El año 2025 se acabó con un periodo de intensa actividad legislativa y asistencial en materia de Salud Pública. Lejos de la calma post-pandémica, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha visto inmerso en una dinámica de creación de nuevas estructuras, definición de protocolos de emergencia y una ampliación histórica de la protección vacunal. Sin embargo, este camino no ha estado exento de profundas tensiones políticas, particularmente en áreas tan sensibles como la detección precoz del cáncer y la coordinación territorial.
El balance de los doce meses del pasado año se resume en cinco pilares que no solo han centrado el debate sanitario, sino que redefinen la arquitectura de la salud pública. Desde la aprobación de la largamente esperada Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) hasta el paso hacia adelante de varias comunidades autónomas para inmunizar a los adultos frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), 2025 ha sido el año en que la prevención y la preparación tomaron el centro del escenario.
Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP): El nacimiento prolongado de un eje estratégico
La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) se consolidó formalmente como ley en 2025, culminando un proceso legislativo que fue «largo, accidentado y marcado por giros de guion». La norma, aprobada definitivamente en el Congreso el 22 de julio de 2025 y publicada en el BOE el día 30 del mismo mes, representa un hito crucial en la modernización del sistema sanitario español.
La AESAP nace con la misión de ser el centro neurálgico de la vigilancia epidemiológica, la evaluación científica y la coordinación entre territorios frente a crisis sanitarias. Responderá a las debilidades puestas de manifiesto durante la pandemia de COVID-19 y a las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS y el ECDC. Su competencia principal será anticipar, preparar y responder de manera más eficaz a las emergencias.
No obstante, su puesta en marcha ha sido más lenta de lo previsto. Aunque el Ministerio aspiraba a tenerla plenamente operativa en el primer semestre de 2026, el retraso en el inicio del proceso de selección de la sede ha sido significativo. El Consejo de Ministros no aprobó el acuerdo para iniciar formalmente la determinación de la sede hasta el 18 de noviembre, casi dos meses después de la fecha prevista.
La contienda por la sede
El proceso de descentralización de la sede, gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha encendido una intensa carrera entre comunidades. Con la publicación de los criterios de selección en el BOE en diciembre, se abrió formalmente el plazo de un mes para que las candidaturas presenten sus propuestas.
Ciudades como Zaragoza y Granada han sido las más vocales en la defensa de sus candidaturas. Aragón se muestra «muy optimista» basándose en su ubicación estratégica, la solidez de su sistema de salud pública y su ecosistema investigador. Por su parte, la Junta de Andalucía destaca a Granada por albergar la única Escuela de Salud Pública, con 40 años de trayectoria alineada con las funciones de la futura Agencia.
Mientras el Gobierno ha declarado el procedimiento de urgencia, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, salvo el de presentación de candidaturas. Sin embargo, la concatenación de informes, dictámenes y la decisión final del Consejo de Ministros confirman que la sede no se desvelará antes de febrero de 2026, desbaratando la aspiración inicial de tenerla lista en diciembre de 2025.
El debate político: independencia y funcionalidad
La creación de la AESAP generó fricciones hasta el último momento. El PP logró incorporar al texto legal tres enmiendas clave, relativas al nombramiento del director, la colaboración con el sector farmacéutico en emergencias y la incentivación de la innovación incremental en medicamentos. A pesar de permitir su avance en el Senado mediante la abstención, el PP ha criticado la falta de independencia técnica y financiera, advirtiendo que, sin ella, la agencia podría convertirse en un mero ‘chiringuito’ político. Por su parte, el PSOE defendió la ley como necesaria y largamente prevista desde 2011, asegurando que el nombramiento del director ya se rige por mérito y capacidad.
Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud
En paralelo a la construcción de la AESAP, el Ministerio de Sanidad puso en audiencia pública en septiembre de 2025 el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud. El objetivo de este documento es establecer un marco de actuación que permita al sistema sanitario anticiparse, detectar y responder con agilidad ante futuras crisis de salud pública, ya sean biológicas, químicas, ambientales, nucleares o radiológicas.
