Mientras el Ministerio de Ambiente defiende que la prospección sísmica offshore cuenta con “las máximas garantías de protección ambiental”, diferentes organizaciones socioambientales sostienen que el proceso avanzó sin un debate real, contradice la política de transición energética y, sobre todo, pone en riesgo la biodiversidad marina, la pesca y el turismo de nuestro país.
En diálogo con Diario La R, Déborah Díaz, técnica en Turismo y guía en naturaleza, además vocera y referente de la Asamblea Mar Libre de Petroleras recorre el origen de la Asamblea, las audiencias públicas llevadas adelante en 2025, las movilizaciones y los próximos pasos legales.
“El mar no se vende”
La imagen de cientos de personas tomadas de las manos frente al océano, replicada el pasado 6 de enero en playas de Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, San José y Colonia, sintetizó un conflicto que atraviesa al país. Bajo consignas como “El mar no se vende” y “Uruguay, su mar y sus territorios libres de petroleras”, organizaciones ambientales, vecinos, pescadores y turistas expresaron su rechazo a los proyectos de prospección sísmica 3D autorizados por el Ministerio de Ambiente a cuatro empresas: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.
La prospección sísmica offshore busca relevar el subsuelo marino mediante la emisión de ondas sonoras de baja frecuencia desde buques especializados, con el objetivo de detectar estructuras geológicas con potencial hidrocarburífero (petróleo y gas natural). Según el Observatorio Ambiental Nacional, estas ondas “se propagan en todas las direcciones” y permiten mapear el subsuelo a partir del rebote en el lecho marino. Para los colectivos ambientalistas, esa tecnología implica riesgos que no han sido suficientemente contemplados.
Asamblea Mar Libre de Petroleras
Díaz explica que el colectivo comenzó a organizarse en febrero de 2025, cuando los proyectos de exploración petrolera en el mar uruguayo comenzaron a tomar estado público.
“La Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay es una organización que se viene conformando desde febrero del 2025 por estos proyectos en nuestro mar uruguayo”. Según Díaz, el espacio surge de la articulación entre organizaciones costeras con larga trayectoria —como la Red Unión de la Costa— y personas de distintos puntos del país interesadas en la temática ambiental.
“No es solo un tema costero, es un tema a nivel nacional”, subraya. En la Asamblea participan organizaciones como Socobioma, Amigos del Océano y colectivos de departamentos tan diversos como Tacuarembó o Paysandú.
Falta de licencia social y contratos “firmados en secreto”
Uno de los reclamos es la ausencia de licencia social. Para la vocera, el rechazo ciudadano quedó demostrado en múltiples instancias formales e informales de participación. “Nos enteramos de que estos proyectos se habían firmado en secreto con Ancap y empresas petroleras cuando ingresaron al Ministerio de Ambiente para las autorizaciones ambientales previas”, señala.
Díaz recuerda que fue a partir del Acuerdo de Escazú —que garantiza acceso a la información y participación ciudadana— que la sociedad pudo conocer los detalles. Las audiencias públicas y las puestas de manifiesto, asegura, se colmaron de mensajes en contra: “Fueron cientos y cientos, miles de mensajes rechazando estos proyectos”.
También destaca la postura del sector pesquero, que manifestó su oposición al advertir posibles impactos sobre su fuente de trabajo. “Este tema no fue decidido desde la sociedad ni en beneficio de la sociedad uruguaya”, sostiene.
Audiencias públicas
La Asamblea participó en todas las audiencias públicas convocadas por el Ministerio de Ambiente, incluida la realizada el 5 de agosto de 2025 en Maldonado. Para Díaz, esa instancia fue “lamentable”.
“El lugar era muy pequeño, quedó gente afuera con frío, vinieron ómnibus de Rocha, Montevideo, Paysandú. La audiencia duró más de seis horas y no respondieron básicamente ninguna pregunta”. Según su testimonio, tanto las autoridades como las empresas evitaron dar respuestas concretas y uno de los representantes empresariales “se retiró antes de que terminara la audiencia”.
