La tensión diplomática en el continente alcanzó un nuevo punto crítico tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de autorizar operaciones militares contra aeronaves en territorio venezolano bajo el argumento de reforzar la “lucha antidrogas” en el Caribe. La decisión, que implica el cierre total del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, desató una oleada de reacciones en la región y sumó un nuevo capítulo al ya complejo pulso político entre Washington, Caracas y Bogotá.
En este escenario, el precandidato presidencial colombiano Carlos Caicedo se alineó con la posición asumida por Gustavo Petro, quien denunció la medida como “arbitraria e ilegal”. Caicedo sostuvo que la determinación de Trump plantea una amenaza directa no solo para Venezuela, sino también para Colombia, cuyas actividades marítimas, aéreas y comerciales podrían verse seriamente afectadas. Desde sus redes sociales, el líder progresista advirtió que el cierre del espacio aéreo venezolano representa “una grave amenaza contra la soberanía de Venezuela y Colombia” y rechazó que la Casa Blanca justifique acciones militares unilaterales bajo discursos que, según él, criminalizan a los pueblos latinoamericanos.
El respaldo de Caicedo al Ejecutivo colombiano se explica, en buena parte, por un episodio reciente que marcó la sensibilidad de la opinión pública nacional: la muerte de un pescador samario identificado como Alejandro Carranza, quien perdió la vida tras ser bombardeado por la fuerza aérea estadounidense en septiembre, en un hecho que Washington atribuyó a una confusión durante operaciones antidrogas en zona limítrofe con Venezuela. Caicedo recordó que este tipo de incidentes no son aislados y denunció que se realizan sin pruebas concluyentes, en vulneración del derecho internacional y en desmedro de la dignidad de las comunidades costeras que dependen de la pesca artesanal.
La revelación de este ataque fue hecha por el propio presidente Petro el 18 de octubre, día en que exigió explicaciones formales a Trump. La respuesta del mandatario estadounidense no se hizo esperar: reducción de ayudas, incremento de aranceles y la inclusión del jefe de Estado colombiano en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un gesto que tensó aún más las relaciones bilaterales. La ofensiva diplomática se profundizó semanas después, cuando, tras la participación de Petro en la Asamblea General de la ONU, su visa estadounidense fue suspendida.
Caicedo, en consonancia con estas tensiones, defendió la postura de Bogotá al afirmar que la seguridad hemisférica no puede construirse con amenazas ni con intervenciones encubiertas que desconocen la soberanía nacional. En su declaración, recalcó que las decisiones unilaterales de Estados Unidos no solo alteran la estabilidad regional, sino que trasladan a los países latinoamericanos las consecuencias humanas, económicas y políticas de operaciones ejecutadas sin coordinación ni aprobación multilateral.
Mientras Trump insiste en que su ofensiva aérea es parte de una estrategia para reforzar el control antidrogas en el Caribe, tanto Venezuela como Colombia advierten que el despliegue militar constituye una intromisión injustificada y un precedente peligroso para el equilibrio geopolítico del continente. Con su pronunciamiento, Caicedo se suma a los sectores que exigen una respuesta firme frente a lo que califican como una nueva manifestación de intervencionismo en la región, dejando claro que la defensa de la soberanía es, a su juicio, un principio innegociable en medio de la turbulencia diplomática actual.
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