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A casi cien años de la masacre que marcó para siempre la historia laboral del país, Colombia revive un episodio que parecía relegado a los libros, pero que hoy vuelve a levantar heridas abiertas. En Ciénaga, el mismo lugar donde en 1928 miles de trabajadores fueron acribillados mientras exigían condiciones dignas, el presidente Gustavo Petro trazó una línea directa entre aquella tragedia y las tensiones que aún persisten en el corazón de la industria bananera.
Frente a una plaza colmada, Petro lanzó una acusación que resonó más allá del Magdalena: la empresa responsable en ese entonces, la mítica United Fruit Company, no desapareció, sino que evolucionó bajo otro nombre. Según el mandatario, Chiquita Brands -heredera empresarial del gigante bananero- mantiene prácticas que, en su lectura, han seguido cobrando vidas de trabajadores colombianos. Sus palabras, cargadas de memoria y denuncia, devolvieron al debate público uno de los capítulos más oscuros de la relación entre capital extranjero y derechos laborales en América Latina.
En ese mismo escenario, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino reforzó el señalamiento al afirmar que las dinámicas abusivas no son cosa del pasado. Según explicó, la multinacional continúa operando en el país mientras persisten situaciones que vulneran la dignidad de quienes sostienen la industria desde el campo. La visita de inspectores oficiales a varias fincas bananeras durante los primeros días de diciembre reveló jornadas excesivas, brechas salariales que castigan especialmente a las mujeres y deficiencias graves en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las conclusiones, advirtió el ministro, evocan patrones que Colombia creyó superados.
El reporte del Ministerio del Trabajo señaló especialmente a Agroinversiones Bananeras del Caribe, donde se documentaron turnos de hasta diez horas, pagos diferenciados por género y condiciones que contravienen de forma explícita la normatividad laboral vigente. Para Sanguino, lo encontrado remite a un eco inquietante de 1927 y 1928, cuando la explotación laboral desembocó en la tragedia que todavía define la memoria colectiva de la región.
Petro, por su parte, extendió la reflexión hacia el Urabá antioqueño, recordando que entre los años ochenta y los primeros años del siglo XXI, el conflicto armado dejó un rastro de violencia contra los trabajadores del sector bananero. Según sus cálculos, cerca de tres mil personas fueron asesinadas en esa zona durante esos años, en medio de disputas en las que -aseguró- participaron actores empresariales que aún hoy ejercen influencia.
Las declaraciones del presidente, que evocan una responsabilidad histórica y actual- reabren un debate que trasciende fronteras y confronta el papel de las multinacionales en territorios vulnerables, el alcance real de la justicia laboral y la necesidad urgente de garantizar que el peso de la historia no vuelva a repetirse.
En Ciénaga, donde la memoria de la masacre es casi un paisaje, la conmemoración no fue solo un acto simbólico: fue un recordatorio de que el país sigue debatiéndose entre los reclamos de sus trabajadores y las fuerzas que moldean la economía bananera desde hace más de un siglo. Y también un llamado a examinar con rigor internacional un legado industrial que aún provoca tensiones profundas en la vida rural colombiana.
carloscastaneda@prensamercosur.org
