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En un momento político especialmente delicado para el gobierno de Gustavo Petro, a tan solo ocho meses de su salida del poder, dos denuncias provenientes del núcleo más cercano al presidente sacudieron el tablero institucional colombiano. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que su teléfono habría sido infiltrado con el software de espionaje Pegasus, mientras que Angie Rodríguez, hasta ahora directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, confirmó que desconocidos irrumpieron de manera violenta en la vivienda de sus padres en Bogotá. Ambos hechos, revelados casi en paralelo, amplifican el clima de tensión que envuelve al Ejecutivo en uno de sus capítulos más convulsos.
Benedetti relató que la presunta infiltración fue detectada luego de un análisis forense al que sometió su celular. El ejercicio, conducido por un investigador privado, se extendió durante varias horas en una revisión técnica que, según el ministro, concluyó que el dispositivo había sido comprometido mediante Pegasus, el sistema israelí cuyo uso indiscriminado ha sido denunciado en distintos países y que el propio presidente Petro señaló en 2024 como un instrumento con el que, supuestamente, habrían espiado su campaña en 2022. El ministro detalló que el informe final fue entregado apenas el día anterior y que incluye un registro electromagnético que, según afirma, confirmaría la presencia del programa en su equipo personal.
La naturaleza misma de Pegasus, diseñado para activarse incluso con una simple llamada perdida y capaz de convertir un teléfono en un micrófono y cámara operables remotamente, llevó a Benedetti a subrayar que su adquisición es tan costosa —y su operación tan especializada— que suele estar en manos exclusivas de gobiernos. El perito que encabezó la revisión, Milton Cuadros, sostuvo que no existe forma de determinar quién habría ejecutado la interceptación, lo que abre un nuevo escenario de incertidumbre en un entorno político marcado por rivalidades internas, pugnas burocráticas y un creciente desgaste institucional.
Mientras la denuncia del ministro se abría paso en los medios, otra alerta surgió desde la misma Casa de Nariño. Angie Rodríguez, cuya renuncia al Dapre se confirmó la noche del martes tras semanas de tensiones internas, reveló que hombres no identificados ingresaron por la fuerza a la vivienda de sus padres. Aunque sus familiares no se encontraban allí -pues residen junto a ella en otro lugar-, la funcionaria afirmó que la casa quedó “destruida”, descripción corroborada por las imágenes de cámaras de seguridad que registraron la incursión. Rodríguez anunció que entregará más detalles públicamente, intentando clarificar un episodio que, por su oportunidad y carácter, levantó todo tipo de conjeturas dentro del Gobierno.
Estas dos denuncias emergen en medio de un reordenamiento profundo en el círculo más estrecho del presidente Petro. La salida de Rodríguez del Dapre, anticipada por múltiples fuentes oficiales, se produjo tras un enfrentamiento con el mandatario por el retorno de José Alexis Mahecha a un cargo en la estructura administrativa del Gobierno. Mahecha, quien había sido director administrativo de la Presidencia, había dejado el cargo meses atrás luego de choques con Rodríguez, pero su regreso fue avalado directamente por Petro para ocupar un cargo en la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales. La directora del Dapre, sin embargo, habría advertido al presidente que no consideraba a Mahecha un funcionario de confianza e incluso, según versiones extraoficiales, retrasó la publicación oficial de su hoja de vida, paso obligatorio en los nombramientos de la Presidencia. La situación generó malestar en el jefe de Estado, que finalmente resolvió la disputa a su favor.
El paralelo entre las tensiones internas, la abrupta salida de una de las funcionarias más cercanas al presidente y las denuncias de espionaje e intimidación abre un nuevo capítulo -uno particularmente inquietante- en el último tramo del gobierno de Petro. Lo que hasta hace poco era percibido como una lucha por cuotas de poder se ha transformado en un pulso donde aparecen ingredientes mucho más graves: vigilancia clandestina, intrusiones violentas y la sensación de que los equilibrios dentro del Ejecutivo atraviesan su punto más frágil.
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