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Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Economía Popular, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reafirmó el compromiso del Gobierno con la construcción de una política pública que reconozca y proteja a las trabajadoras y trabajadores que sostienen buena parte de la productividad nacional desde los territorios. El ministro advirtió que este sector, tradicionalmente relegado, constituye hoy una fuerza económica decisiva y diversa, integrada por más de 5,2 millones de micronegocios registrados por el DANE. De ellos, el 91% corresponde a personas que trabajan de manera independiente o por cuenta propia, mientras que el 9% opera bajo relaciones empleador–trabajador; una composición que revela la magnitud de los desafíos en materia de derechos laborales, acceso a servicios y formalización.
Las actividades económicas con mayor presencia en este universo productivo siguen siendo los servicios, que agrupan al 44% de estos trabajadores; el comercio, con el 24%; y la agricultura, con el 21,3%. Sectores que, pese a su peso económico, continúan enfrentando barreras estructurales para acceder a protección social, financiamiento y mejores condiciones de trabajo. Sanguino insistió en que el país ya no puede continuar postergando la solución a estas brechas y subrayó que la consolidación de una política pública robusta no solo es un acto de justicia social, sino una estrategia de desarrollo para Colombia.
El titular de la cartera laboral destacó que, desde su llegada, el Ministerio ha impulsado una ruta de fortalecimiento institucional que involucra a organizaciones sociales, entidades gubernamentales y actores territoriales. Según explicó, este esfuerzo se traduce en la construcción de la primera política pública integral para la economía popular, solidaria, social y comunitaria, una tarea adelantada en conjunto con el secretario general del Ministerio, Gersson Castillo, y su equipo técnico. Sanguino sostuvo que reconocer este sector como una economía con peso propio —y no como un ámbito marginal o de segunda categoría— es indispensable para avanzar hacia un modelo más democrático, equitativo y productivo.
En su intervención, el Ministro hizo un llamado a las entidades del Consejo para redoblar esfuerzos y garantizar que la política en construcción promueva el acceso real y efectivo a la protección social. Enfatizó que trabajadores y trabajadoras de la economía popular deben contar, al menos, con servicios esenciales como salud, pensiones y riesgos laborales, y que esta responsabilidad debe recaer principalmente sobre el Estado, y no sobre unidades productivas que a diario enfrentan enormes dificultades para mantenerse en el mercado. Recordó, además, que más de 481.000 micronegocios operan en el espacio público, donde millones de personas se ganan la vida con dignidad, pero sin redes de seguridad ni garantías mínimas.
Sanguino también reveló que el Ministerio ha iniciado inspecciones ante la creciente evidencia de que algunos vendedores ambulantes no son trabajadores independientes, sino personas subcontratadas bajo esquemas abusivos por parte de grandes empresas. Describió estas prácticas como una forma de “esclavismo moderno”, que afecta especialmente a adultos mayores de 60 y 70 años en condiciones de vulnerabilidad extrema. La meta, dijo, es poner fin a esta tercerización ilegal y avanzar hacia mecanismos de formalización y protección.
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Durante la sesión, el Ministro compartió avances recientes: intervenciones en 14 plazas de mercado con impacto directo en 3.000 trabajadores; la puesta en marcha del programa “Energía Solar para Economías Populares”, que busca reducir hasta en un 70% el costo del servicio eléctrico; y más de 760.000 personas formadas por el SENA en lo que va del año 2025. Estos esfuerzos, señaló, convergen en la construcción de un Plan Decenal y un documento Conpes que se convertirán en uno de los principales legados del actual gobierno.
Gersson Castillo, secretario general del Ministerio del Trabajo, cerró la jornada destacando que las propuestas presentadas evidencian el compromiso del país con quienes sostienen la productividad desde los territorios. Invitó a los integrantes del Consejo a mantener el impulso de un proyecto nacional que, desde la inclusión y la participación, busca transformar las condiciones de vida de millones de colombianos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
