Imagen Redes Sociales
La ausencia de respuestas claras frente a acusaciones de alto calibre y un comportamiento reiterado de irrespeto hacia otros funcionarios del mismo Gobierno han puesto a Carlos Carrillo en el centro de una controversia que trasciende lo personal y se instala de lleno en el terreno de la responsabilidad pública. En un contexto político que exige explicaciones, transparencia y coherencia institucional, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha optado por el silencio ante los señalamientos formales y por la confrontación verbal cuando se trata de sus colegas.
Hasta hoy, Carrillo no ha dado una respuesta de fondo a las advertencias hechas por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien puso sobre la mesa presuntos malos manejos y un posible entramado irregular en el Fondo de Adaptación. No se trata de comentarios marginales ni de rumores políticos, sino de señalamientos provenientes de una alta funcionaria del Ejecutivo, con responsabilidades directas en la coordinación administrativa de la Presidencia. La gravedad del asunto no solo radica en el contenido de las denuncias, sino en la falta de una explicación pública, técnica y documentada por parte del funcionario señalado.
Este silencio contrasta con la vehemencia que Carrillo sí ha demostrado para descalificar a otros miembros del actual gobierno. Su conducta evidencia una preocupante selectividad: evasivo frente a cuestionamientos que comprometen su gestión, pero contundente y ofensivo cuando se trata de atacar a colegas. El caso más emblemático es el de Alfredo Saade, a quien Carrillo se refirió de manera despectiva, calificándolo con términos impropios de un debate democrático y de un ejercicio responsable del poder. Las expresiones utilizadas no solo vulneraron el respeto mínimo entre funcionarios, sino que desconocieron de forma deliberada los resultados concretos de la gestión de Saade.
Hoy, Alfredo Saade es embajador de Colombia en Brasil, pero su paso por la Casa de Nariño dejó una huella administrativa que resulta incómoda para quienes prefieren el ruido a los hechos. Fue Saade quien destrabó uno de los contratos más sensibles y polémicos del Estado colombiano: el de los pasaportes. Durante años, este proceso estuvo marcado por la concentración en un solo proponente, la repetición automática de adjudicaciones y el manejo de recursos multimillonarios sin competencia real. En un giro histórico, esa inercia se rompió y el contrato fue adjudicado al gobierno de Portugal bajo criterios de transparencia, eficiencia y beneficio público.
Gracias a esa decisión, Colombia entrará a partir de abril del próximo año en una nueva etapa en materia de documentos de viaje. Los pasaportes serán más modernos, con mejores estándares tecnológicos, un diseño acorde con parámetros internacionales y un costo más bajo para los ciudadanos. Pero el alcance de esta transformación va más allá de la estética o el precio. La modernización de la imprenta permitirá que el país tenga capacidad instalada para producir no solo sus propios pasaportes, sino también los de otras naciones, abriendo la puerta a una oferta exportable y a un fortalecimiento real de la soberanía tecnológica. Este logro, lejos de ser reconocido, fue minimizado y caricaturizado por Carrillo con expresiones que rozan la burla y la desinformación.
Este es el momento en que @CarlosCarrilloA no ha contestado ninguno de los señalamientos de malos manejos que Angie Rodríguez le hizo. Juro por mi familia que nunca le pedí un puesto, mucho menos un contrato o estuve interesado en alguno. Toda su actuación es sospechosa y él sí…
— Armando Benedetti (@AABenedetti) December 13, 2025
El irrespeto no se limita a Saade. Carrillo ha mantenido una línea discursiva agresiva contra otros actores del espectro político y administrativo, incluyendo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien ha atacado con comentarios irónicos y descalificaciones personales en redes sociales. Este comportamiento ha sido interpretado por distintos sectores como el de un funcionario belicoso, más inclinado a la provocación que a la construcción institucional. La política pública, sin embargo, no se gestiona desde la burla ni desde la confrontación permanente, sino desde la responsabilidad y el respeto por las formas.
La tensión escaló aún más cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que la actuación de Carrillo es “sospechosa” y anunció acciones judiciales en su contra por injuria y calumnia. Benedetti ha insistido en que Carrillo no solo lo involucró sin pruebas en supuestos manejos burocráticos, sino que además ha evitado dar explicaciones sobre los cuestionamientos hechos desde el DAPRE. El ministro fue enfático al negar cualquier interés en contratos o cargos y aseguró que será la justicia la que esclarezca los hechos, al tiempo que reiteró que las verdaderas explicaciones siguen pendientes por parte del director de la UNGRD.
La confrontación entre altos funcionarios del mismo gobierno deja en evidencia un problema más profundo: la erosión de la cohesión interna y de la credibilidad institucional. Un gobierno que se presenta como alternativa ética y transformadora no puede permitirse que uno de sus directivos responda a las denuncias con silencio y a la gestión ajena con insultos. La falta de respuestas frente a señalamientos graves no se compensa con discursos altisonantes ni con ataques personales; por el contrario, los agrava.
Para quienes dicen que Carrillo es un excelente funcionario les recuerdo estas palabras del Presidente. Ante la gravedad del riesgo generado por Hidroituango reconocido y evidenciado desde el gobierno de Juan Manuel Santos no había tenido la UNGRD nadie tan obtuso como el señor… https://t.co/gr32vFJtVC pic.twitter.com/H3C5jvY4UO
— Isabel Zuleta (@ISAZULETA) December 12, 2025
Carlos Carrillo llegó a la UNGRD con la misión de sanear una entidad golpeada por el mayor escándalo de corrupción del actual mandato. Esa tarea exige no solo capacidad técnica, sino también un comportamiento ejemplar, prudencia en el lenguaje y respeto por la institucionalidad. Cuando un funcionario elige el camino de la descalificación y la confrontación constante, pierde autoridad moral para exigir transparencia y corrección a otros.
En democracia, el carácter no se mide por la agresividad del discurso, sino por la disposición a rendir cuentas. Hoy, la pregunta que flota en el ambiente político no es por qué Carrillo critica a sus colegas, sino por qué no ha respondido con claridad a los señalamientos que pesan sobre su gestión. Mientras esa respuesta no llegue, el silencio seguirá siendo más elocuente que cualquier trino, y la imprudencia seguirá cobrando un alto costo para la credibilidad del Gobierno y para la confianza de los ciudadanos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
