Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo
La tensión entre el Gobierno Nacional y las Entidades Promotoras de Salud volvió a escalar luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondiera con contundencia a los reclamos del sector por una supuesta insuficiencia en los recursos públicos destinados al sistema. “Si es tan malo, ¿por qué no se salen del negocio?”, lanzó el funcionario, en una frase que sintetiza el tono de un debate que ya desbordó los despachos técnicos y se instaló en el centro de la discusión pública.
El ministro no se limitó a la retórica. Para respaldar su postura, puso sobre la mesa cifras que, según el Gobierno, contrastan con el discurso de crisis financiera sostenido por varias EPS. De acuerdo con datos oficiales, más de 150 clínicas privadas cerraron 2024 con utilidades netas cercanas a los cuatro billones de pesos, un resultado que, en palabras de Jaramillo, obliga a revisar con mayor rigor la narrativa de desfinanciación estructural que se viene promoviendo desde algunos sectores del sistema.
Desde el Ejecutivo, el mensaje es claro: el debate no puede reducirse a un intercambio de acusaciones ni a una presión permanente por mayores transferencias estatales, sin una discusión de fondo sobre la eficiencia, la intermediación y el destino real de los recursos. La rentabilidad reportada por una parte significativa del sector privado, insiste el Ministerio, demuestra que existen márgenes económicos relevantes y que el problema no puede explicarse únicamente por la falta de dinero público.
Las declaraciones del ministro llegan en un momento particularmente sensible, cuando el país discute transformaciones profundas al modelo de salud y cuando la ciudadanía observa con preocupación el deterioro en la prestación de servicios, las demoras en autorizaciones y el cierre de clínicas en algunas regiones. En ese contexto, el cruce de cifras y declaraciones no es un asunto menor: revela una disputa de poder y de relato sobre quién asume las responsabilidades de un sistema que maneja billonarios recursos y afecta directamente la vida de millones de personas.
Para el Gobierno, la pregunta planteada por Jaramillo apunta a desnudar una contradicción central: si el negocio fuera inviable en los términos que describen algunas EPS, no se explicarían los niveles de ganancia reportados por buena parte del sector. Para las empresas, en cambio, las utilidades de ciertos actores no reflejan la situación general ni los problemas de flujo de recursos que enfrentan otros prestadores. En medio de ese choque de visiones, el país asiste a un debate que ya no es solo técnico, sino político y ético, sobre el futuro de la salud y el equilibrio entre lo público y lo privado.
Lo cierto es que las palabras del ministro reafirman la decisión del Gobierno de confrontar abiertamente a quienes cuestionan su política de financiación y de trasladar el debate a la opinión pública, apoyándose en cifras que buscan desmontar el argumento de una crisis exclusivamente fiscal. Un pulso que, más allá de los titulares, marcará el rumbo de una de las reformas más sensibles y determinantes para el país.
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