Un enfermero muerto tras una operación de ICE en Minneapolis agita Minnesota: vídeos, pelea por las pruebas y el choque entre Obama y Trump.
Minneapolis se levantó el sábado 24 de enero de 2026 con ese frío que parece un papel de lija en la cara y, a media mañana, con un ruido más seco que el hielo: disparos. El muerto se llamaba Alex Pretti, tenía 37 años, era enfermero de UCI y ciudadano estadounidense. En cuestión de horas, su nombre pasó de ser una ficha anónima a convertirse en el centro de un choque político y policial que está rompiendo costuras: el despliegue de ICE y otros cuerpos federales en Minnesota, la respuesta del Estado, la presión directa de Donald Trump, y una reacción poco habitual por su dureza de Barack Obama, que habló de “una llamada de atención” y reclamó que “esto tiene que parar”.
El caso no es solo un tiroteo, que ya sería bastante. Es también un vídeo —varios— donde se ve a Pretti con un móvil en la mano, un forcejeo, spray pimienta, cuerpos en el asfalto, un arma que aparece en el caos… y después una secuencia de disparos que ha puesto en entredicho la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que defiende que fue “legítima defensa”. La tensión venía cargada: en la misma ciudad, el 7 de enero, otra ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good, murió por disparos durante una operación federal. Desde entonces, la calle y los despachos viven en una especie de discusión permanente a gritos, con Minnesota pidiendo control, pruebas y transparencia, y Washington respondiendo con músculo, palabras gruesas y más agentes.
La mañana en que Minneapolis se partió en dos
Lo que se sabe con claridad es el marco: Minneapolis llevaba días con protestas contra un “surge” de acciones de inmigración en la ciudad, un aumento de operaciones federales que, según las autoridades estatales y municipales, se estaba moviendo con tácticas opacas y un nivel de confrontación impropio de un operativo rutinario. En ese contexto, Pretti apareció en una zona donde había una actuación de agentes federales. Los vídeos muestran una escena muy física, muy de calle: gente que se acerca, alguien que intenta intervenir, manos que empujan, un instante donde todo parece acelerarse. En medio de ese barullo, Pretti cae al suelo, queda inmovilizado y, tras una secuencia brevísima, llegan los disparos.
La identidad de Pretti ha importado tanto como la mecánica del disparo, quizá más. No era un desconocido para su entorno: enfermero de cuidados intensivos, alguien acostumbrado a urgencias reales, no a peleas políticas. Su familia ha denunciado que, tras su muerte, se intentó “manchar” su nombre con insinuaciones y etiquetas que no encajan con lo que se ve en las imágenes. Y ahí nace una parte del incendio: cuando el poder cuenta una cosa y el vídeo sugiere otra, la discusión deja de ser abstracta y se vuelve personal, casi íntima, como si la ciudad entera estuviera mirando el mismo fotograma y cada cual oyera un sonido distinto.
En las horas siguientes, Minneapolis volvió a su guion de los últimos años, pero con un ingrediente nuevo: no era una actuación policial local, ni un dispositivo de orden público de la ciudad. Eran agentes federales vinculados al control migratorio y fronterizo operando en pleno tejido urbano, y eso cambia el tablero. Hubo protestas en Minneapolis y en otras ciudades del país, un aumento del despliegue policial y episodios de enfrentamientos, con uso de material antidisturbios. Cuando la tensión llegó a tal punto que se aplazó incluso un partido de la NBA en la ciudad, quedó claro que el asunto ya no era “un caso más”, sino una crisis de primer nivel.
El choque de versiones: móvil, pistola y disparos
El núcleo duro de la polémica está en un contraste casi insultante por lo simple: móvil frente a pistola. La versión del DHS sostiene que Pretti estaba armado, que representaba una amenaza y que la actuación del agente fue defensiva. Sin embargo, las grabaciones difundidas muestran a Pretti con un teléfono en la mano en el momento clave, y eso no es un detalle menor: es el tipo de dato que, en un juicio, en una investigación de uso de fuerza, marca el camino de toda la interpretación.
Aquí aparece otro elemento incómodo, menos “cinematográfico” pero decisivo: Pretti era propietario legal de un arma. Esa realidad ha sido utilizada para reforzar el relato de riesgo y amenaza, y a la vez abre una discusión que en Estados Unidos es casi un pozo sin fondo: portar legalmente no equivale a desenfundar; desenfundar no equivale a apuntar; apuntar no equivale a disparar; y, aun así, en una intervención caótica, esos matices se evaporan en segundos. En los vídeos, lo que se aprecia es un forcejeo en el suelo y, según reconstrucciones basadas en las imágenes, un momento en el que un agente parece hacerse con el arma antes de que se produzcan varios disparos. Es esa secuencia —el arma fuera del control de Pretti y los tiros después— la que está alimentando la indignación y la exigencia de una investigación creíble.
