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La tensión política en Colombia se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro reaccionara con dureza a las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pidió al Gobierno de Estados Unidos incluir a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la denominada Lista Clinton. La solicitud surgió tras la divulgación de supuestos archivos y conversaciones atribuidas a alias Calarcá, uno de los líderes de las disidencias de las Farc, que insinuarían presuntos vínculos políticos y económicos con el Gobierno Nacional.
Rendón, en su calidad de gobernador de Antioquia, calificó las revelaciones como parte de un “entramado criminal” y aseguró que esos documentos respaldan sus denuncias sobre una presunta alianza entre el Ejecutivo, la Fiscalía y grupos armados ilegales. Fue aún más lejos al solicitar a Washington que impusiera sanciones internacionales e incluyera en la lista a todas las personas supuestamente involucradas, comenzando por la fiscal General.
La respuesta del presidente fue inmediata y tajante. Desde su cuenta oficial, Petro cuestionó las afirmaciones del mandatario departamental y rechazó cualquier intento de involucrar a instituciones colombianas en decisiones de competencia extranjera. En su mensaje, enfatizó que el país no se gobierna de acuerdo con la voluntad de potencias externas, defendió la soberanía nacional y negó rotundamente cualquier vínculo de su gobierno con organizaciones armadas. Además, responsabilizó al uribismo del fortalecimiento de las disidencias, argumentando que el incumplimiento de los acuerdos de paz contribuyó a mantener vivas estas estructuras criminales.
Quien le dijo al gobernador de Antioquia que el país se maneja de acuerdo a la voluntad de EEUU.
Respete a Colombia. Las disidencias son producto del propio uribismo que no supo respetar la Paz.
Deseosos de sangre quieren más. Creen que entre más votos quieren más sangre se… https://t.co/lXpObiS6Fq
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025
El intercambio elevó el tono del debate sobre la seguridad y la institucionalidad en Colombia. Rendón ha reiterado que, desde el comienzo del actual gobierno, las disidencias habrían incrementado su presencia hasta en un 70% en Antioquia, situación que, según él, ha derivado en un aumento de homicidios contra civiles y miembros de la Fuerza Pública, así como en desplazamientos y confinamientos en varias subregiones del departamento.
Este cruce de declaraciones refleja la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y autoridades regionales, y evidencia la polarización en torno al manejo de la seguridad, la paz y las relaciones internacionales. Mientras el gobernador de Antioquia alerta sobre un deterioro del orden público y exige acciones contundentes, Petro reafirma su defensa de la institucionalidad, la soberanía y la apuesta por una paz negociada.
carloscastaneda@prensamercosur.org
