Las empresas navieras llevaron a la Justicia una tasa de US$2,10 por pasajero que se cobra en las fronteras acuáticas.
El gobierno anterior, a través de un decreto del Poder Ejecutivo emitido en enero de 2024, estableció la obligación de cobrar una tasa fluvial a los pasajeros que utilizan los servicios de transporte marítimo desde y hacia el país. El objetivo declarado de esta medida fue generar financiamiento específico para el Sistema Integral de Gestión Migratoria (Sigmu), un nuevo esquema de control fronterizo que involucra la informatización y modernización de los puntos de ingreso y egreso del territorio nacional. La normativa fijó el monto de este cargo en 2,10 dólares estadounidenses más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por cada viajero, conceptualizándolo como un «precio por servicio de seguridad».
La implementación de esta tasa fluvial estaba programada para comenzar en febrero de 2025. Sin embargo, las dos principales empresas operadoras de la ruta entre Uruguay y Argentina, Buquebus y Colonia Express, decidieron no acatar la disposición. Ambas compañías no solo se abstuvieron de incorporar el cobro a los precios de sus pasajes, sino que también interpusieron recursos legales ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), cuestionando la legalidad y la equidad del decreto que la instauraba. El conflicto entre la autoridad estatal y las empresas navieras se mantiene vigente, sin una resolución judicial definitiva.
Las argumentaciones de las empresas se centran en varios aspectos. En primer lugar, sostienen que es desproporcionado que el costo completo de un sistema que beneficiará a todas las fronteras del Uruguay recaiga exclusivamente sobre el transporte fluvial y, por ende, sobre sus pasajeros. Adicionalmente, existió un desacuerdo contractual respecto a la compañía Veridos, la firma designada por el gobierno para prestar los servicios tecnológicos del sistema migratorio. Las navieras alegaron que esta no cumplía con lo pautado inicialmente, lo que constituyó otra de las bases para su oposición y su negativa a ejecutar el cobro.
Buquebus y Colonia Express vs. gobierno: la batalla por la tasa migratoria
«Es injusto que solamente las empresas de transporte fluvial tengamos que pagar una tasa para la informatización de todas las fronteras del Uruguay», dijo el gerente general de Colonia Express en Uruguay, Gastón Barreiro, a El Observador en los últimos días de 2025. Esta declaración resume el núcleo del rechazo del sector privado. Las compañías plantearon formalmente en sus recursos que la tasa fluvial representaría un aumento significativo en sus estructuras de costos, un incremento que, consideran, debe ser absorbido por la administración pública dada la naturaleza del servicio que se financia, que es de interés nacional y de seguridad.
La medida generó polémica desde su anuncio, evidenciando también divergencias dentro del gobierno de la época. Un mes después de la firma del decreto, el entonces ministro de Turismo, Tabaré Viera, explicó que la decisión había sido tomada por el Poder Ejecutivo «en base a una necesidad de financiamiento» del Sigmu. No obstante, aclaró que la iniciativa no había provenido de su cartera. Paralelamente, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, realizó señalamientos en la misma línea, deslindando la responsabilidad de su oficina en la gestación de la política.
«No tuvimos nada que ver, ni en la gestación, ni en el proyecto, ni en nada«, afirmó Olaizola en febrero de 2024. Indicó que el ministro de Transporte de entonces, José Luis Falero, «solo firmó el decreto» debido a que el tema estaba vinculado al transporte marítimo. Estas declaraciones públicas de altos funcionarios revelaron una falta de consenso interno en el gabinete sobre el origen y la conveniencia del instrumento de financiamiento elegido, incluso antes de que las empresas presentaran sus objeciones formales.
La tasa fue impugnada ante el TCA
El propio exministro Viera reconoció en su momento que el cobro del tributo podría tener un impacto en el turismo, uno de los sectores económicos más sensibles para Uruguay. Esta preocupación no fue suficiente para modificar la medida durante aquella administración. Con el cambio de gobierno ocurrido a partir de 2025, la situación entró en un estado de expectativa. Las empresas Buquebus y Colonia Express continuaron sin aplicar la tasa fluvial a la espera de definiciones, mientras el recurso ante el TCA sigue su curso procesal.
La postura de la nueva administración comenzó a delinearse a través de declaraciones de sus jerarcas. La subsecretaria de Turismo, Ana Caram, se refirió al tema en una entrevista radial y televisiva. Al ser consultada sobre si el gobierno actual planeaba mantener, derogar o modificar la tasa fluvial, su respuesta fue escueta: «Hoy se mantiene lo que está». Caram agregó que «en todos los lugares uno tiene tasas turísticas por determinados servicios», y según su perspectiva, este tipo de pagos no modifica la decisión final de los viajeros a la hora de elegir destinos turísticos uruguayos.
Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, adoptó una posición más cautelosa en declaraciones previas. Prefirió no hablar específicamente sobre la tasa fluvial «habiendo un recurso de las dos empresas». Sin embargo, utilizó la oportunidad para referirse a otros gravámenes similares, como la tasa turística que aplica la Intendencia de Montevideo. «Es de US$ 1 por día por persona y un turista no declina venir a un destino por eso. Y si esa tasa se la dedica, como lo piensa hacer la intendencia, a reinvertirlo en turismo a mi me parece muy bien», expuso Menoni.
Críticas al funcionamiento de Migraciones
Más allá del debate sobre la tasa, el gerente de Colonia Express, Gastón Barreiro, formuló críticas a Migraciones por el funcionamiento concreto del nuevo sistema. Señaló que el Sigmu, que comenzó a implementarse en septiembre de 2024, presenta fallas operativas que afectan la eficiencia en el puerto de Colonia. «No se terminó de instalar al 100%, va lento y hay equipos que no funcionan», indicó. Estos problemas técnicos se suman a la nueva operativa que incluye controles de biometría, los cuales, según la empresa, ralentizan el proceso de embarque.
«Hace que los tiempos de paso de un pasajero en condiciones normales se tripliquen«, expresó Barreiro. Durante los días de alta demanda a fines de diciembre de 2025, estas demoras se hicieron particularmente evidentes. Se registraron retrasos de entre 40 y 50 minutos en la salida de los barcos, atribuidos al cuello de botella formado en los puestos de control migratorio. Para una travesía que dura aproximadamente una hora entre Colonia y Buenos Aires, una demora de similar magnitud en el embarque representa un grave inconveniente operativo y de servicio al cliente.
«En un viaje que dura una hora (Colonia / Buenos Aires), que el barco salga prácticamente una hora después demorado por Migraciones es una picardía porque es casi el mismo tiempo», concluyó el empresario. Estas observaciones plantean un contraste entre la inversión y el financiamiento buscado a través de la tasa fluvial, y la efectividad tangible del servicio de control fronterizo que se ofrece a los pasajeros y a las propias compañías navieras. La situación permanece en un punto muerto, con una tasa oficialmente vigente pero no cobrada, un recurso judicial pendiente y un sistema migratorio cuyo desempeño es cuestionado por los principales usuarios afectados por la medida.
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