Imagen Vicepresidencia de Colombia
En Tumaco, corazón del Pacífico nariñense, se llevó a cabo un encuentro clave para el futuro de las comunidades afrodescendientes e indígenas de la región, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina. En esta ocasión, se desarrolló la Quinta Sesión de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel encargada de hacer seguimiento a las medidas ordenadas por la Corte Constitucional en el Auto 620 de 2017, decisión judicial que estableció la obligación del Estado de garantizar la protección integral y urgente de estas poblaciones históricamente afectadas por el desplazamiento forzado, la exclusión y el conflicto.
El encuentro reunió a representantes de entidades del Gobierno nacional, autoridades departamentales y locales, así como a las principales organizaciones étnicas del territorio, entre ellas ASOCOETNAR, RECOMPAS, UNIPA, ACIESNA y ORIPAP. Este espacio permitió evaluar los avances del Plan Urgente de Reacción y Contingencia, diseñado para salvaguardar los derechos de estas comunidades, articulando medidas concretas en materia de seguridad humana, servicios esenciales, fortalecimiento territorial, reconversión económica y protección colectiva de los derechos ancestrales.
La vicepresidenta destacó que el proceso ha sido construido desde el diálogo directo con los pueblos étnicos, quienes participaron activamente en la definición de las medidas. Antes del inicio de esta administración no existía una estrategia concreta para atender las emergencias y proteger los derechos de estas comunidades. Hoy, gracias a ese esfuerzo coordinado, se han estructurado 134 acciones, de las cuales 97 ya están implementadas, con una inversión superior a los $24.341 millones. El objetivo al cierre del actual gobierno es completar 108 acciones adicionales, con un alcance cercano a los $120.000 millones, construyendo bases para una transformación estructural y sostenible en el Pacífico nariñense.
Entre los avances más destacados se encuentra el inicio de protocolos para el desminado humanitario en territorios Awá, la prevención del reclutamiento de menores, la implementación de rutas para atención humanitaria, así como acciones de protección colectiva que incluyen a líderes, lideresas y autoridades tradicionales. Se desarrollan también estrategias de preservación cultural como la recuperación lingüística del Awapit, la creación de la Escuela de Artes y Cultura Inkal Awál y la puesta en marcha de iniciativas para fortalecer la identidad cultural en los Consejos Comunitarios de Magüí Payán.
En materia territorial, se lograron avances significativos hacia la seguridad jurídica con la creación y ampliación de resguardos, además de la formalización de más de 2.000 hectáreas para pueblos indígenas y afrodescendientes. Y para impulsar la autonomía económica, se ejecutan proyectos productivos que fortalecen las capacidades agrícolas, la transformación y comercialización de productos como el plátano y la caña panelera, con inversiones que superan los $23.000 millones en articulación con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Renovación del Territorio.
Francia Márquez : Vicepresidenta de Colombia
La electrificación rural, uno de los principales anhelos de los pueblos más aislados, también ha recibido impulso. Se aprobaron recursos por $21.000 millones para llevar energía a comunidades indígenas de Tumaco, y se estructuró un proyecto adicional de soluciones energéticas con fuentes no convencionales por $14.000 millones, con ejecución prevista para la siguiente vigencia.
El fortalecimiento de la salud intercultural representa otro avance clave. Pronto iniciarán operaciones siete equipos básicos de salud con enfoque diferencial, y se proyecta ampliar esta atención mediante un modelo intercultural que permita llegar a las familias étnicas con un enfoque respetuoso de sus tradiciones y derechos.
Se resaltan también los procesos de reparación colectiva en coordinación con la Unidad para las Víctimas, que benefician a cientos de familias de los Consejos Comunitarios Rio Tablón Dulce y Rio Tablón Salado. A esto se suman medidas de autoprotección y formación a guardias indígenas y autoridades tradicionales, realizadas con apoyo del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.
Finalmente, durante esta sesión, se presentó y aprobó el Mecanismo de Certificación Periódica, una herramienta creada para medir de forma objetiva el grado de cumplimiento de las entidades del Gobierno frente a las medidas ordenadas por la Corte Constitucional. Este mecanismo permitirá evaluar qué tan efectivas están siendo las acciones implementadas y cómo contribuyen a superar la situación de vulneración estructural que durante años ha afectado a los pueblos étnicos del Pacífico nariñense.
La vicepresidenta concluyó con un llamado a mantener la voluntad colectiva, destacando que este proceso no se trata solo de cumplir órdenes judiciales, sino de transformar profundamente las condiciones de vida de pueblos históricamente olvidados. Subrayó que el compromiso del gobierno es avanzar hacia la dignidad, la paz y la justicia para estas comunidades, reconociendo su valor cultural, su legado ancestral y su derecho pleno a vivir en condiciones de seguridad, autonomía y bienestar.
Esta sesión no solo representa un avance institucional, sino un paso decisivo hacia la reparación histórica y la construcción de un futuro digno para los pueblos del Pacífico nariñense.
carloscastaneda@prensamercosur.org
