ALP frenó varios créditos y concesiones a Luis Arce en 2025; con decreto 5503 Paz podrá prestarse y conceder tierras sin control en 2026 || Un asambleísta presentó una acción de inconstitucionalidad.

El asambleísta Juan Carlos Irahola ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 5503, emitido por Rodrigo Paz, argumentando que este contradice la Constitución Política del Estado.

Según Irahola, el decreto vulnera varios artículos constitucionales, afectando la explotación de recursos naturales, el régimen tributario, la aprobación de créditos y la regulación de combustibles, lo que podría llevar a una «desprotección desde un punto de vista del Estado» y dejar a los bolivianos «en un estado de indefensión».

El Decreto 5503, según Irahola, presenta contradicciones con el artículo 410 de la Constitución, que establece la supremacía de la norma fundamental.

En el ámbito de los recursos naturales, la Constitución exige la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la explotación y concesión de minerales como el litio.

Sin embargo, el decreto «prescinde de la asamblea» y otorga al ejecutivo la facultad directa de generar estas concesiones, introduciendo además contratos «fac tracks» que no requerirán más de 30 días para su efectivización.

Esto, según Irahola, facilitaría la entrada de transnacionales sin priorizar a las empresas bolivianas y las eximiría de someterse a las leyes bolivianas, generando un régimen que podría llevar a controversias en el CIADI y la pérdida de la soberanía jurídica de Bolivia.

En el sector comercial, el decreto afectaría a quienes generen un movimiento anual superior a 251.000 bolivianos, obligándolos a migrar del régimen simplificado al régimen general. Irahola señala que, dada la fluctuación de la inflación, gran parte de la población se vería afectada por esta medida.

Respecto al tema crediticio, el decreto vulnera el artículo 322 de la Constitución al permitir que el ejecutivo autorice créditos de manera directa, sin la necesidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Finalmente, la regulación de los combustibles se limitaría a seis meses, lo que, según Irahola, permitiría a las transnacionales monopolizar la importación y fijar precios a su voluntad.

Se menciona que el gasoil para vehículos también se descongelaría después de seis meses, pasando a precios internacionales, lo que podría replicar los aumentos ya observados en la gasolina y el diésel.

Irahola concluye que estas medidas generarían «mayor pobreza» y desempleo, al ir en contra de las mayorías del pueblo boliviano y permitir que el estado actúe de forma autoritaria, prescindiendo de los controles sociales y las autorizaciones de la Asamblea Plurinacional.