Proyecto de ley de iniciativa ciudadana propone prohibir la tracción a sangre en Uruguay

Ciudadanos proponen ley para eliminar carros de tracción animal en zonas urbanas y la sustitución por vehículos a motor.
Una iniciativa ciudadana busca la aprobación de un proyecto de ley que establezca la “sustitución y prohibición de la tracción a sangre equina” en ciudades y sus alrededores, reemplazándola por vehículos autopropulsados o de tracción humana en un plazo máximo de 12 meses.
La propuesta, presentada bajo el mecanismo de iniciativa popular, argumenta que los equinos en contextos urbanos “suelen estar sometidos a condiciones de sobrecarga de peso, jornadas excesivas, deficiente alimentación, falta de atención veterinaria, exposición a temperaturas extremas, a constante ruido y estrés urbano”. Además, sostiene que la medida “mejoraría la fluidez en el tránmisto», ya que la coexistencia con vehículos motorizados “genera congestionamientos y maniobras peligrosas”.
Los puntos clave de la iniciativa
El texto del proyecto, al que tuvo acceso este medio, detalla tres ejes centrales:
-
Prohibición progresiva: Establece que, en un plazo no mayor a 12 meses, se sustituyan los vehículos de tracción animal. “Transcurrido dicho plazo, quedará prohibida la circulación por la vía pública y el uso de animales para la tracción de cualquier tipo de vehículo en zonas urbanas y periurbanas”. Durante el año de transición, los propietarios deberán hacer entrega del animal.
-
Registro Nacional: Propone la creación de un “Registro Nacional de Tracción a Sangre” donde se inscriban los equinos utilizados, con datos sobre su estado de salud, y la información de sus usuarios y propietarios.
-
Destino de los animales: El proyecto obliga al Estado a “garantizar el rescate, evaluación veterinaria, rehabilitación y destino adecuado de los equinos retirados de la actividad”. Específicamente, señala que “serán relocalizados y/o puestos en adopción, quedando prohibida su comercialización y faena”.
La iniciativa también plantea la necesidad de una “fuerte fiscalización e incorporación de sanciones” ante el incumplimiento, e incentiva a los ciudadanos a denunciar infracciones.
El proyecto se encuentra ahora en la etapa de recolección de firmas de apoyo, necesario para que sea formalmente presentado ante el Poder Legislativo y comenzar su debate parlamentario.
