Legado económico y social del gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay sigue siendo debatido al día de hoy. Pero los números no mienten.
El gobierno de Luis Lacalle Pou, que asumió en marzo de 2020, enfrentó una serie de desafíos económicos y sociales excepcionales desde su inicio. Este período incluyó la pandemia de COVID-19, que generó una crisis sanitaria y económica global, y una severa sequía en 2023 que impactó significativamente en la producción.
La administración intentó implementar como pilares de su gestión políticas de disciplina fiscal y apertura comercial. Los indicadores económicos muestran variaciones complejas en áreas fundamentales como el déficit fiscal, el crecimiento del PIB y la deuda pública. Datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y de organismos internacionales proporcionan los detalles para un análisis de estos aspectos. Paralelamente, la evolución de la pobreza y la desigualdad también se analizan en informes del Banco Mundial y otras fuentes especializadas, completando una visión multidimensional del quinquenio.
El contexto heredado fue uno de desaceleración económica. La administración anterior, del Frente Amplio, había mantenido políticas progresistas durante 15 años, pero al final de su ciclo se señalaban déficits crecientes y una productividad estancada como puntos críticos.
Durante la campaña electoral de 2019, la entonces candidata y futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, alertaba sobre la fragilidad de las finanzas públicas y prometía una gestión que redujera el déficit, bajara la carga impositiva y gestionara mejor los recursos, planteando recortes de gasto por unos 900 millones de dólares anuales. El escenario internacional también presentó retos, con una situación muy favorable en los términos de intercambio —con precios de exportación excepcionalmente altos— pero también con un deterioro competitivo frente a Argentina durante 2022 y 2023.
Para empezar, el déficit fiscal se mantuvo en niveles similares a los de 2019. En ese año, el déficit fue del 4.3% del PIB. En 2024, cerró en el 4.2% del PIB. La administración eliminó el déficit primario en 2022. La regla fiscal de 2020 limitó el endeudamiento neto. Críticos mencionan pasivos flotantes estimados en casi 1,000 millones de dólares. Fuentes como el Center for Economic and Policy Research indican recortes en gasto social.
Un análisis del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) señala que a poco de finalizar el mandato, los datos revelan una expansión del gasto público como proporción del PIB y un incremento de la presión fiscal, con un resultado del Sector Público Consolidado virtualmente idéntico al de 2019. Esto ocurrió a pesar de que, en dólares corrientes y luego de descontar gastos extraordinarios por la pandemia y la sequía, el gasto público se expandió en una cifra cercana a los 900 millones de dólares.
Los resultados fiscales y el gasto público
El equipo económico puso mucha confianza en el diseño de una nueva regla fiscal basada en el Resultado Fiscal Estructural (RFE), destinada a un manejo más transparente. Sin embargo, no se cumplió a cabalidad con la meta comprometida. En 2024, se incumplieron las tres metas establecidas: no se alcanzó la meta del RFE, el aumento del gasto primario se ubicó muy por encima de lo planificado, y fue necesario aumentar el tope de deuda pública autorizado por el Poder Legislativo.
De hecho, en tres de los cinco años de la administración se recurrió a aumentar el tope de deuda respecto a lo planificado, utilizando cláusulas de excepcionalidad previstas para enfrentar la emergencia sanitaria o la crisis energética, y en 2024, también por motivos del ciclo electoral. El gasto social, como porcentaje del PIB, mostró una trayectoria descendente, cayendo del 28% en 2020 al 24.5% en 2023.
El crecimiento económico promedio fue del 1.3% anual entre 2020 y 2024. En 2020, hubo una contracción del 7.4% debido a la pandemia. En 2021 y 2022, se registraron rebotes del 5.6% y 4.7%. En 2023, el crecimiento fue de apenas el 0.4%, afectado principalmente por la sequía. En 2024, alcanzó el 3.1%. El PIB per cápita se situó en alrededor de 23,000 dólares.
Este desempeño magro, con un crecimiento promedio anual de apenas alrededor del 1% en el quinquenio, es señalado por los analistas como uno de los factores que explican los resultados en las finanzas públicas. La economía uruguaya bajo el mandato de Lacalle Pou registró un crecimiento acumulado de aproximadamente 11.86% entre 2020 y 2024. Este dato refleja la recuperación post-pandemia, pero también el impacto severo de factores externos como la sequía. El desempleo se ubicó en 8.1% al final del período.
Evolución de la deuda pública y sostenibilidad
La deuda pública aumentó del 60% del PIB en 2019 al 68% en 2020. En 2024, se estabilizó entre el 65% y el 70%. Uruguay figura entre los países con mayor deuda per cápita en América Latina. Agencias calificadoras como Fitch y S&P mantienen calificaciones BBB con perspectivas estables. Los esfuerzos de desdolarización de la deuda elevaron la proporción de deuda en moneda local al 54%.
Los datos más recientes muestran que, para noviembre de 2024, el nivel de endeudamiento público creció más de 10 puntos del PIB respecto a 2019, considerando tanto la deuda bruta como la neta. La deuda bruta del Gobierno Central equivalía al 60% del PIB, elevándose al 71% si se considera el Consolidado del Sector Público. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda neta se situó en 52.9% del PIB en diciembre de 2024.
Políticas como la Ley de Urgente Consideración buscaron impulsar inversiones en sectores clave como celulosa y carne. Pronósticos del Fondo Monetario Internacional para 2025 indican un crecimiento esperado del 2.5% al 2.8%. Entre los problemas estructurales que persisten se incluyen una población envejecida y una baja productividad.
El equipo económico no logró mejorar el déficit fiscal y deja a la nueva administración un nivel de deuda pública sustancialmente mayor al existente en 2019. La actual situación de las finanzas públicas es el resultado de magros registros de crecimiento, incrementos del gasto por acontecimientos imprevistos (pandemia y sequía), y aumentos sustantivos del gasto atribuibles al comportamiento asociado al ciclo electoral.
Indicadores sociales: pobreza y desigualdad persistente
La tasa de pobreza nacional fue del 9.1% a principios de 2024, comparada con el 8.8% de 2019. Usando métricas multidimensionales, el 18.9% de la población enfrentó privaciones. La pobreza en niños menores de 6 años alcanzó el 32.2%. Los grupos de afrodescendientes y las áreas rurales muestran tasas de pobreza más altas. La indigencia afectó a 4 de cada mil personas, comparado con 2 de cada mil en 2019.
El Banco Mundial también reporta cifras de pobreza, utilizando la línea de 8.30 dólares por día en paridad de poder adquisitivo, ubicándola en 5.9%. Datos para 2025, ya bajo una nueva administración, indican que el número de personas bajo la línea de pobreza por ingresos se ubicó en 17.7% en el primer semestre.
El coeficiente Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0.39 en 2019 a 0.40 en 2024. Los ingresos del 10% más rico de la población aumentaron un 8% entre 2019 y 2022, mientras que los ingresos del 50% más pobre disminuyeron un 16% en el mismo período. Los salarios reales crecieron un 3.1% en cinco años, lo que representa el menor registro desde 2004.
A pesar de una evolución positiva en indicadores laborales hacia finales del período, con una reducción del desempleo y una leve recuperación del salario real, la pobreza se mantuvo en niveles elevados. Las transferencias condicionadas de efectivo llegaron a grupos vulnerables y el empleo alcanzó niveles posteriores a 2015, pero los ingresos reales subieron solo modestamente desde 2023.
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