El Plan introduce la figura de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN). Esta será declarada por el titular de Sanidad tras el dictamen de la AESAP y en coordinación con el Consejo Interterritorial (CISNS). Una vez declarada la ESPIN, se activarán actuaciones coordinadas de carácter obligatorio en todo el SNS, respaldadas por un grupo asesor multidisciplinar que se constituirá en menos de 48 horas.
Para asegurar la cohesión territorial, el Real Decreto establece la obligación de que todas las comunidades autónomas elaboren sus propios planes de preparación y respuesta en un plazo máximo de un año, incluyendo la planificación de recursos humanos y materiales, y reservas estratégicas.
Sin embargo, el anuncio del Plan suscitó críticas inmediatas, especialmente desde el PP, que lo consideró insuficiente por no venir acompañado de una ‘Ley de Pandemias’ que otorgue seguridad jurídica al marco de actuación. También causó roces la incongruencia de publicar un plan de preparación, cuyas competencias deberían recaer en el Centro de Coordinación de Emergencias de la AESAP, cuando la Agencia aún no está configurada ni tiene reglamento.
Mientras tanto, algunas comunidades como Madrid se adelantaron, anunciando su propio Plan de Preparación y Respuesta, acusando al Gobierno central de ir «a rebufo, sirviéndose de las comunidades autónomas».
Tratado Mundial frente a Pandemias
En 2025, los países miembros de la OMS cerraron un acuerdo considerado histórico para crear un tratado internacional que refuerce la prevención, la preparación y la respuesta ante futuras pandemias. El consenso llegó tras más de tres años de negociaciones intensas y con la idea de evitar que el mundo repita los errores, desigualdades y falta de coordinación que dejó la COVID-19.
El primer gran paso se dio en abril, cuando los negociadores lograron un texto de consenso en Ginebra que debía elevarse a la Asamblea Mundial de la Salud. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró entonces que los Estados Miembros «hicieron historia», subrayando que el objetivo era construir un marco común y más equitativo para futuras emergencias sanitarias.
Ese acuerdo obtuvo finalmente luz verde en mayo, cuando la Asamblea Mundial de la Salud lo aprobó por consenso como el primer ‘Acuerdo sobre Pandemias’ de alcance mundial. La OMS lo presentó como una victoria para la salud pública y el multilateralismo, insistiendo en que reforzará la cooperación internacional, el intercambio de información y el acceso equitativo a contramedidas como vacunas, tratamientos y diagnósticos.
El tratado, además, dejó claro cuáles serán los siguientes movimientos: una de las piezas clave será negociar un sistema estable para el acceso a patógenos y el reparto de beneficios derivados de su uso. Ese mecanismo, conocido como PABS, pretende que cuando se compartan muestras o información genética, los países también compartan de forma justa los beneficios, especialmente con quienes tienen menos capacidad industrial o económica.
Tras la aprobación, la OMS pidió a los países que centren esfuerzos en completar y aplicar el anexo PABS, porque será decisivo para que el acuerdo no se quede en un texto simbólico. La lógica del tratado es sencilla: la próxima pandemia no se evitará solo con discursos, sino con compromisos claros, reglas comunes y mecanismos que aseguren rapidez, transparencia y solidaridad real cuando llegue una amenaza global.
Plan Común frente a la Gripe y otras Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)
La llegada de la temporada de virus respiratorios en el último trimestre de 2025, con el consiguiente aumento de la presión asistencial, actuó como catalizador para la consecución de un Plan común frente a la gripe y otras IRAs.
Tras semanas de tiras y aflojas, la Comisión de Salud Pública alcanzó un consenso en diciembre para adoptar un Documento Marco. Este acuerdo significativo busca definir actuaciones homogéneas para anticipar la circulación de virus como la gripe y la COVID-19. El nuevo protocolo común incluye líneas estratégicas para la vigilancia, prevención y respuesta sanitaria.
Un punto clave del consenso fue el equilibrio entre la cohesión estatal y la autonomía territorial. Aunque se estableció un marco común, fuentes de la administración madrileña confirmaron que el acuerdo respeta la capacidad de las comunidades para modular su aplicación, definiendo el ámbito de aplicación y estimando los escenarios de riesgo en función de su situación epidemiológica.
