votación de ayer en Estrasburgo (sede de la Eurocámara) una forma de violación democrática», afirmó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en un programa de la radio Europe1 y la televisión Cnews.
La postura de Francia no es nueva, sin embargo, París y otros Estados miembro han sostenido no ha conseguido frenar la aplicación del pacto. A favor se han mostrado España y Alemania. El canciller germano, Friedrich Merz, lamentaba el obstáculo interpuesto por la Eurocámara y afirmaba, durante el Foro Económico Mundial: «No hay alternativa si queremos crecer en Europa. Este acuerdo será puesto en vigor de forma provisional».
También se postuló a favor de implementar el acuerdo de forma provisional el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Estamos de acuerdo en que se aplique», afirmó en rueda de prensa tras el encuentro con sus homólogos europeos. Quieren darle este impulso positivo también los líderes de Países Bajos y Austria, según declararon en la reunión.
Lo que ha puesto en cuestión la resolución de la Eurocámara es si el acuerdo cumple con la legalidad en lo que se refiere al mecanismo de reequilibrio, ya que podría tener un impacto negativo en la capacidad de la UE de fijar sus propias políticas medioambietales y de protección al consumidor.
La jefa del Ejecutivo comunitario afeó la decisión de la Eurocámara ya que considera que se trata de un buen acuerdo comercial para la UE, tanto en términos económicos como geopolíticos.
El sector agrícola europeo se ha puesto en pie de guerra contra un pacto que considera puede afectar a su viabilidad. La principal de las cuestiones radica en si las importaciones de Mercosur pondrán en jaque la agricultura europea. El campo reclama que los controles aduaneros no son lo suficientemente exaustivos como para garantizar que se cumplan las condiciones sanitarias y fitosanitarias comunitarias. Sin embargo, la Comisión Europea defiende que las cláusulas de salvaguardia son garantía suficiente para la agricultura europea.
Por: Lidia Montes / 
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