Al menos 50 presos del sistema penitenciario venezolano han sido trasladados a lugares desconocidos. Las familias exigen respuestas
Antes del amanecer, Jesús Ramos se arrodilló, le puso un anillo de hilo en el dedo a Victoria y le pidió que se casara con él.
“Fue un sí fácil”, dijo ella este mes.
La pareja se fundió en un largo abrazo. Luego, Ramos, un ex oficial de la Guardia Nacional Venezolana, se despidió y se entregó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Era 2020, se había sumado a un intento fallido de derrocar al líder autoritario y llevaba más de un mes escondiéndose de las fuerzas de seguridad.
Lo enviaron a Jesús El Helicoide, la infame prisión de Caracas dirigida por la principal agencia de inteligencia del régimen, donde la pareja se casó. Durante años, ella lo visitó allí un día a la semana.
Luego, en julio pasado, lo trasladaron sin previo aviso a una instalación no revelada. Victoria no ha sabido nada de él desde entonces.
Durante una docena de años bajo el mandato de Maduro, el Estado socialista de Venezuela detuvo a miles de presos políticos. Cuando las fuerzas especiales estadounidenses lo capturaron el 3 de enero, según el grupo de asistencia jurídica Foro Penal, al menos 800 permanecían detenidos sin juicio ni acceso a un abogado.
Desde entonces, la vicepresidenta y sucesora interina de Maduro, Delcy Rodríguez, ha comenzado a liberar a algunos de ellos en lo que ha descrito como un gesto de buena voluntad hacia Washington.
“El mensaje es muy claro”, dijo. “Es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento en medio de la divergencia y la diversidad política ideológica”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, dijo que se liberaría a una “cantidad significativa”.
Pero Ramos forma parte de un grupo más reducido: los aproximadamente 50 detenidos que han desaparecido dentro de la red de prisiones del régimen, y cuyos familiares no saben dónde están ni qué les ha ocurrido, ya que las autoridades se niegan a darles información al respecto. Mientras que algunas familias dan la bienvenida a sus padres, hijos y hermanos, otras solicitan al gobierno interino pruebas de que sus seres queridos siguen vivos.
Los defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación.
“Se debe proporcionar a los familiares información clara y oportuna sobre la suerte, el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos, así como garantizarles el acceso y las visitas periódicas», declaró la semana pasada la Misión de Investigación de las Naciones Unidas para Venezuela. “La detención prolongada en régimen de incomunicación, una violación de los derechos humanos a la que siguen enfrentándose muchos presos, agrava el sufrimiento de las familias y debe cesar”.
“El Gobierno venezolano ha desaparecido por la fuerza a decenas de presos políticos”, afirmó Martina Rapido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch para los Andes Septentrionales. “Las autoridades llevan meses negando a los familiares de las personas detenidas cualquier información sobre su paradero o destino, lo que les obliga a recopilar fragmentos de información y rumores para saber dónde se encuentran sus seres queridos”.
La última vez que Francis Quiñonez vio a su hijo, le dijo que tenía la oportunidad de salir de Venezuela. Jhonatan Franco, un exsoldado de la Guardia Nacional, estaba encarcelado desde la Operación Gedeón, la incursión de mayo de 2020 para capturar a Maduro y a altos funcionarios del régimen liderada por un exboina verde del Ejército de los Estados Unidos y un general venezolano retirado, y Quiñonez tenía problemas económicos.
“Me dijo que me fuera, que tuviera una vida”, dijo, secándose las lágrimas. “Le dije que no, que nunca lo dejaría solo. Y me quedé”. Franco también ha desaparecido desde entonces.
Al menos 31 de los presos desaparecidos están relacionados con la Operación Gideon. El complot, en el que participaban antiguos soldados venezolanos, disidentes y al menos dos mercenarios estadounidenses, fue infiltrado y rápidamente frustrado por las fuerzas de seguridad de Maduro.
Jesús y Victoria se casaron en El Helicoide. El anuncio de que el régimen comenzaría a liberar prisioneros se produjo el día de su 34 cumpleaños. “Pensé que en este aniversario estaríamos juntos”, dijo Victoria. “Pero, como tantas otras fechas que nos han sido arrebatadas, esta es otra en la que no estamos juntos”.
El régimen afirma que ha liberado al menos a 400 presos, pero esa cifra no se refleja en los anuncios diarios.
