La gobernanza deportiva en Ecuador atraviesa una de sus peores crisis en años, con tensiones que han escalado desde las elecciones del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) en mayo de 2025. Este conflicto, que combina disputas políticas, jurídicas y administrativas, amenaza con impactar gravemente al movimiento olímpico nacional y, por ende, al futuro de los atletas ecuatorianos.
El pasado 15 de enero, la sede del COE en Guayaquil fue parcialmente intervenida por personal de la Federación Deportiva del Guayas (FEDEGUAYAS), un acto que el COE calificó como «vergonzoso» e «ilegal». Según las autoridades del Comité Olímpico, esta intervención no tiene base legal y podría derivar en sanciones internacionales, incluida la exclusión de Ecuador de eventos clasificatorios y pruebas previas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Durante una conferencia de prensa, el secretario general del COE, John Zambrano, junto con el tesorero Fernando Ibáñez y el asesor legal Francisco Moreno, denunciaron que FEDEGUAYAS busca terminar unilateralmente el contrato de comodato firmado en 1982, el cual aún tiene seis años de vigencia. Moreno enfatizó que ambas entidades son personas jurídicas privadas y, por lo tanto, no tienen la facultad para resolver contratos sin una declaración judicial.
La presidenta interina de FEDEGUAYAS, María Eduarda Fuentes Choez, y el administrador Washington Guerrero Lara han sido señalados como responsables de liderar esta intervención. Según Moreno, estas acciones son una violación del estado de derecho. Mientras tanto, FEDEGUAYAS ha colocado candados en los accesos a la sede olímpica y cámaras frente a las oficinas administrativas del COE. La Federación argumenta que actuó debido a las dificultades financieras del COE para garantizar el mantenimiento y servicios básicos del edificio.
El trasfondo de esta crisis tiene sus raíces en las elecciones del COE realizadas en mayo de 2025. Jorge Delgado fue reelegido como presidente con 37 votos frente a los 33 obtenidos por Roberto Ibáñez. Aunque el proceso electoral fue validado por observadores internacionales, el Ministerio del Deporte —bajo la dirección del propio Ibáñez desde entonces— se ha negado a registrar la junta directiva electa. Esto ha generado un estancamiento institucional que ha durado meses.
Ibáñez argumenta que la reelección de Delgado viola el artículo 151 de la Ley del Deporte y un dictamen emitido por la Procuraduría General en 2023. No obstante, el COE sostiene que la normativa vigente permite la reelección bajo ciertas condiciones y que el dictamen no tiene jerarquía suficiente para invalidar lo establecido en la ley.
Francisco Moreno subrayó que el marco legal ecuatoriano establece una jerarquía clara: primero la Constitución, luego las leyes, seguidas por los reglamentos. En este contexto, aseguró que la elegibilidad de Delgado se ajusta a las normativas legales y que cualquier interpretación contraria carece de fundamento jurídico.
El conflicto ha tenido consecuencias directas para los atletas ecuatorianos. La falta de reconocimiento oficial de la junta directiva ha llevado a la suspensión de financiamiento estatal al COE. Esto provocó el cierre temporal de departamentos clave como el médico y metodológico a principios de enero. Mientras tanto, algunas federaciones deportivas y el Ministerio del Deporte han intentado encontrar soluciones alternativas para apoyar a los atletas.
El exmaratonista olímpico Franklin Tenorio criticó esta situación, afirmando que los atletas están siendo utilizados como «rehenes» en una disputa política. Además, señaló que muchos deportistas temen expresar sus opiniones por posibles repercusiones. «Quienes lideran deben ser éticos y dar ejemplo, respetando ante todo la Constitución», afirmó Tenorio.
El Comité Olímpico Internacional (COI) y otras organizaciones internacionales han sido informadas sobre la situación desde las elecciones de 2025. Si las tensiones persisten, Ecuador corre el riesgo de ser suspendido del ciclo olímpico, lo que incluiría su exclusión de eventos clave como los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá.
Ante este panorama, el COE ha tomado medidas para mitigar los efectos negativos en los atletas. Ha iniciado consultas con organismos internacionales para garantizar las inscripciones y pagos necesarios para competir en eventos internacionales. Sin embargo, sin una solución institucional clara, los deportistas enfrentan un futuro incierto: aunque puedan ser admitidos en competencias internacionales, carecerán del apoyo logístico necesario para participar en condiciones adecuadas.
Los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo del deporte ecuatoriano. Etapas importantes del calendario deportivo están programadas entre enero y abril, y la falta de resolución podría comprometer seriamente la preparación y participación de los atletas.
En este contexto, queda claro que se necesita una solución urgente y definitiva al conflicto entre el COE, FEDEGUAYAS y el Ministerio del Deporte. La comunidad deportiva espera que prime la sensatez y se prioricen los intereses de los atletas, quienes son los más afectados por esta crisis. Mientras tanto, el escrutinio internacional sobre Ecuador aumenta, y con él también crece la presión para resolver este impasse antes de que sea demasiado tarde.
