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El más reciente estallido de violencia en el sur de Colombia volvió a encender las alarmas del Gobierno. Una moto bomba detonó en pleno casco urbano del municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, dejando 14 heridos, entre ellos civiles y una menor de edad. El ataque, que estremeció a esta población cafetera, llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar que su administración prepara una acusación formal ante la Corte Penal Internacional contra alias Iván Mordisco, señalado como máximo jefe de una de las principales disidencias armadas que operan en esta región.
El mandatario denunció públicamente que este atentado no es un episodio aislado, sino parte de la violencia asociada al sostenimiento del tráfico de cocaína en territorios donde grupos armados compiten por el control. “Como sus autores se dedican a cuidar el narcotráfico de cocaína, se llama narcoterrorismo”, aseguró Petro en un mensaje difundido en su cuenta oficial, subrayando que la acción responde a las estructuras criminales que buscan consolidar poder bajo la intimidación y el uso desmedido de explosivos.
Aunque las autoridades aún no han confirmado de manera definitiva la autoría del ataque, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que las primeras líneas de investigación apuntan precisamente hacia las disidencias comandadas por Iván Mordisco, lo que refuerza la decisión del Gobierno de llevar el caso a instancias internacionales. Sánchez anunció además recompensas de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables, y de hasta 50 millones por datos que ayuden a prevenir nuevos actos terroristas. Indicó también que se ordenó el refuerzo de operaciones militares y policiales en el área, así como la activación de protocolos de inteligencia, protección a la población y evacuación en zonas de riesgo.
El atentado provocó un inmediato rechazo de diversos sectores del país. La Federación Nacional de Cafeteros expresó su solidaridad con las familias afectadas y con las comunidades de Balboa, subrayando el temor que se ha instalado entre los productores del Cauca, una de las regiones cafeteras más representativas del país. Su gerente, Germán Bahamón, afirmó que el país no puede permitir que la violencia lo haga retroceder décadas en materia de seguridad e instó al Gobierno a retomar el control pleno del territorio y garantizar condiciones mínimas para la población civil.
El ataque en Balboa vuelve a exponer el grave deterioro de la seguridad en el suroccidente colombiano, donde las disputas entre facciones armadas se han recrudecido. En medio de un escenario complejo en el que se superponen economías ilegales, ausencia histórica del Estado y tensiones con grupos que se marginaron del acuerdo de paz, el Gobierno busca elevar la respuesta institucional a través de instancias internacionales como la CPI, enviando el mensaje de que los atentados contra civiles serán perseguidos con el máximo rigor de la justicia global.
En esta coyuntura, mientras las comunidades del Cauca intentan retomar la normalidad tras la explosión, el país observa con atención los movimientos del Ejecutivo y la capacidad de las instituciones para frenar una escalada que amenaza con reinstalar viejas sombras de violencia. El caso de Balboa se ha convertido en un símbolo de la urgencia por recuperar el control territorial y proteger a las poblaciones que continúan atrapadas entre los intereses de los actores armados.
carloscastaneda@prensamercosur.org
