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El Gobierno de Colombia lanzó una de las iniciativas legislativas más contundentes de los últimos años en materia de salud pública y seguridad ciudadana. Los ministros de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, y del Interior, Armando Benedetti Villaneda, presentaron ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca frenar de manera anticipada cualquier intento de introducir, desviar o fabricar fentanilo en territorio nacional, enviando un mensaje directo a la comunidad internacional sobre la determinación del país de impedir que esta sustancia se convierta en una amenaza interna.
Acompañado por una argumentación centrada en la protección de la salud pública, Idárraga subrayó que el Gobierno quiere dejar claro que Colombia no permitirá que esta droga —responsable de crisis devastadoras en otras regiones del mundo— encuentre espacio para expandirse. El ministro afirmó que se trata de un esfuerzo preventivo que aspira a cerrar la puerta a organizaciones criminales que pudieran intentar trasladar a Colombia laboratorios o rutas logísticas vinculadas al fentanilo. En ese sentido, invitó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a observar de cerca las medidas que el país está adoptando para evitar que esta sustancia afecte a la población estadounidense, enfatizando que Colombia cuenta con instituciones sólidas y una democracia fortalecida que la alejan de cualquier comparación simplista en el debate internacional sobre drogas.
La iniciativa, que propone la creación de un delito autónomo para el tráfico, fabricación, desvío o porte ilegal de fentanilo, plantea una reforma al Código Penal colombiano mediante penas que oscilan entre 11 y 30 años de prisión, además de multas que podrían superar los 80.000 millones de pesos. El proyecto contempla agravantes severos cuando se trate de hechos que involucren a menores de edad, servidores públicos, contratistas del Estado o cuando el delito se origine en centros hospitalarios, farmacias, laboratorios o instituciones educativas. También se endurecen las sanciones contra profesionales de la salud que prescriban o administren fentanilo de manera irregular, y se elevan las penas para quienes operen dentro de redes criminales u organizaciones transnacionales.
Benedetti, por su parte, recalcó que la propuesta legislativa busca cortar de raíz cualquier intento de replicar en Colombia el fenómeno observado en México, donde laboratorios clandestinos han convertido al fentanilo en un negocio de alcance global. Señaló que el país viene destruyendo laboratorios de drogas a un ritmo sin precedentes -uno cada 40 minutos- y ha alcanzado cifras históricas en incautaciones, lo que demuestra la capacidad operativa del Estado para enfrentar amenazas emergentes.
El proyecto también introduce restricciones estrictas en materia de beneficios judiciales, limitando la concesión de subrogados o sustituciones penales a los responsables de delitos relacionados con esta sustancia. Si bien se mantienen excepciones específicas, como la colaboración eficaz o casos de mujeres cabeza de familia, el espíritu de la norma apunta a elevar la capacidad disuasiva del sistema penal frente a un mercado ilícito cuya expansión el Gobierno busca neutralizar desde su origen.
Durante la presentación, Idárraga señaló que la estrategia no solo es punitiva, sino también preventiva. En su visión, la pedagogía pública será clave para explicar los riesgos del consumo y las consecuencias legales del porte o desvío de fentanilo, así como para fortalecer una cultura de alerta temprana en instituciones sanitarias, educativas y comunitarias. Tanto él como Benedetti resaltaron que el compromiso del presidente Gustavo Petro se centra en blindar los entornos donde la población es más vulnerable, desde hospitales hasta escuelas, y en consolidar una política de cero tolerancia frente al desvío de sustancias controladas dentro del sistema de salud.
El Gobierno del Cambio, con esta iniciativa, busca situar a Colombia como un referente internacional en la lucha preventiva contra el fentanilo, dejando claro que el país no está dispuesto a repetir la historia de otras naciones que enfrentaron esta crisis cuando ya era demasiado tarde.
carloscastaneda@prensamercosur.org
