Imagen Ministro de Educación José Daniel Rojas Medellín
La reforma a la educación superior en Colombia está a un solo debate de convertirse en ley y marcar un antes y un después en la manera como el Estado financia a sus universidades públicas. Tras superar su trámite en la Comisión Sexta y la plenaria del Senado, y recibir el respaldo de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el proyecto avanza hacia su votación final en la plenaria de esa corporación, paso previo a la sanción presidencial. De aprobarse, se trataría de una de las transformaciones estructurales más relevantes del sistema educativo en las últimas décadas, al modificar los criterios de asignación de recursos y responder a una deuda histórica con las instituciones de educación superior públicas.
La iniciativa propone una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulan los aportes de la Nación a las universidades públicas. El objetivo central es corregir un modelo de financiación que, durante años, se ha mostrado insuficiente frente al crecimiento real del sistema, el aumento sostenido de la matrícula, las exigencias de calidad y los costos asociados a la prestación del servicio educativo. En un horizonte de 15 años, el país se plantea alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto en educación superior pública, un avance significativo si se tiene en cuenta que hoy Colombia destina cerca del 0,54 % del PIB, muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se sitúa en torno al 1,4 %.
El diagnóstico presentado por el Gobierno en el Congreso fue claro: el esquema actual, atado casi exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor, no refleja la realidad financiera de las instituciones. La expansión de la cobertura, la diversificación de la oferta académica, el fortalecimiento de la investigación y las mayores exigencias de calidad han generado una brecha creciente entre las necesidades reales de las universidades y los recursos que reciben del presupuesto nacional. Como resultado, muchas instituciones han debido operar durante años con limitaciones estructurales que afectan su sostenibilidad y su capacidad de respuesta a las demandas sociales y territoriales.
La reforma introduce un cambio de fondo al establecer que los giros se calculen con base en los costos reales de cada institución y se ajusten anualmente según el Índice de Costos de la Educación Superior, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Solo en el caso de que este índice sea inferior a la variación del IPC se aplicaría este último como referencia. Además, el nuevo modelo amplía el universo de beneficiarios al incluir de manera explícita a las instituciones técnicas y tecnológicas estatales, que históricamente han recibido un apoyo limitado del presupuesto público. Hoy, apenas 18 de las 33 instituciones de este tipo cuentan con transferencias recurrentes del Gobierno Nacional.
Para estas instituciones, así como para los establecimientos públicos del orden territorial, la ley autoriza la creación de una base presupuestal en el primer año de aplicación de la reforma, financiada con recursos equivalentes al 0,05 % del PIB. El propósito es garantizar la sostenibilidad de nuevas sedes y seccionales creadas para ampliar la oferta de educación superior, fortalecer la capacidad instalada del sistema y asegurar recursos adicionales tanto para funcionamiento como para inversión. Los fondos estarán orientados al aumento progresivo del acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes de pregrado, con énfasis en la reducción de brechas territoriales y sociales, así como en el mejoramiento de la calidad y la pertinencia académica.
La destinación de los nuevos recursos también contempla el bienestar institucional, el fortalecimiento de las plantas docente y administrativa, la atención a las variaciones derivadas del régimen salarial y prestacional vigente, y el desarrollo de proyectos de infraestructura y planes integrales de calidad. La reforma establece, además, la obligación de garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos adicionales, siempre sujetos a la disponibilidad presupuestal de la Nación.
Incluso antes de su entrada en vigor, el Gobierno ha comenzado a incrementar de manera significativa el presupuesto del sector. Según cifras del Ministerio de Educación, hace tres años las instituciones de educación superior públicas contaban con cerca de 5,5 billones de pesos para funcionamiento e inversión. Para 2025, el presupuesto ascendió a cerca de 12 billones de pesos, incluyendo 1,2 billones destinados a la gratuidad incorporados en la base presupuestal. Para 2026, se proyecta que los recursos superen los 13 billones de pesos, financiados con cargo al Presupuesto General de la Nación y sin la creación de nuevos impuestos. Con la implementación plena de la reforma, el sistema podría recibir en 2027 alrededor de un billón de pesos adicionales para ampliar su capacidad en cobertura, calidad, investigación y regionalización.
El ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, ha subrayado que la reforma es clave para cerrar una brecha que se ha profundizado durante más de dos décadas. Entre 2000 y 2023, la matrícula en las instituciones públicas creció un 176 %, mientras que las transferencias de la Nación solo aumentaron un 62 % en términos reales. Esta desproporción explica buena parte de las tensiones financieras del sistema y refuerza la urgencia de un nuevo modelo de financiación. El impacto esperado se reflejaría en un aumento de la tasa de cobertura de la educación superior, que hoy se ubica en 55,38 %, lejos del 80 % que alcanzan en promedio otros países, así como en una mayor desconcentración de la oferta educativa, actualmente focalizada en regiones como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.
Para el Gobierno, la iniciativa trasciende una reforma técnica y se proyecta como un pacto de largo plazo. No en vano, el ministro la ha definido como un “Acuerdo Nacional por la Educación Superior”, construido no solo en el Congreso, sino también a partir del diálogo con universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, docentes, estudiantes y otros actores del sector. En esa visión, la financiación constituye el primer paso para transformar el sistema, garantizar un acceso más equitativo y sentar las bases de un modelo educativo capaz de responder a los desafíos sociales, económicos y territoriales del país en las próximas décadas.
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