
De las 68.000 hectáreas dedicadas a la explotación de madera en el estado brasileño de Amazonas, 42.000 no contaban con autorización de los organismos ambientales para esta actividad, según un estudio divulgado este viernes (5) por el instituto de investigación Imazon. Esto indica que el 62% de la madera extraída en el estado es ilegal.

El estudio, llevado a cabo anualmente por la Red Simex, formada por las organizaciones ambientales ICV, Imaflora e Imazon, trazó un mapa de la extracción maderera utilizando imágenes satelitales y cruzó esta información con las autorizaciones emitidas por las agencias ambientales para dichas actividades, abarcando el periodo de agosto de 2023 a julio de 2024.
En comparación con el sondeo anterior (agosto/2022-julio/2023), cuando se talaron 38.000 hectáreas sin autorización, hubo un aumento del 9% en el área de tala ilegal.
Camila Damasceno, investigadora del Programa de Monitoreo de la Amazonia de Imazon, afirma que este aumento es sumamente preocupante porque la tala ilegal financia otros delitos ambientales, como los incendios y la deforestación.
«Además, afecta al mercado legal de madera, que extrae árboles con gestión forestal sostenible y genera empleo e impuestos para Amazonas», añade.
Respecto a la tala autorizada, las cifras para Amazonas aumentaron de 11.300 hectáreas entre agosto de 2022 y julio de 2023 a 26.100 hectáreas entre agosto de 2023 y julio de 2024, lo que representa un incremento del 131%.
Boca do Acre
Solo dos municipios del sur del estado, Boca do Acre y Lábrea, concentran el 75% de la tala ilegal en Amazonas. Liderando la lista, Boca do Acre registró 20.500 hectáreas de tala irregular, mientras que Lábrea tuvo 10.900 hectáreas.
«Estos municipios están en la región de expansión agrícola llamada Amacro, en la frontera entre Amazonas, Acre y Rondônia. Advertimos que la tala en estos territorios podría señalar una futura deforestación para acaparar tierras o para la producción de cereales y ganado, lo que refuerza la necesidad de intensificar las inspecciones en estos municipios e impedir la entrada de productos ilegales en el mercado», afirmó Camila.
Tierras protegidas
La tala ilegal, señaló la investigadora, invade áreas protegidas del estado, como tierras indígenas y unidades de conservación, lo cual es preocupante no solo por la degradación ambiental, sino también por la supervivencia de las comunidades que habitan esos lugares.
«La entrada de invasores para extraer madera de estos territorios amenaza a los pueblos y comunidades tradicionales, que dependen del bosque intacto para sostener su modo de vida», explicó Camila.
La encuesta reveló que el 13% de la tala ilegal (5.600 hectáreas) se realizó en áreas protegidas, de las cuales el 9% ocurrió en tierras indígenas (3.900 hectáreas) y el 4% en unidades de conservación (1.600 hectáreas). En comparación con el estudio anterior, que registró 6.900 hectáreas, de las cuales 6.400 estaban en tierras indígenas, se observó una reducción del 19% en la tala ilegal en zonas protegidas.
A pesar de esta disminución, la tala ilegal abarcó más de 5.000 campos de fútbol dentro de las áreas protegidas. Imazon destaca que, además de las emisiones de carbono resultantes de la degradación, también se producen pérdida de biodiversidad y conflictos sociales debido a la tala ilegal.
Las propiedades rurales registradas en bases de datos públicas, como el Registro Ambiental Rural (CAR), el Sistema de Gestión del Territorio (Sigef) y el Programa Terra Legal, abarcan 32.500 hectáreas de superficie con talas irregulares, representando el 77% del total. Según la evaluación de Imazon, estos datos indican que los organismos públicos cuentan con la información necesaria para inspeccionar y sancionar la actividad ilegal en estas áreas.
Los bosques públicos no designados (FPNDs) también destacaron en la investigación sobre la tala ilegal en Amazonas, con 3.300 hectáreas afectadas (8%). Los FPNDs son áreas forestales de propiedad pública (federal, estatal o municipal) que aún no tienen un uso oficialmente definido, como unidad de conservación o tierra indígena.
«Por esta razón, dedicar estas tierras a los pueblos y comunidades tradicionales o a la conservación es una medida urgente para proteger el patrimonio público y ambiental de los habitantes de Amazonas y de Brasil», concluyó el instituto.
Fuente de esta noticia: https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/meio-ambiente/noticia/2025-12/deforestacion-ilegal-en-amazonas-alcanza-el-62
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