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La educación, concebida como el derecho que abre las puertas al desarrollo humano y al progreso social, se ha consolidado como el eje estratégico del Gobierno del Cambio. Bajo esta premisa, el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, presentó ante representantes de la comunidad educativa, organizaciones sociales, plataformas estudiantiles, sindicatos y ciudadanía en general, una rendición de cuentas que evidencia avances sin precedentes en materia de inversión, cobertura, equidad e infraestructura educativa, reafirmando el compromiso del país con una educación inclusiva, digna y transformadora.
El Ministerio de Educación Nacional expuso resultados que reflejan un esfuerzo sostenido por fortalecer todos los niveles del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la formación superior, orientando acciones coherentes y articuladas para garantizar trayectorias educativas completas, equitativas y de calidad. El Gobierno ha asignado recursos históricos: en 2024, más de 70 billones de pesos fueron destinados a educación, y en 2025 esta cifra alcanzó los 79 billones, lo que representa un crecimiento del 59,26 % respecto a 2022. Esta apuesta presupuestal permitió ampliar coberturas, implementar nuevos programas académicos, optimizar infraestructura y dignificar las condiciones de los docentes en todo el territorio nacional.
El ministro destacó que “por primera vez en muchos años se impulsa una política real para crear y fortalecer sedes universitarias que garanticen el acceso a la educación superior pública y de calidad”. Actualmente se financian 125 proyectos para la expansión de infraestructura universitaria, de los cuales 43 se encuentran en construcción, cinco en adecuación y 31 avanzan en procesos de dotación. Tan solo este año se gestionaron 36 nuevas sedes por cerca de 662.000 millones de pesos en regiones como la Amazonía, Andina, Caribe y Pacífica, y se proyecta una inversión adicional de 6,7 billones para la próxima década. Estos esfuerzos materializan una visión de país que reconoce la educación como pilar del desarrollo y como puerta de acceso a nuevas oportunidades para juventudes históricamente excluidas.
El fortalecimiento de la educación inicial se reflejó en la atención integral a más de 2,1 millones de niñas y niños, así como la matrícula oficial de 595 mil niños y niñas en primera infancia. Asimismo, 5.278 establecimientos educativos implementaron Centros de Interés, promoviendo una formación integral que reconoce al estudiante como un ser humano pleno, más allá de lo puramente académico. Programas como la jornada extendida beneficiaron a cerca de un millón de estudiantes, mientras que la mejora de infraestructura educativa permitió la ampliación o adecuación de 9.846 ambientes de aprendizaje, priorizando sedes rurales, que recibieron el 86 % de estas inversiones.
Los docentes, protagonistas esenciales del sistema educativo, también fueron beneficiados con políticas de bienestar y desarrollo profesional. Más de 15.600 educadores accedieron a becas de formación en licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de procesos de formación continua que fortalecen sus capacidades pedagógicas y contribuyen a una educación más pertinente y humanista. Los avances en el Programa de Alimentación Escolar permitieron beneficiar a más de 5,6 millones de estudiantes, asegurando acceso a alimentos nutritivos y fortaleciendo mecanismos de transparencia y seguimiento.
El acceso, permanencia y gratuidad en la educación superior se convirtió en un eje fundamental para promover la equidad. Cerca de 953.889 jóvenes cursan actualmente estudios superiores sin endeudamiento, gracias a una inversión superior a los 5,1 billones de pesos. En 2025, las transferencias a las instituciones públicas alcanzaron los 2,9 billones, asegurando cobertura del 97 % y facilitando el acceso de estudiantes provenientes de zonas rurales, apartadas o con limitaciones económicas. El programa Educación Superior en tu Colegio se implementó en 625 instituciones educativas de 250 municipios, llevando oportunidades académicas a 47.500 jóvenes de comunidades rurales históricamente marginadas.
La reforma a la Ley 30 de 1992 marca un punto de inflexión en el financiamiento de la educación superior pública. Con su aprobación, las instituciones recibirán 4,22 billones adicionales para fortalecer su autonomía, infraestructura y capacidad académica, promoviendo una educación superior más robusta, sostenible y equitativa. Paralelamente, la formalización gradual de la planta del Ministerio fortaleció la gestión institucional, mejorando la eficiencia y la continuidad de los procesos educativos.
Esta rendición de cuentas no fue solo una presentación de cifras, sino una apuesta narrativa que recorrió la trayectoria educativa de millones de colombianos, destacando que la educación es un proceso integral que acompaña a las personas toda la vida, desde las primeras letras hasta la construcción de proyectos profesionales. Un proceso que, cuando tiene condiciones adecuadas, no solo transforma vidas, sino territorios, comunidades y el destino de una nación.
Más que un reporte, fue la reafirmación de una convicción: la educación no es un privilegio, es un derecho, y debe estar al alcance de todos sin distinción. La apuesta del Ministerio de Educación Nacional demuestra que cuando un país invierte en sus niños, jóvenes y docentes, invierte en su futuro.
carloscastaneda@prensamercosur.org
