Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez
La plenaria del Senado se transformó en un escenario de tensión sostenida mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondía con firmeza a uno de los episodios más delicados que ha enfrentado la Fuerza Pública en los últimos meses. Con un tono que combinó indignación y determinación política, Sánchez rechazó categóricamente las presuntas filtraciones de información hacia alias “Calarcá”, un señalamiento que ha puesto bajo escrutinio la lealtad interna y la capacidad del Estado para proteger sus operaciones estratégicas. Su mensaje fue directo y contundente: dentro de las fuerzas militares no habrá tolerancia con la traición, ni espacio para cualquier conducta que ponga en riesgo la vida de los uniformados o la seguridad nacional.
El debate se desarrolló en medio de un contexto dramático. Las cifras expuestas por el ministro estremecieron a los asistentes: 158 uniformados asesinados y más de 700 heridos en lo que va del año, un balance que refleja con crudeza la intensidad de los combates, la sofisticación de los grupos ilegales y la vulnerabilidad en zonas rurales donde el Estado libra una lucha desigual. Ante este panorama, Sánchez hizo un llamado urgente al Congreso para avanzar en la regulación del uso de drones, resaltando que esta tecnología ya no es un accesorio táctico, sino un componente esencial para anticipar ataques, vigilar corredores estratégicos, reducir riesgos y salvar vidas en terreno hostil.
En uno de los momentos más tensos de la jornada, el ministro abordó con claridad la situación del general Huertas, cuya gestión ha sido cuestionada por sectores políticos y organismos de control. Sánchez no dejó margen a interpretaciones al afirmar que ningún oficial puede permanecer en un cargo estratégico si no inspira plena confianza institucional. De ser necesario -advirtió-, la separación será inmediata y sin titubeos. Esta posición, subrayó, responde a la responsabilidad de preservar la cohesión dentro de una institución que enfrenta desafíos simultáneos en seguridad rural, lucha contra economías ilegales y protección de sus propias operaciones.
Mientras el país observa con atención el curso de estas tensiones, las unidades de contrainteligencia han intensificado su trabajo silencioso y meticuloso. Sus equipos revisan comunicaciones, protocolos internos y comportamientos atípicos con el fin de detectar posibles infiltraciones o fugas de información que puedan comprometer operaciones en curso. Este proceso de revisión exhaustiva -explicó Sánchez- forma parte del esfuerzo por blindar a los miles de uniformados que arriesgan su vida a diario y que dependen, para sobrevivir, de la integridad de cada eslabón dentro de la cadena operativa.
El ministro cerró su intervención con un mensaje que resonó en el recinto: el país atraviesa un momento decisivo en materia de seguridad, y la Fuerza Pública no puede permitirse fisuras internas ni prácticas que erosionen su fortaleza. La depuración continuará con rigor, y la lealtad —más que una exigencia administrativa— será el fundamento sobre el cual se reconstruirá la confianza ciudadana en una institución que hoy opera en un entorno cada vez más desafiante.
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