El caso se vuelve todavía más sensible por cómo se comunicó. Desde la administración federal se emitieron mensajes rápidos, de trazo grueso, defendiendo a los agentes y atribuyendo a Pretti intenciones violentas. La secretaria del DHS, Kristi Noem, ha sido señalada directamente por esa defensa cerrada y por el tono empleado. En paralelo, desde Minnesota se ha insistido en que hablar así, tan pronto, con la investigación sin completar, no es prudencia institucional: es una forma de fijar un relato antes de que los hechos respiren. La disputa por la verdad, aquí, no es una metáfora periodística: es una pelea por el orden de los papeles, por quién manda en la escena y por qué versión quedará estampada en el expediente.
Hay algo más: el modo de actuar en la calle. Las imágenes muestran agentes con rostro cubierto y chalecos con identificaciones generales, un tipo de presencia que, en un barrio, dispara el nervio de cualquiera. No es solo seguridad operativa; es también un mensaje visual. Minnesota sostiene que esa estética y esas tácticas han aumentado la sensación de ocupación y han inflamado el conflicto con la población y con autoridades locales.
Choque de poderes: Minnesota contra Washington por las pruebas
El conflicto dio un salto cuando la discusión dejó de estar “en la calle” y entró de lleno en los juzgados. Las autoridades estatales, a través del Bureau of Criminal Apprehension (BCA) —la agencia de investigación criminal de Minnesota—, denunciaron obstáculos para acceder a la escena y para asegurar evidencias. En lenguaje llano: Minnesota dice que intentó hacer su trabajo y que desde el lado federal se le cerraron puertas, incluso con respaldo judicial.
En ese punto, un juez federal concedió una orden de restricción temporal para impedir que el DHS manipule, altere o destruya pruebas relacionadas con el caso. Es un tipo de decisión que suena técnica, pero que en la práctica significa esto: alguien teme que los materiales cruciales —vídeos, comunicaciones, objetos recogidos, registros internos— no estén a salvo si quedan únicamente en manos de quienes están siendo cuestionados. Y cuando un juez entra así, a frenar, la crisis deja de ser solo política: se convierte en un problema institucional serio, de confianza y de legalidad.
La estructura de la investigación también ha generado fricción. En escenarios de fuerza letal con agentes federales, hay protocolos, revisiones internas, coordinación con otras agencias. Aquí, Minnesota y voces críticas han subrayado lo problemático de que unidades del propio ecosistema del DHS lideren parte del proceso, porque la percepción pública se resiente: “se están investigando a sí mismos”, se oye en la calle, aunque la maquinaria formal tenga nombres y sellos. A eso se añade que el caso Pretti llega después del caso Renee Nicole Good, donde también ha habido controversias, y donde se han publicado tensiones internas y dimisiones en entornos federales tras intentos de investigar el tiroteo. El resultado es un clima en el que cualquier paso, por técnico que sea, se interpreta como maniobra.
Minnesota no está actuando solo por orgullo o por política local; hay un trasfondo práctico: quién controla el orden público cuando el operativo es federal pero sucede en una ciudad, quién atiende a la población cuando estalla la protesta, quién asume el coste si hay heridos, quién comparece ante la prensa cuando el rumor corre más rápido que el coche patrulla. Y, sobre todo, quién responde ante una muerte en el suelo cuando el vídeo se hace viral. En Minneapolis, ese choque de mandos se ha visto como una humillación institucional: el Estado dice que se le aparta, la federación actúa como si tuviera carta blanca.
Obama, Greene y Trump: tres reacciones, un país a golpes
En este tipo de crisis, lo normal sería que un expresidente midiera cada palabra y se limitara a un pésame limpio. Barack Obama rompió ese guion. Su comunicado, difundido públicamente, arranca con una frase sobria —“una tragedia desgarradora”— y enseguida cambia de carril: lo presenta como “una llamada de atención” y habla de valores fundamentales “cada vez más amenazados”, sin importar el partido. Reconoce que los agentes federales de inmigración tienen un trabajo difícil, sí, pero insiste en que se les exige cumplir la ley y actuar con responsabilidad. Y remata con una acusación directa sobre Minnesota: “no es lo que estamos viendo… estamos viendo lo contrario”, una frase que, en boca de un expresidente, pesa como una piedra mojada.
Obama describe un patrón: agentes enmascarados, operaciones agresivas, una sensación de impunidad, y el agravante de que, según su lectura, la explicación oficial se emitió sin investigación seria y parece chocar con el vídeo. No entra en tecnicismos; se queda en lo que entiende cualquiera: si hay imágenes, míralas; si hay muerte, investiga; si hay dudas, no sentencies antes. También menciona, de forma significativa, que incluso figuras que trabajaron en el primer gobierno de Trump han calificado ciertas tácticas de ilegales o crueles, una manera de pinchar la burbuja del “esto va de demócratas contra republicanos”.
En el otro extremo de la escena pública, Donald Trump ha utilizado un lenguaje de choque. Ha acusado al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey de “incitar” una insurrección y ha defendido el despliegue federal como parte de una ofensiva contra el crimen vinculado a inmigración irregular. Es un marco conocido: orden frente a caos, seguridad frente a “santuarios”. Solo que aquí la imagen no ayuda: el muerto es un ciudadano estadounidense, enfermero, y los vídeos han golpeado la narrativa oficial. Trump ha dicho que su administración está revisando lo ocurrido, pero sin conceder terreno, sin sugerir que pueda haber abuso. La política, en su estilo, no retrocede: dobla la apuesta.
