Antonio Sanguino, Ministro de Trabajo de Colombia
En el marco de la Audiencia Pública sobre el Salario Mínimo, el Ministerio de Trabajo impulsó un ejercicio amplio y plural de diálogo social que reunió a organizaciones sindicales, trabajadores, gremios productivos y ciudadanía en general, en cumplimiento estricto del mandato constitucional y de lo establecido en la Ley 278 de 1996. El encuentro se consolidó como un espacio abierto de deliberación democrática, donde convergieron voces diversas con un objetivo común: contribuir de manera responsable y constructiva a la definición de una política salarial que responda a la realidad económica y social del país.
La jornada evidenció una visión de Estado que entiende el salario mínimo no como una cifra aislada, sino como un instrumento estructural de política pública orientado a mejorar los ingresos de los hogares, fortalecer el poder adquisitivo y avanzar de manera decidida en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Bajo esta perspectiva, el Gobierno del Cambio reafirmó su compromiso con una concepción del trabajo decente que reconoce el valor del esfuerzo laboral como pilar de la estabilidad social y del desarrollo económico sostenible.
Durante la audiencia, las intervenciones de los distintos sectores reflejaron un clima de respeto, argumentación técnica y sensibilidad social. Las organizaciones sindicales expusieron las dificultades que enfrentan millones de trabajadores para cubrir sus necesidades básicas en un contexto de presiones inflacionarias, mientras que los gremios productivos aportaron análisis sobre la productividad, la competitividad y la necesidad de preservar el empleo. La ciudadanía, por su parte, enriqueció el debate con testimonios directos que pusieron rostro humano a las cifras y recordaron que detrás de cada decisión salarial hay familias enteras que dependen de ella.
Este ejercicio de participación no solo fortaleció la legitimidad del proceso de concertación, sino que también reafirmó la importancia del diálogo social como mecanismo para construir consensos duraderos. La Audiencia Pública se convirtió así en un escenario donde la técnica económica y la justicia social dialogaron de frente, demostrando que es posible avanzar hacia acuerdos equilibrados cuando existe voluntad política y apertura institucional.
Al promover este espacio, el Ministerio de Trabajo ratificó su rol como garante de los derechos laborales y como articulador de intereses diversos en favor del bienestar colectivo. La discusión sobre el salario mínimo, lejos de reducirse a un trámite anual, se proyecta como una decisión estratégica que incide en la cohesión social, en la dinamización de la economía interna y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La Audiencia Pública dejó un mensaje claro: la política salarial es un asunto de país que exige escucha, corresponsabilidad y visión de futuro. En ese sentido, el proceso de concertación se nutre de la participación activa de todos los sectores, consolidando un camino en el que el salario mínimo se reafirma como una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más justa, con mayores oportunidades y con un desarrollo que ponga en el centro la dignidad del trabajo.
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