El presidente Donald Trump, que está colaborando con Rodríguez, dijo que Venezuela había iniciado el proceso “a lo grande”.
“Espero que esos presos recuerden la suerte que han tenido de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que había que hacer”, escribió en las redes sociales.
La misión de investigación de la ONU pidió “la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. … Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que actúen con transparencia y urgencia».
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, describió las liberaciones del régimen como tácticas, no humanitarias. “Los presos son considerados propiedad del Gobierno, que los utiliza como moneda de cambio para obtener ventajas políticas y mantener el monopolio del poder”, afirmó. “La represión es la piedra angular del régimen actual”.
“¿Dónde está?“
Jesús Ramos consideraba su participación en la Operación Gedeón como un acto de patriotismo. “No quería vivir en un país donde miles de personas eran asesinadas o arrestadas”, afirmó una persona cercana a su caso. “Intentó cambiar el destino del país”. La persona habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Ramos, capitán de la Guardia Nacional, abandonó el ejército en 2019, después de que Maduro se proclamara vencedor en unas elecciones ampliamente consideradas fraudulentas. Ni la Administración Trump ni la Biden reconocieron a Maduro como presidente legítimo de Venezuela; Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2020.
Para la boda de la pareja en la cárcel, Victoria vistió una camisa blanca y una falda rojo oscuro. “Llevaba tacones”, dijo. “Al menos me lo merecía”. Él entró con su madre; ella, con su padre. Esperaban con ilusión renovar sus votos en una iglesia católica.
“Soy una mujer muy enamorada de mi marido”, dijo ella.
Victoria habló por última vez con Jesús el día antes de que desapareciera. “No dejo de imaginar nuestra boda en la iglesia”, le dijo él. “Te quiero”.
Poco después, llamaron a Victoria al Helicoide y le entregaron las pertenencias personales de Jesús. Los guardias le dijeron que lo habían enviado a otro lugar, pero no le dijeron dónde. Junto con otras familias, comenzó una dolorosa búsqueda.
“Alguien nos dijo que estaban en el Fuerte Guaicaipuro”, dijo, una instalación militar en las afueras de Caracas que fue atacada por Estados Unidos el 3 de enero.
Victoria describió el fuerte como un centro de tortura. La abogada de derechos humanos Tamara Suju ha dicho en las redes sociales que la zona de detención “se asemeja a una gran jaula para animales, donde las celdas son subterráneas, como alcantarillas, y los guardias caminan por encima de los detenidos, observándolos a través de los barrotes que forman el techo”. Un video de una visita del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, parece mostrar barrotes en el suelo y a un oficial mirando hacia abajo.
Seis días después de que el Gobierno anunciara las liberaciones, los padres, cónyuges e hijos de los presos encendieron velas frente a El Helicoide para honrarlos. Victoria se sentó a observar desde una escalera. A pocos metros de distancia, agentes de la policía nacional y de la policía secreta detuvieron los coches que se dirigían a la prisión.
“Nadie te dice nada”, dijo Victoria. “¿Cuál es el propósito de debilitarlos así, la agonía por la que pasamos y por la que ellos pasan? Es tortura psicológica».
“Se lo han llevado. ¿Dónde está?“.
“Lloré y les supliqué”
Cuando Franco se marchó de Venezuela en 2019, le dijo a su madre que se iba a Perú. En realidad, se fue a Colombia, para entrenarse para la Operación Gideon. “Nunca me dijo lo que quería hacer”, dijo Quiñonez, pero desde el comienzo de su carrera, estaba decepcionado con el sistema. “Había cambiado demasiado”, dijo.
Quiñonez vivía en el estado de Mérida, pero viajaba con frecuencia a Caracas para visitar a su hijo. Él la llamaba desde la cárcel para decirle que estaba bien.
Luego se enteró por la familia de otro preso que un grupo había sido trasladado a otro lugar. En El Helicoide, le entregaron las pertenencias de su hijo. No ha sabido nada de él desde entonces.
Se mudó a Caracas, donde espera una llamada que no llega. Su empleador aquí cerró. Aun así, se queda.
El mes pasado, visitó el Fuerte Guaicaipuro con pan y jugo, con la esperanza de que su hijo estuviera allí.
“Cinco oficiales enmascarados con armas largas salieron hacia mí”, dijo. “Lloré y les rogué que aceptaran el pan para que mi hijo supiera que yo estaba allí, que estaba viva, esperándolo”.
Los guardias, dijo, le dijeron que se fuera.
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