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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevó este domingo la disputa aérea en la región a un nuevo nivel al solicitar formalmente al secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria. Su petición se produce tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien anunció el cierre total del espacio aéreo venezolano, un mensaje que desató inquietud diplomática en América Latina y provocó una inmediata respuesta de Caracas.
Petro calificó la medida como una acción “absolutamente ilegal” y advirtió a las aerolíneas del mundo que no están obligadas a acatar órdenes que no provengan del país que ejerce soberanía sobre ese territorio. Con un tono firme, instó a Trump a “retornar al respeto del orden jurídico internacional”, al que definió como un pilar construido por siglos de acuerdos multilaterales y normas destinadas a evitar la arbitrariedad en la navegación aérea.
El mandatario colombiano precisó que la instrucción de Trump solo tendría alcance legítimo para las compañías estadounidenses, recordando que ningún gobierno puede imponer restricciones sobre un espacio aéreo extranjero sin violar los principios básicos del derecho internacional. En paralelo, hizo un llamamiento a la Unión Europea para que rechace cualquier intento de normalizar una medida que, en su opinión, pone en riesgo el equilibrio diplomático en la región. “Europa debe actuar en coherencia con los compromisos alcanzados con América Latina y el Caribe. La normalización de vuelos hacia Venezuela debe ser restituida, y las empresas que desacaten sus responsabilidades deben asumir consecuencias”, expresó.
El conflicto escaló rápidamente tras el mensaje difundido por Trump en Truth Social, donde pidió considerar el espacio aéreo de Venezuela “completamente cerrado”. La publicación mencionó no solo a aerolíneas y pilotos, sino también a narcotraficantes y traficantes de personas, generando confusión sobre el propósito real del anuncio. Caracas reaccionó con un comunicado tajante, acusando a Washington de un “acto hostil, unilateral y arbitrario” y denunciando lo que calificó como una “amenaza explícita del uso de la fuerza”.
El presidente Trump solo ha ordenado a las empresas de aviación de los EEUU a no hacer sus rutas pactadas a Venezuela, su orden solo es legítima para las empresas estadounidenses.
Todas las demás empresas del mundo deben decidir de acuerdo a las normas d ella OACI, cuyo…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2025
En medio de esta creciente tensión, el principal aeropuerto venezolano, Maiquetía, opera con un número limitado de aerolíneas internacionales -Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena-, mientras líneas como Avianca, Iberia, Turkish Airlines, Gol, TAP Air Portugal, Latam y Air Europa mantienen suspendidas sus rutas desde que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta recomendando extrema precaución al sobrevolar Venezuela por el aumento de actividad militar.
El telón de fondo de este episodio es el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe en décadas. Respaldada por el portaaviones USS Gerald R. Ford y cazas F-35, la operación antidrogas impulsada por Trump ha derivado en ataques letales contra embarcaciones señaladas como “narcolanchas”, acciones cuestionadas por organizaciones de derechos humanos ante la falta de pruebas y la muerte de más de 80 personas en pocos meses.
Petro ha reiterado su rechazo a cualquier intervención militar contra Venezuela, insistiendo en que la estabilidad democrática del país vecino debe construirse desde su propia sociedad y no desde presiones externas. Recordó además que el Senado estadounidense no ha autorizado una acción armada, subrayando que el respeto al derecho internacional es indispensable para evitar una escalada de consecuencias imprevisibles en la región.
Con América Latina observando con cautela y la OACI ahora involucrada, la disputa por el control y las restricciones del espacio aéreo venezolano amenaza con convertirse en un punto de fricción mayor en un Caribe ya cargado de tensiones políticas, movimientos militares y reclamos diplomáticos que apuntan a redefinir el equilibrio regional.
carloscastaneda@prensamercosur.org
