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En un pronunciamiento que ha agitado el panorama político y de seguridad en Colombia, el presidente Gustavo Petro afirmó que su administración ha identificado al menos cinco empresas de seguridad privada que, según investigaciones oficiales, tendrían conexiones con figuras políticas y estarían involucradas en actividades de lavado de activos. De acuerdo con el mandatario, estas compañías habrían operado durante años bajo apariencia legal, pero con el propósito de penetrar instituciones del Estado y facilitar una supuesta estrategia de reconfiguración del paramilitarismo.
Petro señaló que algunas de estas firmas operaron legalmente durante gobiernos anteriores, con sedes en ciudades como Ibagué y Barranquilla, y aseguró que sus actividades estaban amparadas por permisos oficiales. Lo preocupante, según explicó, no radica únicamente en los vínculos políticos, sino en la posibilidad de que estas empresas hayan prestado recursos, servicios de inteligencia y acceso a armas a organizaciones criminales o actores armados ilegales. En ese contexto, el presidente reveló que cerca de 60.000 armas registradas por entidades de vigilancia privada no coinciden con los datos oficiales de control militar, lo que evidencia una profunda brecha en los sistemas de supervisión y un posible riesgo para la seguridad nacional.
El anuncio se produce mientras el país enfrenta un escándalo mayor por la presunta infiltración de grupos armados en organismos de seguridad del Estado. Investigaciones preliminares han mencionado posibles conexiones entre disidencias de las FARC -especialmente la facción dirigida por alias “Calarcá”- y miembros de inteligencia estatal y del Ejército, lo que intensifica la preocupación por eventuales alianzas que desdibujan los límites entre lo legal y lo ilegal.
La señal de alerta lanzada por el Gobierno plantea interrogantes serios sobre la eventual existencia de empresas que funcionan como fachada para legitimar operaciones de organizaciones armadas y, al mismo tiempo, influir políticamente mediante relaciones ocultas con ciertos sectores del poder. Expertos advierten que, si se confirma esta red de vínculos, Colombia podría estar frente a una peligrosa recomposición de estructuras armadas dentro de la legalidad aparente, con acceso privilegiado a información estratégica y recursos institucionales.
Analistas coinciden en que el desafío es enorme. Por un lado, la Fiscalía deberá responder con celeridad y profundidad ante las denuncias, indagando no solo la legalidad de los permisos otorgados, sino también las responsabilidades de quienes pudieron haber facilitado estas operaciones desde el poder público. Por otro lado, el Gobierno tiene ahora la tarea crucial de demostrar, con evidencias verificables, que sus acusaciones trascienden lo político y se fundamentan en hechos concretos. Solo así podrá evitar que esta revelación sea interpretada como una confrontación ideológica y no como un asunto de seguridad nacional.
En medio de este panorama, el país asiste a un proceso que podría redefinir la confianza ciudadana en las instituciones, pues el debate ya no se centra únicamente en quién detenta el poder, sino en quién controla realmente los instrumentos para ejercerlo.
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