Y entonces aparece Marjorie Taylor Greene, que en este episodio ha jugado una carta extraña, casi a contramano de lo que se espera de una figura tan identificada con el trumpismo. Greene pidió a los suyos y a los de enfrente “quitarse las anteojeras” y lanzó una frase que ha corrido como pólvora: que “os están incitando a la guerra civil”. Su razonamiento, expresado públicamente, se apoya en una inversión incómoda: imaginó qué habría pasado si el muerto hubiese sido un periodista pro-MAGA o un simpatizante del movimiento y, tras ser reducido y desarmado, hubiera recibido tiros. La idea no es inocente: busca activar empatía cruzada, pero al mismo tiempo normaliza el vocabulario bélico, y el vocabulario bélico, en Estados Unidos, no es literatura; es combustible.
Greene también insistió en algo que, en el caso Pretti, funciona como bisagra: portar un arma legalmente no equivale a estar atacando. En un país donde el derecho a portar armas es casi religión civil para millones de personas, esa distinción importa, y por eso su mensaje ha generado ruido incluso entre quienes no la soportan. Su intervención ha sido leída como una grieta dentro del propio campo conservador: apoyo al control migratorio, sí, pero alarma ante tácticas que, vistas en vídeo, parecen un exceso que puede volverse contra cualquiera.
El cuarto actor, menos visible pero decisivo, es el Congreso. En Washington, el caso ha intensificado demandas de responsabilidades contra Kristi Noem y ha tensado negociaciones presupuestarias. Cuando el debate entra en el dinero —financiación del DHS, partidas, condicionantes— el conflicto deja de ser solo simbólico. Ya no es “qué pasó”, sino “qué se permite que pase”, y con qué herramientas.
Mientras tanto, Minneapolis y Minnesota siguen pidiendo lo mismo con distintas palabras: que se aparten agentes, que se garantice el acceso a pruebas, que no se blinde la investigación en un circuito cerrado. Walz, en intervenciones públicas, ha acusado a responsables federales de “ensuciar” el nombre de Pretti y de intentar fijar un relato que no casa con lo que muestran las imágenes. En política, eso suele ser ruido; aquí, con vídeo, la acusación tiene filo.
Después de Minneapolis: control, verdad y calle
El caso Alex Pretti deja una fotografía durísima que va más allá de un nombre propio: un despliegue federal centrado en inmigración actuando en una ciudad con historial reciente de protestas masivas, un ciudadano estadounidense abatido en una escena registrada desde varios ángulos, y una guerra de versiones donde cada palabra es un ladrillo para el futuro juicio, la futura investigación, la futura campaña electoral. Minneapolis se ha convertido, de facto, en el lugar donde se discute cuánto margen tiene el poder federal para operar sin fricción con el Estado, cuánto puede tensarse la cuerda antes de que se rompa en la calle, y qué valor real tiene un vídeo cuando la autoridad decide contar otra historia.
También deja un rastro humano, porque detrás del acrónimo ICE y del institucional DHS hay un cuerpo en la nieve y una familia que no discute teorías, discute un hecho: su hijo ha muerto. Se ha publicado que las recaudaciones para ayudar a su entorno han crecido con rapidez y que el duelo se ha mezclado con la indignación en vigilias, concentraciones y memoriales improvisados. En Minneapolis, esos gestos tienen una estética propia: velas titilando en el viento, carteles que se humedecen, flores que se congelan por la noche y vuelven a oler por la tarde cuando el sol aprieta un poco. Es el tipo de escena que no necesita discursos para ser política.
En el plano institucional, el precedente es peligroso por dos razones. La primera es la confianza: si se percibe que un departamento federal puede bloquear investigaciones estatales o condicionar pruebas, el daño no se arregla con una rueda de prensa. La segunda es la escalada: la palabra “guerra civil” no debería entrar en el circuito normal de la política, y sin embargo ha entrado, dicha por una congresista influyente, compartida y discutida en el mismo ecosistema donde Trump acusa de “insurrección” a autoridades estatales. Es una forma de hablar que empuja a la gente a interpretar cada gesto como ataque, cada uniforme como provocación, cada protesta como amenaza.
Y queda la cuestión de fondo, la que no se resuelve con un informe técnico aunque el informe sea impecable: qué papel juega ICE en una ciudad como Minneapolis, qué límites se le exigen cuando opera con otras fuerzas federales, y cómo se garantiza que el uso de la fuerza no se convierta en una respuesta automática en escenarios caóticos. Pretti llevaba un móvil; también, según datos divulgados, tenía un arma legal. Entre esos dos objetos cabe un país entero, con su Constitución en una mano y su miedo en la otra. El problema es cuando el disparo llega y ya no hay margen para matices: lo que queda son fotogramas, órdenes judiciales, declaraciones políticas y una ciudad que, otra vez, vuelve a mirar al suelo para contar casquillos.
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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, RTVE, La Vanguardia, Cadena SER, Medium, CBS News, The Independent, The Guardian.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/obama-estalla-y-acusa-a-ice/
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