Tras el encuentro, el Ministerio envió un informe con algunas respuestas, pero para la Asamblea resultó insuficiente.
Firmas, movilización y silencio oficial
El 15 de diciembre, la Asamblea entregó más de 21.700 firmas en el Ministerio de Ambiente exigiendo la suspensión de la exploración sísmica. Ese mismo día, cientos de personas se movilizaron hacia la Plaza Independencia y la Torre Ejecutiva. Sin embargo, la respuesta oficial a la fecha no llegó.
“Todavía no tenemos ninguna respuesta del Ministerio, de ningún tipo”, afirma Díaz. Tampoco hubo contestación a un petitorio previo presentado ante Presidencia por la organización Amigos del Océano.
El Ministerio y las “garantías ambientales”
Desde el Ministerio de Ambiente se sostiene que la prospección sísmica hoy está “fuertemente regulada” y que, a partir de su incorporación al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se exigen estudios completos, monitoreos, observadores de fauna marina, ampliación de distancias de seguridad y compensaciones económicas ante eventuales afectaciones a la pesca.
Las autorizaciones otorgadas, según la cartera, incluyen restricciones estacionales entre mayo y octubre para proteger la fauna, monitoreo de ruido submarino y planes de contingencia ante varamientos de animales.
Para la Asamblea, estas garantías no alcanzan. Díaz reclama que “el Ministerio no tiene técnicos, no tiene capacidad logística ni presupuesto suficiente para controlar”. Y agrega: “Hablan de poner cuatro técnicos mirando un kilómetro desde el barco, pero científicamente eso no concuerda con cómo se propaga el sonido bajo el agua”.
“Uruguay Natural”
El debate también interpela la identidad del país. Desde la Asamblea se afirma que “la explotación petrolera y la extracción de petróleo —con pozos ya en estudio— va totalmente en contra del Uruguay Natural (campaña publicitaria turística utilizada por más de una década) y de la política de transición energética”, afirma Díaz.
A su vez, recuerda que Uruguay es reconocido internacionalmente por su matriz energética renovable y considera que la exploración petrolera “nos pone en una situación incoherente con nuestros propios logros”.
La vocera trae a colación un derrame ocurrido en agosto en la costa de Maldonado, atribuido inicialmente a una fisura en una boya petrolera. “Fue terrible: playas con hidrocarburos, pingüinos ‘empetrolados’, aves afectadas. Y fueron las ONG las que se hicieron cargo porque el Estado no tiene recursos”, denuncia. También lamenta que “si nos volvemos un país petrolero, la situación en la zona costera será muy distinta”.
La cadena humana: un gesto simbólico y político
La movilización del 6 de enero buscó amplificar el mensaje. “Fue una acción simbólica de unidad”, explica Díaz. Más de 25 playas fueron escenario de la cadena humana, con reparto de folletería y diálogo con turistas. “Mucha gente no estaba informada y no podía creerlo. La mayoría enseguida nos decía que estaba en contra”. Para la Asamblea, la acción dejó el mensaje de que “lo que firmaron está equivocado y tiene que revisarse”.
Mientras tanto, continúan las jornadas informativas en la costa y la recolección de firmas para una segunda entrega, que esperan duplicar. “No queremos un diálogo social después de encontrar petróleo; el diálogo ya lo estamos haciendo ahora”, concluye Díaz.
Desde la Asamblea Mar Libre de Petroleras aseguran que el conflicto continuará en la agenda pública durante los próximos meses, tanto a nivel social como en el ámbito judicial. Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram Mar Libre de Petroleras Uruguay, donde recibirán información sobre los puntos habilitados para firmar.
Valeria Machado
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/de-las-maximas-garantias-de-proteccion-ambiental-a-la-falta-de-tecnicos-y-presupuesto-id182010/
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