
Sucre, (ANV).- El Ministerio Público ha presentado una apelación a la decisión de un juez que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva para el exdirector distrital de redes de Chuquisaca, imputado por enriquecimiento ilícito.
Según el fiscal departamental Mauricio Nava, la comisión de fiscales considera que la decisión del juez no es correcta, a pesar de que el mismo juez acreditó la presunción de autoría y la concurrencia de dos riesgos procesales. Nava declaró que «el Ministerio Público al concurrir estos dos incisos del artículo 233, la concurrencia de estos dos riegos procesales y la autoría es que ha presentado la apelación».
El imputado se presentó voluntariamente el día viernes, luego de que la comisión de fiscales realizara un registro del lugar del hecho el lunes sin encontrarlo. El mandamiento de aprehensión fue ejecutado el mismo viernes.
La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el día de ayer, donde el Ministerio Público solicitó la detención preventiva. Sin embargo, el juez dispuso medidas menos gravosas, como la detención domiciliaria, arraigo, presentación al Ministerio Público y la prohibición de contactarse con funcionarios de IPEFB.
El juez fundamentó su decisión en la existencia de presunción de autoría y dos riesgos procesales, establecidos en el artículo 234 numeral 7 y 235 numeral 2 del Código Procesal Penal. A pesar de esto, el Ministerio Público no comparte la decisión y ha apelado, esperando que la sala penal, a través de su vocal, realice el control de legalidad y revoque la decisión.
La querella fue presentada por IEPFB, adjuntando informes de transparencia que, según la Fiscalía, demuestran indicios para una detención preventiva.
Estos informes señalan un incremento injustificado en el patrimonio del imputado, con depósitos de distintos funcionarios de IEPFB a su cuenta personal, lo cual no coincide con su declaración al ingresar a la institución. También se han identificado depósitos en el Banco Mercantil y Banco FIRA, supuestamente realizados por familiares, que el imputado deberá justificar.
Además, se han tomado declaraciones a testigos que, contrastadas con el informe de transparencia, acreditan que la conducta del imputado se ajusta al ilícito imputado. El Ministerio Público, actuando bajo un instructivo del fiscal general, ha conformado una comisión para investigar este tipo de irregularidades y presuntos hechos de corrupción.
El fiscal Nava reiteró que «el Ministerio Público respeta bajo esta independencia y esta autonomía que tiene el órgano de judicial de un juez de tomar a sus decisiones, sin embargo, al no compartir con esta decisión, reitero porque existía la concurrencia, el propio juez lo ha visto, la concurrencia de los dos incisos del artículo 233, autoría, riesgos procesales. Dos riesgos procesales disponen medidas menos graves». Se espera la decisión del vocal de la sala penal.
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