Imagen Infopresidencia
El presidente Gustavo Petro volvió a sacudir el tablero político colombiano al insistir en la validez de sus señalamientos históricos sobre el caso del Banco del Pacífico y la Hacienda San Simón, luego de que una decisión judicial afirmara que no existen pruebas que respalden tales acusaciones. Lejos de dar por cerrado el episodio, el jefe de Estado respondió públicamente que las evidencias sí existen, que fueron expuestas hace más de un cuarto de siglo y que jamás han sido desmentidas ni anuladas por autoridad alguna.
Según Petro, sus afirmaciones no surgieron de una reacción improvisada ni de una coyuntura política reciente, sino que hacen parte de denuncias formales de control político realizadas cuando era congresista, sustentadas en documentos, debates parlamentarios y publicaciones de la época. En su defensa, el mandatario sostiene que ese material permanece disponible para consulta pública y que el paso del tiempo no ha logrado desacreditarlo ni borrar su contenido.
La controversia, sin embargo, adquirió un nuevo nivel de gravedad institucional cuando un juzgado administrativo ordenó al presidente retractarse y ofrecer disculpas públicas a Luis Alberto Moreno y Roberto Moreno, a quienes Petro había mencionado en relación con el Banco del Pacífico. El fallo señala que no se ha demostrado judicialmente su participación en delitos como hurto o lavado de activos, lo que, a juicio del tribunal, obliga al jefe de Estado a corregir sus afirmaciones.
Este choque directo entre el Ejecutivo y una decisión judicial ha encendido un debate que trasciende el caso puntual y toca fibras sensibles del sistema democrático colombiano. En juego no solo está la interpretación de hechos ocurridos hace décadas, sino también la relación entre memoria política, responsabilidad institucional y los límites del discurso presidencial cuando se trata de acusaciones de corrupción. Para unos, la orden de retractación refuerza el principio de presunción de inocencia y la necesidad de rigor probatorio; para otros, plantea interrogantes sobre la forma en que el poder judicial evalúa denuncias históricas que, aunque antiguas, marcaron debates públicos relevantes.
El episodio se desarrolla en un contexto de alta polarización y desconfianza institucional, en el que cada pronunciamiento del presidente tiene un eco inmediato en la opinión pública y en los demás poderes del Estado. Mientras Petro insiste en que sus denuncias forman parte de una verdad documentada que nunca fue desmentida, la justicia subraya que, en ausencia de pruebas judicialmente válidas y actuales, las acusaciones no pueden sostenerse sin consecuencias legales.
Así, Colombia asiste a un nuevo capítulo de tensión entre política y justicia, donde el pasado vuelve a irrumpir con fuerza en el presente y plantea una pregunta de fondo: hasta dónde puede llegar un jefe de Estado al reivindicar denuncias históricas en nombre del control político, y hasta dónde debe llegar la justicia para proteger el buen nombre cuando no hay condenas que respalden tales señalamientos. Al cierre de 2025, el país observa con atención un pulso que no solo enfrenta a un presidente con un juez, sino que pone a prueba la solidez de la separación de poderes y la credibilidad de las instituciones democráticas.
carloscastaneda@prensamercosur.org