La ministra García defendió el valor preventivo de medidas como el teletrabajo o el uso de mascarillas en centros sanitarios, ya que «salvan vidas». Aunque existieron tensiones con las CCAA del PP, la Dirección General de Salud Pública de Madrid celebró que el acuerdo se alcanzara por unanimidad, integrando su propuesta de Recomendaciones de Actuaciones.
La crisis y el refuerzo de los cribados
El debate en Salud Pública se vio sacudido en el otoño de 2025 por la crisis de los cribados, desatada tras detectarse fallos en los diagnósticos de mamografías en Andalucía. Este evento, calificado por la ministra Mónica García como la «punta del iceberg» de un problema estructural en ciertas comunidades, escaló rápidamente a un enfrentamiento político por la exigencia del Ministerio de recibir los datos de los programas de detección precoz.
La disputa se materializó en un ultimátum del Gobierno, que en noviembre aprobó un requerimiento formal a la Junta de Andalucía y a otros gobiernos del PP por no remitir los datos, advirtiendo que, de no hacerlo en el plazo de un mes, acudiría a la vía contencioso-administrativa. El PP, por su parte, reclamaba un Consejo Interterritorial (CISNS) extraordinario, denunciando la falta de un marco común de envío de datos y criticando las «actuaciones unilaterales» del Ministerio.
Finalmente, tras semanas de máxima tensión, el CISNS de noviembre de 2025 alcanzó un acuerdo, poniendo fin a lo que la ministra denominó un «bloqueo incomprensible». El pacto obligó a las comunidades a compartir tres indicadores básicos sobre los cribados de mama, colon y cérvix: población invitada, población que responde y población que resulta positiva/tasa de detección. Este consenso fue celebrado como una «buena noticia para quitar alarmismo» y devolver la confianza a la ciudadanía en un sistema que funciona cuando las instituciones cooperan.
Planes de choque
La crisis impulsó a las comunidades autónomas a reforzar y expandir sus programas de detección precoz, con algunos ejemplos como el lugar del epicentro de la crisis, Andalucía, que activó un ambicioso Plan de Choque dotado con 101 millones de euros y la contratación de 705 profesionales para reforzar los cribados de mama, colon y cérvix. Además, el presidente Juanma Moreno encomendó la creación de una comisión multidisciplinar de expertos para trabajar en un nuevo modelo de gestión sanitaria centrado en el paciente y recuperar la confianza.
Por su parte, Comunidad de Madrid anunció la ampliación progresiva del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años, adelantando en cinco años la edad mínima de acceso. La Comunitat Valenciana se comprometió a garantizar la comunicación de los resultados de mamografías en un plazo máximo de 30 días e integró herramientas de inteligencia artificial y la renovación de 11 mamógrafos para agilizar la detección.
Otras regiones, como Galicia, anunciaron la extensión de los cribados de cérvix y colon a todos los centros penitenciarios, buscando reforzar la equidad.
El CISNS también aprovechó este periodo para avanzar, aprobando la distribución de dos millones de euros para reforzar la lucha contra el cáncer y la ampliación del cribado neonatal con 10 nuevas patologías endocrino-metabólicas, elevando el programa nacional a 21 enfermedades detectables con la prueba del talón.
En el ámbito tecnológico, Andalucía invirtió 30 millones de euros en la digitalización de los laboratorios de anatomía patológica e implementó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para el diagnóstico,, así como un sistema de automatización inteligente (IPA) con una inversión de 10,4 millones de euros para monitorizar todo el proceso desde la invitación hasta el diagnóstico. A su vez, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, asumió el compromiso de realizar todas las pruebas para el cribado de cáncer de mama en una sola jornada. Por su parte, la Comunitat Valenciana asumió el compromiso de garantizar la comunicación de los resultados de mamografías en un plazo máximo de 30 días, e introdujo la IA como apoyo en las lecturas de pruebas diagnósticas, a la par que automatizó la comunicación a través de su nueva App GVA Salut. Pulsando aquí puedes consultar todas las redacciones de las omunidades autónomas a la crisis de los cribados.
VRS: inmunización en los dos extremos de la vida
Una de las transformaciones más notables de 2025 ha sido la expansión de la protección frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el principal causante de bronquiolitis en lactantes y de infecciones respiratorias graves en mayores.
