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El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate público con un pronunciamiento de alto voltaje político que no pasó inadvertido ni en Colombia ni fuera de sus fronteras. En un mensaje de tono frontal y sin concesiones, el mandatario cuestionó duramente a sectores del gran capital y a quienes, según él, los representan en la arena política, señalando de manera directa a la senadora María Fernanda Cabal y a su hijo, el abogado Juan José Lafaurie Cabal.
Petro planteó una crítica estructural al modelo económico y a la relación histórica entre poder político y grandes fortunas en el país. A su juicio, una parte significativa de quienes se presentan como defensores del libre mercado no encarnan los principios del capitalismo productivo, sino que actúan como herederos de una lógica feudal sostenida por el Estado. En su visión, no se trata de empresarios que compiten e innovan, sino de actores que dependen de recursos públicos, privilegios y subsidios para preservar su influencia económica y social.
El jefe de Estado fue más allá al afirmar que estos grupos no viven del esfuerzo productivo ni del riesgo empresarial, sino de un sistema que, durante décadas, habría trasladado recursos del conjunto de la sociedad hacia unas pocas manos. En un lenguaje severo, sostuvo que esa relación con el poder se ha convertido en una adicción, una dinámica que explicaría la resistencia férrea de ciertos sectores a cualquier intento de reforma social o redistribución económica.
Las palabras del presidente fueron leídas como una respuesta directa a las críticas reiteradas que la senadora Cabal y su hijo han formulado contra las políticas sociales del Gobierno, en especial contra los subsidios estatales y la intervención del Estado en la economía. La controversia adquirió mayor dimensión por el debate reciente alrededor de los créditos y apoyos agropecuarios otorgados a Juan José Lafaurie Cabal a través de Finagro, un hecho que para sectores cercanos al oficialismo evidencia una distancia entre el discurso público y las prácticas privadas de algunas élites.
Desde la oposición, el pronunciamiento presidencial fue calificado como incendiario y profundamente polarizante, señalando que este tipo de lenguaje profundiza las divisiones políticas y sociales del país. En contraste, voces afines al Gobierno defendieron el mensaje como una interpelación necesaria a lo que consideran una histórica incoherencia entre la retórica ideológica de ciertos líderes y su relación real con el Estado y los recursos públicos.
Más allá del cruce de acusaciones, el episodio vuelve a situar en el centro del debate nacional una pregunta de fondo que trasciende nombres propios: cuál debe ser el papel del Estado en la economía, cómo se distribuyen los subsidios y créditos públicos, y hasta qué punto las grandes fortunas y sus voceros políticos han construido su poder en nombre del libre mercado mientras dependen, en la práctica, del respaldo estatal. Un debate que, bajo el gobierno de Petro, sigue marcando la agenda política colombiana y proyectándose como un tema de interés regional e internacional.
carloscastaneda@prensamercosur.org
