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El hallazgo de varios cuerpos flotando en aguas del mar de La Guajira desató una reacción inmediata desde Bogotá. El presidente Gustavo Petro pidió a las autoridades forenses de Colombia acelerar un proceso de identificación que, según advirtió, deberá desarrollarse en estrecha coordinación con Venezuela, ante la posibilidad de que estos casos estén vinculados a hechos ocurridos más allá de la línea fronteriza. Su declaración, emitida a través de su cuenta oficial, puso en alerta a los organismos encargados de la investigación y abrió un escenario de incertidumbre sobre lo que pudo haber ocurrido en esa zona del Caribe.
El mandatario aseguró que solicitó a Medicina Legal emprender con urgencia las labores de identificación y pidió que el trabajo se realice de manera conjunta con la Fiscalía venezolana. La mención a un posible bombardeo como causa de muerte generó un inmediato estremecimiento institucional, pues introduciría un elemento de alta sensibilidad en una región históricamente marcada por dinámicas complejas de movilidad, tráfico marítimo y tensiones transfronterizas. La afirmación presidencial, que no incluye aún datos concluyentes, deja múltiples interrogantes abiertos y obliga a los equipos forenses y judiciales de ambos países a desplegar una investigación exhaustiva.
Hasta ahora no se ha informado el número exacto de cuerpos recuperados ni las condiciones en las que fueron encontrados. Tampoco existen, por el momento, indicios claros sobre su procedencia o la secuencia de hechos previa a su aparición en el mar. Las autoridades locales de La Guajira, junto con organismos nacionales, han iniciado la recolección de información en campo, mientras esperan que Medicina Legal entregue un primer informe técnico una vez avance el proceso de identificación y se obtengan elementos que permitan establecer si existe relación entre estos casos y eventos registrados en aguas venezolanas.
La presencia de cuerpos en una zona marítima limítrofe, sin claridad sobre su origen ni sobre las circunstancias de su muerte, plantea un desafío diplomático y de seguridad para ambos países, que deberán contrastar datos, reconstruir trayectorias y analizar posibles escenarios que expliquen los hechos. Por ahora, el llamado del presidente evidencia la dimensión del caso y la urgencia de un esclarecimiento que no solo permita poner nombre a las víctimas, sino también determinar qué ocurrió en una de las franjas más sensibles del Caribe colombo-venezolano.
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