El éxito de la inmunización infantil implementada de forma pionera por varias CCAA en años anteriores, que, por ejemplo, logró reducir los ingresos hospitalarios en un 90% en Madrid y más de un 80% en la Comunitat Valenciana, impulsó una nueva y decisiva estrategia: la inmunización de adultos vulnerables.
Las CCAA pioneras
Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP lideraron esta iniciativa en 2025, incluso antes de que hubiera una recomendación nacional. Madrid se posicionó a la cabeza al ser la primera CCAA en vacunar a mayores de 60 años con perfiles de riesgo, iniciando la campaña el 15 de septiembre. La consejera Fátima Matute destacó que el objetivo era proteger a 50.000 residentes y 3.000 pacientes de alto riesgo, buscando reducir los ingresos y la afectación grave hasta en un 82%.
La Xunta de Galicia dio inicio a su nueva campaña de inmunización frente al VRS el 22 de septiembre, dirigida a lactantes (nacidos a partir del 1 de abril de 2025) y menores de 24 meses con alto riesgo. Esta protección, introducida de forma pionera en 2023, ha demostrado una gran efectividad en la región, reduciendo las hospitalizaciones en más del 90% en los niños inmunizados en campañas anteriores. A su vez, Galicia se está posicionando en la vanguardia de la investigación traslacional al impulsar, a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), el diseño de un nuevo ensayo clínico para evaluar la efectividad de la vacunación frente al VRS en personas mayores. Este proyecto, liderado por el grupo GenViP, aún está pendiente de aprobación por las agencias reguladoras y el comité ético.
Otras regiones se sumaron rápidamente a esta estrategia, incluyendo a Castilla y León, que destinó 8,5 millones de euros para vacunar a 50.000 mayores institucionalizados, y la Comunitat Valenciana, que invirtió 4,5 millones para inmunizar a 35.000 residentes mayores de 60 años y 5.000 inmunodeprimidos. La Rioja, Murcia y Extremadura también incorporaron la vacunación de mayores institucionalizados, respondiendo a la necesidad de proteger a este colectivo que presenta entre cinco y seis veces más riesgo de complicaciones graves por VRS.
La recomendación y la evidencia científica
El fuerte impulso autonómico fue finalmente respaldado por el Ministerio. En diciembre de 2025, el CISNS aprobó la recomendación oficial de vacunación frente al VRS para el Calendario de Vacunación 2026, dirigida a personas mayores institucionalizadas a partir de 60 años y a adultos de cualquier edad con condiciones de muy alto riesgo, como pacientes oncológicos, trasplantados o con VIH avanzado.
La decisión se sustenta en una sólida evidencia científica que confirma la carga significativa del VRS en adultos mayores. Estudios de efectividad en condiciones reales demuestran una eficacia de la vacuna de entre el 77% y el 83% para prevenir hospitalizaciones en adultos de 60 años o más.
Aunque la incorporación al calendario será gradual, extendiéndose desde la temporada 2026-2027 hasta la 2028-2029, el camino marcado en 2025 asegura que la inmunización frente al VRS dejará de ser una excepción para convertirse en una herramienta de protección sistemática en ambos extremos de la vida.
El 2025 ha sido un crisol donde las lecciones de la pandemia se han intentado convertir en estructuras duraderas. La salud pública ha avanzado a trompicones, entre la parálisis institucional y la acción pionera de las comunidades.
Si bien la AESAP no estará operativa hasta bien entrado 2026 debido a los retrasos en la selección de la sede, se ha sentado la base legal para que España cuente con un centro de coordinación científico estable. La crisis de los cribados, aunque dolorosa, ha servido de electroshock para forzar la transparencia y el refuerzo de programas oncológicos vitales. Finalmente, la expansión de la protección frente al VRS marca un punto de inflexión en la prevención de las IRAs, confirmando que la inversión en vacunas se revierte en calidad de vida y alivia la presión asistencial. En este 2026, el reto será lograr que estas nuevas herramientas y acuerdos se consoliden.
Marcos Yebra Fernández
Fuente de esta noticia: https://gacetamedica.com/politica/5-medidas-destacadas-salud-publica-2025/
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